Tragsa repartirá a dedo hasta 2.500 millones de fondos europeos para las obras de la dana

La Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) se ha convertido en el gran repartidor de las obras de reconstrucción de la dana. Los expedientes oficiales consultados por THE OBJECTIVE muestran que la empresa pública controlará más de 2.500 millones de euros entre acuerdos marco vinculados a fondos europeos del Plan de Recuperación. El sistema permitirá a la sociedad estatal decidir durante años qué empresas ejecutan finalmente buena parte de las actuaciones financiadas con dinero europeo.

Tragsa es una sociedad pública dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y adscrita al Ministerio de Agricultura que actúa como medio propio de las administraciones. Esa figura jurídica permite a ministerios, autonomías y organismos públicos encargarle trabajos directamente sin necesidad de sacar cada actuación a concurso abierto desde cero. El modelo nació para responder a emergencias, catástrofes y actuaciones urgentes, pero en los últimos años la compañía se ha convertido en una gigantesca plataforma estatal de contratación utilizada para acelerar adjudicaciones y canalizar actuaciones extraordinarias.

El verdadero poder de Tragsa no reside únicamente en recibir encargos públicos directos, sino en decidir posteriormente qué empresas ejecutan finalmente las obras concretas. La compañía rara vez realiza íntegramente los trabajos con medios propios. El sistema funciona mediante un gran filtro inicial: las constructoras entran en bolsas cerradas de empresas homologadas y después es la propia empresa pública la que va activando contratos derivados y peticiones internas de oferta para repartir las actuaciones reales. Ahí es donde se concentra el grueso del poder económico y operativo del modelo.

Los contratos a Tragsa, bajo la lupa

Ese crecimiento lleva años generando fuertes críticas dentro del sector de la obra pública y advertencias de órganos fiscalizadores. El Tribunal de Cuentas cuestionó recientemente el aumento de encargos directos y externalizaciones posteriores del grupo público, alertando sobre el crecimiento del uso de Tragsa como vía extraordinaria de contratación pública y sobre la creciente dependencia de subcontratas privadas para ejecutar finalmente las obras adjudicadas desde la empresa pública.

La pieza central del sistema desplegado tras la dana es un macroacuerdo valorado en hasta 1.945 millones de euros asociado expresamente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado con fondos Next Generation. El expediente no adjudica todavía las obras concretas, sino que crea una gigantesca bolsa de empresas desde la que Tragsa podrá ir activando contratos derivados durante 36 meses.

A ese contrato se suma otro gran acuerdo marco de 475 millones de euros destinado a la restauración y reposición de infraestructuras dañadas por la dana, también ligado a fondos europeos. Además, el grupo público acumula cientos de actuaciones posteriores, contratos negociados sin publicidad y encargos extraordinarios asociados a carreteras, canalizaciones, puentes, infraestructuras hidráulicas, electricidad, regadíos, limpieza, movimiento de tierras o alquiler de maquinaria pesada.

Reconstrucción tras la dana

Aunque el acceso inicial a los acuerdos marco se realiza mediante licitación pública, el verdadero reparto económico se desplaza posteriormente a contratos derivados activados desde la empresa pública. El esquema crea así una gran bolsa cerrada de empresas previamente seleccionadas desde la que Tragsa irá decidiendo durante años qué constructoras ejecutan finalmente las actuaciones concretas financiadas con fondos europeos.

Entre grandes constructoras nacionales y grupos especializados, el macroacuerdo principal recibió 187 licitadores. Entre las compañías que aspiran a participar en el reparto posterior aparecen FCC, Dragados, Sacyr, OHLA, Ferrovial, Comsa y San José. El propio diseño contractual deja claro que las actuaciones concretas se determinarán posteriormente desde la empresa pública. El sistema reconoce abiertamente que busca dotarse de «flexibilidad» para responder a las necesidades de la reconstrucción. Esa flexibilidad supone en la práctica que los grandes concursos abiertos dejan paso a una estructura fragmentada de adjudicaciones sucesivas, mucho menos expuestas públicamente y controladas desde Tragsa.

A los dos grandes acuerdos marco se suman además cientos de encargos posteriores realizados directamente por distintas administraciones a Tragsa para gestionar actuaciones concretas vinculadas a la dana. El grupo público acumula ya más de 238 contratos y actuaciones relacionadas con carreteras, infraestructuras hidráulicas, limpieza, retirada de residuos, canalizaciones, electricidad, movimiento de tierras o reconstrucción de instalaciones dañadas. Aunque jurídicamente estos encargos funcionan bajo la figura de medio propio y no como adjudicaciones directas ordinarias, el sistema permite trasladar posteriormente a Tragsa la capacidad efectiva de decidir qué empresas privadas ejecutan finalmente buena parte de las obras.

Polémicas contrataciones

El crecimiento del grupo público ha ido acompañado además de una creciente polémica política. Tragsa —especialmente su filial Tragsatec— quedaron bajo foco durante la etapa de José Luis Ábalos en Transportes por contrataciones de personal vinculadas al entorno político, así como por denuncias sobre el uso de empresas públicas como estructuras paralelas de colocación y contratación rápida. Varias investigaciones periodísticas y judiciales pusieron el foco en contrataciones realizadas a través del grupo público mientras crecían los encargos extraordinarios y las externalizaciones.

Tras la emergencia inicial, el Gobierno ha consolidado una gigantesca arquitectura paralela de contratación pública apoyada en acuerdos marco, contratos derivados y procedimientos extraordinarios que permitirá movilizar durante años miles de millones ligados parcialmente a fondos europeos bajo control de una única empresa pública.