El inspector de 'Gürtel' tumba la estrategia del PP en el 'caso Kitchen': «Querían apartarme»
Morocho aseguró que el espionaje a Bárcenas fue ilegal y que sus superiores intentaron torpedear su investigación
El inspector Manuel Morocho. | EP
Con rostro serio, ataviado con traje y portando un sinfín de documentos para evitar equivocarse durante su declaración, el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel —la trama de corrupción por la que fueron condenados varios dirigentes del PP y el propio partido político—, apenas tardó unos minutos este miércoles en lanzar el primer dardo contra la operación Kitchen que enjuicia desde hace tres semanas la Audiencia Nacional. «Fue una operación policial sin autorización judicial», sentenció el exmando policial que lideró en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) la investigación que acorraló a la formación política liderada por Mariano Rajoy.
«Yo no he motivado al juez a hacerlo ni por escrito ni verbalmente», prosiguió Morocho, aclarando que él, mientras estuvo a cargo de las pesquisas contra —entre otros mandatorios del PP— Luis Bárcenas, nunca propuso al instructor hacer seguimientos al extesorero o a su mujer, Rosalía Iglesias. De esta forma, el inspector se desmarcó de las vigilancias que tanto agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) como de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía hicieron entre 2013 y 2015; como han ratificado varios agentes que integraron los operativos durante el juicio, y que —afirmaron ante el tribunal— obedecían órdenes de superiores.
En la misma línea que defiende la Fiscalía, el jefe policial de Gürtel denunció sin cortapisas que un grupo de mandos —la mayoría sentados ahora en el banquillo de acusados— se organizó no solo para espiar ilegalmente a la familia Bárcenas, sino que, mientras tanto, intentaron torpedear la investigación echando por tierra sus informes y presionaron para que nombres de cargos públicos no aparecieran en el caso. Preguntado por este extremo, Morocho aseguró que recibió órdenes en «reuniones» con esos superiores para que en los anexos de los dosieres sobre los papeles de Bárcenas no apareciese el expresidente Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal o su exmarido Ignacio López del Hierro.
El alegato de Rajoy
El inspector jefe también tumbó la estrategia de algunas de las defensas y el alegato que el expresidente del Ejecutivo hizo durante su declaración como testigo en la Audiencia Nacional. La tesis del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz o su ex número dos, Francisco Martínez —ambos imputados—, es que el operativo policial se realizó porque la UDEF estaba encontrando serias dificultades para localizar el dinero que Luis Bárcenas tenía en el extranjero; por lo que la orden fue la de localizar las cuentas o testaferros que podía tener el extesorero a partir de seguimientos a Rosalía Iglesias mientras su marido estaba en prisión provisional entre 2013 y 2015.
Mariano Rajoy se alineó con esta versión, llegando a afirmar que «estaba convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad» ante los magistrados que enjuician el caso Kitchen. También colaboraron en ese capote a los imputados ex secretarios de Estado de Seguridad con el PP, respecto a la gestión de fondos reservados que habría hecho la trama para pagar a confidentes para obtener información. Todos aseguraron que Fernández Díaz no se encargaba de esos fondos y que Martínez solo firmaba las partidas destinadas a Policía Nacional y Guardia Civil, pero no entraba en a qué destinaba cada cuerpo esas cantidades.
El confidente de ‘Kitchen’
Según mantiene la Fiscalía, el jefe de la UCAO —el comisario Enrique García Castaño, que se libró del juicio por un problema de salud— captó al exchofer de Bárcenas para obtener información y la trama le pagó 50.000 euros de fondos reservados. «Yo no conozco ese asunto, no estaba en esa etapa; pero eso es tremendamente difícil tal y como está estructurada la gestión de los fondos, cómo se ordenan y cómo se controlan. Además, se da cuenta semestralmente a la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de todos los movimientos. Veo muy difícil que esa situación se llevase a término», defendió el jueves pasado Jose Antonio Nieto, quien fuera número dos del ministro Juan Ignacio Zoido.
Sin embargo, al igual que hiciese en la fase de instrucción, el inspector contó ante el tribunal que sus superiores nunca le comunicaron que se había captado a confidentes o habían conseguido documentación sobre las cuentas del extesorero. En relación con esto último, ha manifestado, además, que toda esa información «no aportaba nada a la investigación» de la UDEF. «Fue una investigación paralela» que contenía datos que Morocho y sus agentes ya conocían. «Yo sabía que Bárcenas había operado en Polonia […] Salía una operación de extradición de fondos».
Por otro lado, el mando policial criticó que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, desde donde se ordenaron las supuestas vigilancias ilegales a la familia Bárcenas, no se le informara de estas últimas cuando él asumió las pesquisas del caso Gürtel. Además, recordó que pidió por escrito que se le alertara de la existencia de cualquier pesquisa que se realizase de forma paralela y pudiera afectar al curso de la investigación. «Yo hice un oficio solicitando que se me informara si había investigación secreta y a mí no se me notificó nada».
Las presiones de los mandos
En la última parte de su interrogatorio de este miércoles, que se retomará este jueves a las 10 horas, el inspector también relató las maniobras de los mismos mandos que orquestaron el caso Kitchen para torpedear la investigación de la UDEF. Por ejemplo, cuando remitía los informes a sus superiores para su revisión y posterior envío al juez instructor, que, sin embargo, tardaban en remitirse porque los mandos los «frenaban». Por otro lado, también habló de encuentros con el exjefe de la UFEF, Jose Luis Olivera —imputado en la causa—, en los que le pedía que le remitiese informes judiciales «para orientarle»; o reuniones en las que, a petición del exministro del Interior, le ofreció un puesto bien remunerado en Lisboa, para que se fuese del caso Gürtel.
Morocho siempre se negó a ello. Ahí aumentaron las presiones, llegando a acusarle de alinearse contra el PP e incluso, «de ser amigo del juez» en reuniones con sus superiores. El testigo explicó que «no tenía la confianza que tenía que tener en los mandos superiores. No estaban avalando el trabajo que [se hacía] […]. El objetivo final era quitar[le] de en medio».