El falso mena podría acogerse a la regularización pese al riesgo de reincidencia
El investigado, de 23 años, violó presuntamente a una menor de 14 cerca del centro de menores de Hortaleza (Madrid)
THE OBJECTIVE ha tenido acceso en exclusiva al vídeo de la declaración judicial de Mohamed R., el falso mena de 23 años que presuntamente violó a una menor de 14 años en el barrio madrileño de Hortaleza el pasado mes de agosto de 2025. A pesar de la extrema gravedad de los hechos y de que el Ministerio Fiscal ha alertado explícitamente sobre su «riesgo de reincidencia» y su «bagaje delictivo diverso», el investigado podría encontrar una vía para legalizar su situación en España gracias a la nueva Regularización Extraordinaria 2026 aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, activada mediante Real Decreto, establece que tener antecedentes policiales no será un motivo de exclusión automática para los solicitantes. Según el texto publicado en el BOE, la Administración valorará de forma «casuística y circunstanciada» si el individuo supone una amenaza para el orden público, dejando la decisión final en manos de funcionarios de Migraciones y no de las fuerzas de seguridad. Este marco normativo abre una ventana de oportunidad para perfiles como el de Mohamed R., quien, a pesar de sus ocho detenciones previas solo en el año 2025, carece de condenas firmes que computen como antecedentes penales. Por lo que podrá solicitar esta regularización desde la cárcel en la que se encuentra de forma provisional.
El fraude de la edad: 23 años, no 17
En la comparecencia judicial del pasado 14 de octubre de 2025, la Fiscalía detalló la crudeza del ataque ocurrido en las inmediaciones del centro de menores de Hortaleza. Según el relato del Ministerio Fiscal, el investigado fue hallado por la Policía gracias a la alerta de testigos que escucharon a la víctima gritar «¡No, para!». El atestado policial describe una escena dantesca: la menor fue hallada «desnuda por la parte de arriba», restos de hierbas en el pelo y la cremallera del pantalón bajada. Justo en el lugar indicado por la víctima se encontraba el investigado, y en ese mismo punto aparecieron tanto el calzado como el teléfono móvil de la niña. Por estos hechos, la Fiscalía solicitó la prisión provisional sin fianza, entendiendo que se trata de un delito de agresión sexual con penetración sobre una menor de 16 años, cuyo rango punitivo supera ampliamente los dos años de privación de libertad.
Uno de los puntos más polémicos que revela la declaración es el bagaje de engaños que Mohamed R. utilizó para infiltrarse en el sistema de protección español. Aunque el investigado afirmaba haber nacido el 1 de diciembre de 2007, las pruebas radiológicas practicadas en septiembre de 2025 confirmaron que su edad biológica más probable es de 23,2 años, con una horquilla mínima de edad de 19 años y la máxima de 30 años. La Fiscalía subraya que este fraude no fue accidental. Además, durante los cuatro meses que vivió en el centro de menores, pese a ostentar supuestamente la mayoría de edad, la Policía Nacional lo detuvo en ocho ocasiones por delitos que incluyen robos con violencia, amenazas, riña tumultuaria y atentado contra la autoridad.
¿Un «coladero» de seguridad?
El malestar en el seno de la Policía Nacional es palpable ante la entrada en vigor de la regularización masiva. Los sindicatos policiales, como Jupol, denuncian que el proceso ha sido «externalizado» a funcionarios de Migraciones, Correos y la empresa pública Tragsa, apartando a los expertos en extranjería de la verificación de requisitos críticos. Fuentes policiales consultadas por este diario creen que el caso de Mohamed R. ejemplifica el «riesgo de fraude» del que avisa el sindicato. Al permitirse la presentación de documentos caducados y dejar la valoración de la «amenaza al orden público» a un criterio administrativo y no policial, sujetos con un historial de detenciones alarmante podrían obtener el permiso de residencia. «La existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización», reza el texto y esa ambigüedad es la que genera incertidumbre.
Riesgo de reincidencia y falta de arraigo
La Fiscalía es tajante en su informe: Mohamed R. carece de arraigo en España y existe un riesgo evidente de que cometa hechos de la misma naturaleza contra otras víctimas. Su actividad delictiva ha ido en incremento constante desde su llegada a territorio nacional, llamando la atención de las autoridades por la violencia empleada en sus acciones.
Las otras condiciones que exigirá el Gobierno son más sencillas de cumplir: encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, haber estado al menos cinco meses en el país (este requisito lo cumple el investigado) y, por último, cumplir con uno de estos tres requisitos: tener alguna vinculación laboral; vivir con la familia aquí, siempre que esta cuente con menores; o encontrarse en situación de vulnerabilidad, esto es, que sean solicitantes de protección internacional.
Fuentes cercanas a la víctima temen que se acoja a esta última condición. Aunque, en este caso –conocido con exactitud por la información publicada en los medios– puede denegarse, otros menos conocidos sí podrían terminar regularizándose debido a que la avalancha de solicitudes impedirá a los funcionarios de la administración examinar de manera exhaustiva cada caso.