La Policía duda de la autenticidad del informe clave sobre el espionaje ilegal a Bárcenas

La Policía Nacional duda de la autenticidad de un informe clave sobre el espionaje ilegal al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. Se trata del documento PDF que Enrique García Castaño, el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que estuvo al frente de las vigilancias sin autorización judicial al entorno del excontable, entregó en 2019 en formato papel a la Fiscalía y al Juzgado Central de Instrucción 6 sobre el resultado del volcado de los teléfonos de Bárcenas. El dosier elaborado por un agente especializado de la UCAO se convirtió en piedra angular del caso que ahora enjuicia la Audiencia Nacional; pero sobre el que ese policía mostró bastante recelo el pasado jueves durante su declaración como testigo.

Ocurrió durante la sexta sesión del juicio. A preguntas del fiscal, el agente, Adriano Culebras, explicó detalladamente cómo realizó en octubre de 2013 el volcado, procesado y extracción de la información que había en los dispositivos de Bárcenas. Después, según dijo, generó «un caso portable y un PDF» donde guardó todo el material que entregó a su superior, Emiliano Burdiel, que a su vez se lo entregó a García Castaño, más conocido como El Gordo. En ese punto, el representante del Ministerio Público preguntó al policía si el PDF que obraba en la causa coincidía con el de los teléfonos extraídos que él mismo había hecho.

«Puede ser parte parcial del informe en PDF. El formato es compatible con una extracción de Cellebrite [una herramienta israelí utilizada por los investigadores policiales para el volcado de teléfonos] en su versión PDF. Pueden ser trozos del informe que se extrajo con la herramienta técnica. ¿Cuál es el problema? No puedo garantizarlo ni nadie puede hacerlo porque no es técnicamente posible. Eso solo se puede hacer con el caso portable, con el dispositivo original», respondió Adriano Culebras. Al parecer, según explicó este funcionario, al tratarse de un informe en papel, conocer su trazabilidad es imposible. «Ha podido ser manipulado, hecho desde cero o puede ser el original».

«Falta mucha información relevante»

Ante las dudas que generó en la sala, al tratarse de un tema tan técnico, la magistrada Teresa Palacios interrumpió al testigo y le preguntó de nuevo para aclarar el asunto. «¿Este formato impide comprobar que sea la extracción que realizó?». «Es imposible garantizar la integridad del contenido. El informe tiene esa forma en el formato PDF. Impreso y en papel es imposible garantizar la integridad: que esté manipulado o esté hecho desde cero. Pueden faltar páginas, que se hayan cambiado fechas…», repitió el agente sobre el informe de 64 páginas, cuando el volcado de una extracción suele tener miles de folios, añadió después Culebras.

Posteriormente, en la misma línea, a preguntas del fiscal sobre el contenido de las columnas o de algunos apartados del documento PDF, el funcionario policial reveló que en el dosier «faltaba mucha información relevante: la fecha y la hora de la extracción, el IMEI de los dispositivos [un código único de 15 dígitos que tienen todos los móviles]… Mucha información técnica está incompleta». «Está un poco cojo», señaló poco después en relación con los mails o la agenda de los móviles en el volcado que pudo advertir el agente en una pantalla que había en la sala de la Audiencia Nacional. La Fiscalía insistió de nuevo, tras el recorrido por distintas partes del informe:

—Después de lo que le he enseñado, ¿se puede obtener esta información de los dispositivos que usted extrajo?

—Sí, es compatible la información extraída y el formato del informe con la acción que realic. Lo único es que no se puede verificar la integridad. Esto es una tabla de Excel básicamente —dijo, apuntando a la pantalla—. Se puede hacer, no es complicado. No permite garantizar la integridad. Solo sería posible verificarlo con el fichero original —zanjó finalmente el agente Culebras.

La reunión con el ex ‘dos’ de Interior

Este policía de la UCAO y su superior, Emiliano Burdiel, también contradijeron la versión que García Castaño dio sobre la implicación de la entonces cúpula del Ministerio del Interior en la operación Kitchen. El comisario, que se libró del juicio por su delicado estado de salud, señaló en fase de instrucción que el destino de toda la información que se obtuvo ilegalmente, esto es, sin autorización judicial, se entregó ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, para el que el fiscal —para el exministro Jorge Fernández Díaz— pide 15 años de prisión por, entre otros, delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. 

Un extremo que quedó totalmente desmontado con la declaración de los citados agentes. Si bien acudieron a verse con el secretario de Estado de Seguridad en fechas posteriores al volcado de los teléfonos de Luis Bárcenas, lo hicieron por una cuestión totalmente distinta y que no guardaba relación con el caso Kitchen «Creo recordar que estuve allí al menos dos veces […]. Había un problema con un indexador y se le entregó un portátil por información no relevante para este caso […]. Era un problema con el idioma», explicó Adriano Culebras. «Fuimos por un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Había problemas con un buscador», señaló el agente Burdiel.

En la misma línea, el pasado miércoles, en la cuarta sesión del juicio, el comisario Mariano Hervás, quien fuera el número dos de la UCAO y al cargo de las vigilancias a la mujer de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, durante un mes del verano de 2013, confirmó que él también acudió a las dependencias de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero «por una operación que estaba bajo secreto. Había que analizar millones de datos del extranjero y para esto [llevaron] el ordenador». Los policías Hervás, Burdiel y Culebras han desmentido así lo señalado por El Gordo.

La declaración de Bárcenas y Rosalía

Cabe destacar que la mayoría de los policías de la Unidad Central de Apoyo Operativo que han declarado en el juicio durante esta última semana han señalado que la orden de realizar las vigilancias a la familia Bárcenas y al despacho de abogados del extesorero del PP entre los años 2013 y 2015 partió directamente de García Castaño. Los agentes, además, han precisado que no supieron en ningún momento si el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, también imputado en la causa, estaba geolocalizado y, por tanto, participaba en el espionaje. Todos ellos —han dicho ante los magistrados— obedecieron órdenes sin conocer realmente cuál era la finalidad de esas gestiones. Entonces, sabían que existía una investigación de la UDEF sobre financiación irregular del PP.

Desde el pasado lunes, la Audiencia Nacional juzga esta presunta operación de espionaje conocida como operación Kitchen, orquestada con el objetivo de robar la información sensible que tuviera el extesorero Luis Bárcenas contra los pagos irregulares al partido y a sus dirigentes. La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez. Y pide penas de cárcel también para otros mandos policiales que estuvieron implicados en la trama. El próximo lunes se retoma el juicio con la declaración de las víctimas, el excontable del PP y su mujer, Rosalía Iglesias.