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Los expertos alertan de los riesgos de los delitos con IA: no hay una ley específica

Casos como el de Almendralejo podrían juzgarse solo como un delito contra el honor

Los expertos alertan de los riesgos de los delitos con IA: no hay una ley específica

Los expertos avisan de las pocas alternativas que tienen las personas afectadas por ediciones con IA.

La inteligencia artificial (IA) va más rápido que la legislación española. El reciente caso de las menores de edad en Almendralejo -en el que unos compañeros de colegio supuestamente editaron unas imágenes de contenido pornográfico para colocar los rostros de las niñas a través de una aplicación- ha puesto en en el centro del debate la necesidad de trabajar por un nuevo marco normativo para estos casos. Los expertos alertan de la falta de leyes concretas y de una jurisprudencia concreta en la materia, por lo que no existe una respuesta concreta a este tipo de actos más allá de ataques al honor.

Ante la falta de una ley concreta en estos momentos y la completa ausencia de jurisprudencia sobre delitos cometidos con inteligencias artificiales, los expertos alertan de las pocas alternativas que tienen las personas afectadas por ediciones con estas herramientas, como es el caso de las menores de Almendralejo o incluso los artistas y famosos como Rosalía, que hace pocas semanas denunciaba la difusión de varios desnudos con su rostro que habían sido creados con inteligencia artificial, o Susana Griso, que reveló una situación similar hace pocos días. 

Así lo explica Marisa Herrero Tejedor, socia del bufete Averum Abogados, expertos en casos relacionados con el honor, la intimidad y la propia imagen, que considera que casos como la edición de fotografías de menores de edad para convertirlas en contenido pornográfico atenta, en estos momentos, contra los tres derechos fundamentales -al honor, a la intimidad y a la propia imagen– al ser de un contenido considerado como lesivo al tener una cierta gravedad.

Nuria Granda, abogada penalista titular del bufete Granda y Asociados afirma que los hechos del caso de los menores de Andújar, presuntamente, pueden englobarse en el delito contra el Honor del Art 197 del Código Penal, castigado con la Pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 13 a 24 meses al que vulnera la intimidad sin consentimiento de la otra persona y utilice trucos técnicos de grabación o reproducción de imagen.

Nuria Granda, profesional de Granda y Asociados, explica que en este tipo de casos hay que determinar la finalidad de estas imágenes -con qué fin han sido creadas- y señala que, de ejercer ella la defensa de las menores afectadas, trataría de llevarlo como una vulneración contra el honor de las víctimas, pues al no haber una norma concreta para los delitos cometidos con IA, se comprende que la forma de lograr una condena es esta: «No se puede llevar por otro sitio, no está legislado».

Granda insiste en que al ser menores de edad los presuntos autores, se les aplicaría, en caso de ser condenados por la ley del menor y la pena no sería de prisión sino desde una simple amonestación, Libertad vigilada o cumplimiento en centro semi-abierto o cerrado.

Herramientas depuradas (y gratis)

Lo cierto es que las herramientas de edición llevan muchos años en la vida de los ciudadanos, aunque nunca se había podido tener, a solo un click y sin casi esfuerzo, reproducciones tan realistas que o bien pueden llevar a pequeñas ediciones como cambios de color en el pelo o de los ojos, hasta casos como los mencionados. Photoshop dio paso a imágenes en las que hacía falta tener un buen ojo para saber si lo que se estaba viendo era real o no; pero la inteligencia artificial puede cambiar eso (si no lo ha hecho ya).

¿Es delito la distribución de imágenes de otras personas con los atributos cambiados? La profesional Herrero Tejedor recuerda que es esencial distinguir entre el fin de este producto. «Es evidente que ponerle a alguien un bigote puede ser visto como algo más jocoso, otra cosa es que el que se le coloque en la cara sea el de Hitler para asemejar a una persona con esa figura totalitaria.  La casuística es importante, el matiz que se le da a la imagen puede demostrar que se trata de un elemento peyorativo para con su persona y sí que puede dar lugar a esa vulneración al derecho al honor».

La llegada de programas gratuitos ha simplificado mucho los trabajos de edición y su mal uso puede provocar que la vida de las personas se vea truncada. Además, una parte esencial de evitar el aumento de estas IAs con fines espurios es un correcto tratamiento en los medios de comunicación. El perito judicial informático Pablo Duchement compartía hace unos días en sus redes sociales una gráfica preocupante: tras varios días en los que los medios de comunicación habían tratado el tema de Almendralejo mencionando el nombre de la aplicación –cuyo único fin es desnudar a personas, sus descargas habían aumentado brutalmente.

Los medios de comunicación se han hecho eco de este tipo de herramientas e incluso han llegado a ilustrar noticias con ellas. El diario El Mundo dedicó su portada a varias imágenes imposibles de políticos españoles, como los enemistados Pablo Iglesias y Yolanda Díaz caminando juntos.

Portada de El Mundo creada con inteligencia artificial.

A la espera de una ley para las IA

Esta no es una situación excepcional en España, sino que se repite en todos los países de su entorno.. La Unión Europea es la que ha avanzado a mayor velocidad a la hora de regular el uso de esta tecnología a través de una ley pionera que busca controlar y restringir su uso en determinadas herramientas; convirtiendo al organismo comunitario en el primer grupo de países en contar con una ley propia para este tipo de herramientas. 

La norma fue ratificada por el Parlamento Europeo y ahora ha de negociarse con los estados miembros, que tendrán que cerrar los flecos pendientes del proyecto que ahora tiene entre las manos. España no contará con una norma propia, sino que ratificará la aprobada por los Veintisiete una vez sea validada por todos los miembros, cumpliendo de esta forma con el compromiso elevado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en junio, cuando ocupó la presidencia rotatoria de la UE.

Sobre la norma, por el momento, se conocen todas las condiciones, aunque se espera poder  restringir las herramientas de mayor riesgo y obligar a que todas las empresas que comercian estos servicios formen parte de una base de datos comunitaria, informen sobre si sus IAs han sido entrenadas con material clasificado y no podrán suponer un riesgo para los derechos fundamentales de la ciudadanía.

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