Un informe de servicios sociales bastará para que el Estado pague el alquiler a las maltratadas
Igualdad privilegiará con ayudas a la vivienda a las víctimas de violencia de género, pero sin necesidad de denuncia
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. | EP
El Ministerio de Igualdad ha anunciado la puesta en marcha de una batería de iniciativas en materia de vivienda para las mujeres víctimas de violencia de género y sus familias, tales como ayudas de hasta el 100% del alquiler, con el objetivo de evitar que ninguna víctima permanezca con su agresor por carecer de alternativa habitacional. La cuestión está en que, según los requisitos que contempla el real decreto, bastará con el informe de servicios sociales, o cualquier entidad colaboradora, que certifique esta situación. No será necesaria sentencia, orden de protección ni ninguna otra documentación judicial, ni siquiera una denuncia.
El real decreto establece que «podrán ser beneficiarias las personas víctimas de violencia de género, de violencia sexual, de trata o de explotación de seres humanos, familias monoparentales, las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas en situación de chabolismo, infravivienda y en emergencia habitacional, las personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».
«A estos efectos se entenderá que son personas especialmente vulnerables aquellas que sean consideradas como tales por las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla previo informe de los servicios sociales de las comunidades autónomas o de las administraciones locales correspondientes o de las entidades colaboradoras que, al respecto, hayan sido habilitadas por las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla», abunda el texto. Las comunidades autónomas pueden incluso regular supuestos específicos de especial vulnerabilidad para que la acreditación sea inmediata, sin necesidad de valoración caso por caso.
La ayuda puede ser de hasta mil euros al mes, o más si se justifica y acuerda con la comunidad autónoma, cubriendo hasta el 100% del alquiler o precio de la habitación. También contempla una ayuda adicional para gastos de hasta 300 euros al mes. Todo esto, durante cinco años. Para poder ser beneficiaria, además del informe de servicios sociales, la mujer deberá acreditar un límite de ingresos de la unidad de convivencia de menos de 25.200 euros anuales, no disponer de una vivienda en propiedad o usufructo que pueda ocupar, destinar la ayuda a residencia habitual y cumplir los requisitos generales de beneficiarios, como estar al corriente de las obligaciones tributarias.
Este reconocimiento les otorga preferencia en la adjudicación de viviendas protegidas, acceso preferente a programas de ayuda y mayor intensidad en las subvenciones respecto al régimen general. Para las víctimas de violencia de género y sus familias, las ayudas permiten una cobertura de hasta el 100% del coste del alquiler o uso de la vivienda. Asimismo, se abre la posibilidad de incluir gastos asociados como los suministros, la comunidad o Internet, y se contempla la opción de conceder la ayuda por un periodo de hasta cinco años con seguimiento social, pudiendo abonarse directamente a la persona propietaria del inmueble.
«La vivienda constituye un elemento esencial para garantizar la protección, recuperación y autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos», argumenta el Gobierno. En cualquier caso, la asignación de estas ayudas se realizará con la intervención de los servicios sociales autonómicos o locales, que se encargarán de valorar individualmente cada caso y seguir la situación.
En el libro Esto no existe: las denuncias falsas en violencia de género, Juan Soto Ivars menciona cómo los servicios sociales y centros de la mujer forman parte del mecanismo que ha instrumentalizado la violencia contra las mujeres, pues pueden facilitar acreditaciones rápidas sin suficiente contraste o usarse en procedimientos de retirada de menores.
Los informes de servicios sociales son una herramienta útil pero no infalible. Como cualquier sistema humano, puede tener errores, sesgos y ser objeto de abusos, especialmente cuando hay incentivos económicos y procesales fuertes. Así se ha demostrado, por ejemplo, en la regularización masiva de inmigrantes ilegales, para la que los servicios sociales y entidades adscritas podían emitir un informe de «vulnerabilidad» que en algunas ocasiones se ha vendido por entre 80 y 100 euros.