EEUU eleva los embargos a 706 millones tras dar la razón a las renovables en ocho ocasiones
Una nueva sentencia de la Corte de Distrito de Columbia reconoce una deuda de 24,6 millones por el 'caso BayWa'
Aerogeneradores en Galicia. | Agostime (EP)
Nuevo revés para España en Estados Unidos. El juez Amit P. Mehta ha dado la razón a las afectadas por los impagos a las renovables por el caso BayWa, un laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Internacionales (Ciadi), adscrito al Banco Mundial. En esta ocasión, la Corte del Distrito de Columbia reconoce una deuda de 24,6 millones de euros que podría crecer al acumular intereses de demora. Se trata de la octava sentencia condenatoria en el último año, que eleva los embargos reconocidos hasta los 706,5 millones.
La resolución del caso BayWa, que gestiona el fondo Blasket Renewable Investments, llega apenas un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos cerrara la puerta al último intento de España de cuestionar la jurisdicción de los tribunales federales en estos procedimientos a través de una petición de amparo presentada por nuestro país. Al rechazarlo, avala los posibles embargos por la deuda de las renovables.
La rapidez con la que se ha producido este nuevo avance judicial pone de manifiesto la trascendencia práctica de la decisión del Supremo norteamericano, explican fuentes de las renovables. E insisten: «Lo que hasta ahora era una disputa centrada en cuestiones jurisdiccionales entra desde este momento en una nueva fase, enfocada principalmente en la ejecución efectiva de los laudos y en la localización de activos susceptibles de embargo».
Octavo revés en EEUU
La sentencia de Blasket se suma a los importantes avances registrados durante las últimas semanas. A comienzos de junio, distintos acreedores lograron registrar en tribunales estadounidenses siete sentencias federales derivadas de laudos renovables por un importe cercano a 700 millones, en una estrategia destinada a ampliar el número de jurisdicciones desde las que perseguir activos en España. Entre los procedimientos registrados se encuentran los correspondientes a compañías como NextEra Energy, 9REN, Cube Infrastructure, InfraRed o RREEF Infrastructure, entre otros inversores afectados por el recorte retroactivo de las primas renovables.
En el último año, la Corte de Distrito de Columbia ha infligido ocho reveses judiciales a España: los casos Watkins (93 millones), Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), Infrared (35 millones), NextEra (290,6 millones), 9Ren Holding (44 millones) y Cube (40,2 millones). Y el último, esta misma semana, con el caso BayWa. El abogado Matthew McGill, socio del bufete King & Spalding, representante legal de las renovables, señala que la negativa del Gobierno español a ejecutar los laudos les obliga a desplegar una estrategia internacional de localización y embargo de bienes.
Por el momento, la decisión del Supremo ha eliminado el principal obstáculo procesal que España había intentado mantener abierto durante los últimos años. A partir de este momento, los acreedores disponen de un camino despejado para registrar sus laudos, obtener sentencias ejecutables y, o bien cerrar de una vez la controversia con los pagos pertinentes, o bien avanzar en procedimientos de identificación de activos y eventuales embargos.
La resolución conocida en Estados Unidos en relación con el caso BayWa refuerza la percepción de que la presión judicial sobre España está lejos de remitir. La negativa del Supremo a revisar el proceso parece abrir una nueva etapa en la que un número creciente de acreedores podría acelerar el registro y ejecución de sus laudos en territorio estadounidense. Los representantes de las renovables entienden que la decisión del Supremo «cambia por completo el terreno de juego» y que ya solo tienen que pensar en ejecutar los laudos y recuperar las cantidades reconocidas por los tribunales arbitrales.
Embargos por las renovables
«Cada nuevo registro, cada nueva sentencia y cada nueva orden de discovery incrementa la presión sobre España. La cuestión ya no es si los laudos pueden ejecutarse en Estados Unidos, sino cuántos acreedores seguirán ahora esta vía y con qué rapidez lo harán. España no puede seguir incurriendo en este serial de impagos y debe zanjar de una vez esta bochornosa controversia que erosiona de forma devastadora su imagen y credibilidad internacional», recalcan los representantes de las renovables.
España acumula decenas de laudos pendientes de pago derivados de los cambios regulatorios aplicados al régimen de apoyo a las energías renovables. Las indemnizaciones reconocidas superan los 2.310 millones, incluidos sobrecostes judiciales y financieros. Las empresas afectadas siguen sin recibir un solo euro y continúan enfrentándose a procedimientos de reconocimiento y ejecución en diferentes países.
El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a pagar cualquier compensación pese a estar obligada por un tratado que firmó hace tres décadas. Ante ese panorama, los perjudicados optaron por acudir a los tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica, Australia, Países Bajos y Singapur ya han dado luz verde a embargar activos españoles para contrarrestar los impagos a las renovables.
El origen de la deuda se remonta a 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de ayudas para atraer una inversión cercana a los 30.000 millones de euros. Seis años más tarde, Mariano Rajoy las eliminó de forma retroactiva por la crisis económica. Para paliar las pérdidas, las empresas afectadas comenzaron a solicitar indemnizaciones. Llevaron sus quejas al Ciadi, que ya ha dado la razón a 28 de las 52 demandas. De momento, el Gobierno de Sánchez solo ha pagado una: los 32 millones reconocidos a la japonesa JGC Holdings.