El grupo europeo de Meloni pide que Sánchez dé explicaciones por la gestión de la dana
Una misión de la Unión Europea quiere reunirse con el presidente para «dar cuenta de la respuesta del Estado» a la riada
Pedro Sánchez. - Archivo
La Unión Europea mandará el próximo mes de octubre, con motivo del segundo aniversario de la riada que asoló el litoral valenciano, una misión especial para evaluar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, analizando «versiones contradictorias de los hechos, las evidentes deficiencias institucionales y la prolongada inacción política que siguen ensombreciendo la urgente necesidad de apoyar a las comunidades afectadas». La intención del grupo ECR, liderado por Giorgia Meloni, es que el jefe del Ejecutivo socialista comparezca, junto a cuatro ministros y a la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que en el momento de la catástrofe era ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, parte de Diego Solier y Nora Junco, que ya han solicitado que se añadan esas comparecencias a la agenda de la misión. A juicio de los eurodiputados españoles, Pedro Sánchez ha de comparecer para «dar cuenta de la dirección política de la respuesta del Estado: la coordinación general entre la Administración General del Estado y la Generalitat durante las primeras horas, el despliegue de los recursos estatales sobre el terreno y la dirección política de la ejecución de los planes de reconstrucción financiados con fondos europeos».
Los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) confían en que la iniciativa sea secundada por el Partido Popular Europeo (PPE) y Patriotas por Europa en una votación que se celebrará a principios del próximo mes de julio. La iniciativa también contempla la comparecencia de los ministros Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Sara Aagesen y Margarita Robles, así como de Teresa Ribera, quien en la fecha de la riada encabezaba el ministerio del que dependían Aemet y las Conferencias Hidrográficas, incluida la del Júcar, con el objetivo de «responder por las directrices impartidas a los organismos de cuenca bajo su mandato, por las inversiones de prevención pendientes en el barranco del Poyo y por la aplicación de la Directiva 2007/60/CE durante su gestión».
La misión especial fue aprobada el pasado mes de febrero a petición de la Delegación Española de ECR, respaldada por PP y Vox, con el objetivo de «evaluar la situación actual de los ciudadanos, las pequeñas empresas y las comunidades locales afectadas por las inundaciones». La visita evaluará «la eficacia de la coordinación entre las autoridades nacionales y regionales tras el desastre, examinaría la aplicación y el impacto real de los instrumentos de recuperación financiados por la UE e identificaría los obstáculos restantes para la reconstrucción, la compensación y la recuperación económica».
Una auditoría
La misión tiene un valor especial para Diego Solier, ingeniero valenciano, que solicita el escrutinio de los 946 millones de euros del Fondo de Solidaridad destinados a paliar los efectos de la riada de Valencia, poniendo el foco en Sánchez tras la dimisión de Carlos Mazón. «Un aspecto central de la visita sería el papel y la rendición de cuentas de la administración central, especialmente a la luz de los diferentes niveles de responsabilidad asumidos en comparación con las autoridades regionales».
«Los miembros procurarán comprender los avances logrados en los dos años posteriores al desastre, examinar la falta de reacción oportuna antes e inmediatamente después del evento, y evaluar si se han aprendido las lecciones adecuadas. Se prestará especial atención a cómo estas lecciones se reflejan en el marco emergente para la prevención, preparación y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos, con el objetivo de mejorar la resiliencia y garantizar que los mecanismos de apoyo lleguen eficazmente a los más afectados», solicita la petición de la misión.
Agenda de la misión
Durante la visita, los miembros se reunirán con las asociaciones de víctimas, así como con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y las autoridades nacionales pertinentes, incluidos el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Infraestructuras y Transporte. Además, las contribuciones de empresas como Tragsa, que actúa como brazo operativo del Estado, ofrecerán información valiosa sobre las limitaciones logísticas sobre el terreno y los requisitos técnicos necesarios para construir un marco de coordinación de emergencias resiliente.
«Estos intercambios permitirán una comprensión integral de la toma de decisiones institucionales, las fallas de coordinación y el estado actual de las iniciativas de recuperación sobre el terreno», explica Solier. En última instancia, la misión brindaría una oportunidad para verificar si las herramientas de solidaridad y recuperación de la UE «se están aplicando eficazmente, si se están cumpliendo las responsabilidades institucionales y si los futuros marcos de respuesta a desastres son adecuados para prevenir fallos similares ante fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes».