El padre que cerca a un alto cargo de Bolaños: «Soy víctima de una red tejida por Puente»

Óscar Puente, además de varios jueces, fiscales y altos cargos del Gobierno, se han unido contra él en los juzgados de Valladolid por retuitear noticias supuestamente falsas sobre las finanzas del ministro de Transportes y su entorno. Su nombre es Pablo Martínez, abogado y padre que mantiene una lucha titánica por la custodia de sus tres hijos. El mismo hombre que, además, ha conseguido ahora que la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid hayan abierto una investigación contra un director general del Ministerio de Justicia, subordinado directo de Sofía Puente, por la presunta manipulación de un audio durante su caso de divorcio. Un procedimiento que fue coordinado inicialmente como fiscal por Manuel Javato, cuñado del ministro de Transportes y marido de la actual número tres de Félix Bolaños en el departamento que antes dirigía Pilar Llop.

Tras dos años de lucha judicial, en entrevista con THE OBJECTIVE y pese al temor a represalias, Martínez dice ser «una de las víctimas de la red clientelar que tejió Óscar Puente durante su época como alcalde de Valladolid y que hoy continúa extendiendo como ministro». Los hechos denunciados por Pablo se remontan al 23 de marzo de 2022. Ese día, y en el marco del juicio por divorcio de sus padres, el pequeño N., de 12 años, fue explorado en presencia del titular del Juzgado número 1 de violencia contra la mujer, el magistrado Emilio Vega, y de otros dos funcionarios. El resto de comparecientes y testigos en la vista recibieron órdenes de salir de la sala para que el menor no se sintiera coaccionado al dar su declaración. El testimonio del menor resulta del todo inaudible desde el momento en que se produjo su declaración. Solo el juez, la secretaria judicial y un funcionario cuya identidad nunca ha sido aclarada pudieron escuchar al menor, en cuyo testimonio se basó el magistrado para meter a los tres hermanos en un punto de encuentro, sin apenas relación con el padre y con la custodia exclusiva para la madre.

El audio fue presuntamente alterado mediante la introducción de un «ruido rosa» el mismo día en los servidores del Ministerio, según un informe pericial incorporado a la denuncia por la que el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha citado ahora a declarar como imputado al Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo. El progenitor quiere demostrar que sus tres hijos han sufrido un deterioro preocupante en su salud por el trato que reciben de la madre desde que ambos se separaron. Cree que la declaración de su hijo durante el juicio de divorcio, inaudible del todo, habría avalado su versión, lo que le habría permitido quedarse con la custodia de los tres menores.

Pregunta (P.) – Tras dos años de lucha judicial, ¿por qué ha decidido ahora romper su silencio y aceptar esta entrevista?

Respuesta (R.).- Porque estoy recibiendo represalias. Por defender a mis hijos. Pero son mis hijos y no dejaré de luchar por ellos me cueste lo que me cueste. Me considero una de las víctimas de la red clientelar que tejió Óscar Puente durante su época como alcalde de Valladolid y que hoy continúa extendiendo como ministro.

P.- En concreto, ¿por qué se considera víctima del ministro de Transportes y esa supuesta red clientelar?

No entiendo por qué Óscar Puente se ha aliado con mi exmujer para quitarme a mis hijos. Ha puesto sus abogados al servicio de mi exesposa para evitar que yo pueda ver a mis hijos. ¿Qué relación ha tenido con ella que no alcanzo a entender para poner tan valiosos medios al servicio de un fin que aparentemente ni le va ni le viene? Además, se ha unido a su cuñado fiscal, a su hermana fiscal y a su amigo el juez decano de Valladolid, Emilio Vega, para denunciarme solo por haber retuiteado noticias que iban contra él. Al mismo tiempo que tanto Emilio Vega como el cuñado de Óscar Puente resolvían el litigio que mantenía con mi exmujer, todos ellos me denunciaban por unas supuestas injurias basadas en el posteo de noticias en las redes sociales. 

P.- Hace unos meses, para defender la amnistía, el propio Óscar Puente defendía la existencia de lawfare. Estudiando su historia y su calvario judicial en Valladolid… ¿considera que el propio ministro y esos supuestos fiscales y jueces afines están utilizando el mal llamado lawfare en su caso por la custodia de sus hijos?

R. Por supuesto. Esto sí que es lawfare. He estado desprotegido durante más de tres años porque no he encontrado amparo ni en las instituciones ni en la justicia. No alcanzaba a entender por qué se archivaban mis denuncias sin investigar. Ahora comprendo que el juez decano se las pasaba a su mujer para que les diera carpetazo o le pedía informes al fiscal cuñado de Óscar Puente para que dijera lo que él quería. Pero ahora por fin un juzgado de Madrid ha comenzado a investigar una de las innumerables aberraciones jurídicas que estoy sufriendo. Es la primera vez que un juzgado de fuera de Valladolid entra a instruir este asunto. Hasta el momento, como Vega era el decano y por tanto el que decidía a qué juez deriva las denuncias, todo terminaba archivado. 

P.- Se acaba de referir al caso por el que una juez de Madrid ha acordado imputar a un director general del Ministerio de Justicia, subordinado directo de Sofía Puente, por presunta manipulación del audio con la declaración de su hijo, entonces de 12 años de edad, mediante la introducción de un presunto «ruido rosa» que hace inaudible el testimonio del pequeño… ¿Qué consecuencias puede tener esa investigación en el Juzgado número 7 de Madrid?

R. Mi hijo dijo en sede judicial ante el juez Vega una frase tan simple como que quería vivir con su padre, pero el audio de esa declaración fue manipulado para hacerlo inaudible. En la grabación se oye perfectamente lo que se dice en la sala a excepción de la declaración de mi hijo. Denunciamos ese borrado en Valladolid en varias ocasiones, pero siempre se archivaba sin investigar. Luego lo hicimos ante la Guardia Civil, que ha puesto una denuncia en los juzgados de plaza de Castilla, donde sí hay jueces que quieren investigar. 

P. Tras escuchar todo lo narrado anteriormente por usted, ¿cree que el suyo es un caso de encubrimiento político y judicial?

R. Lo que he descrito, y estoy padeciendo, es muy grave y no debería poder pasar en un estado de derecho. Es una trama de jueces y fiscales amigos y familiares que Óscar Puente aún mantiene en Valladolid. Se trata de un político con mucho poder, que maneja muchísimo presupuesto, y con una gran influencia que así utilizada permite instalar un pensamiento único que provoca la pérdida de la objetividad en los juzgados.