¿A dónde va una mujer tras sufrir una agresión sexual?

Cuando una mujer es violada en España, el protocolo a seguir tras la agresión es muy diferente dependiendo de en qué Comunidad Autónoma se encuentre. El Estado español no garantiza que todas las víctimas de agresión sexual tengan acceso a atención especializada independientemente de dónde vivan.

Las mujeres suelen tener que pasar por un sistema que, en general, las “re-victimiza”. Por un lado, existe mucha confusión sobre a dónde deben dirigirse. El protocolo varía según la Comunidad Autónoma.

La mayoría no cuentan con servicios especializados y, cuando existen, en muchos casos, las instituciones hacen un labor que no contenta a las víctimas redirigiéndolas a otros centros.

A la hora de denunciar una agresión, las mujeres se encuentran a menudo con unos profesionales policiales que no están bien formados en género y que, en ocasiones, pueden empeorar la situación haciendo preguntas impertinentes y cuestionando a la víctima.

Amnistía Internacional publicó en noviembre Ya es hora de que me creas, un informe en el que denunciaba el tratamiento de la violencia sexual en España en muchos ámbitos: desde su consideración en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género hasta la inexistencia de cifras oficiales o campañas de concienciación, pasando por la falta de formación en género de los profesionales con los que tienen que tratar las víctimas de violaciones a lo largo de todo el proceso que sigue a un ataque.

Entre las muchas recomendaciones, Amnistía insta al Gobierno a desarrollar un marco mínimo de servicios que estén garantizados en todo el territorio español para atender a las víctimas de violencia sexual.

En otros países existen centros de atención a víctimas de violencia sexual de emergencia. En el estado español no existe ninguno similar y Amnistía recomienda su creación.

¿Qué es un SARC?

En Reino Unido existen los conocidos como Sexual Assault Referral Centres (SARCs), lugares multifuncionales que ofrecen a las víctimas de agresiones sexuales un espacio privado de atención integral, independientemente de si deciden o no denunciar. Los servicios que ofrecen van desde las examinaciones forenses, hasta consejo y apoyo psicológico.

Los 29 SARCs que hay en Inglaterra y Gales son descritos oficialmente como unidades médicas centradas en la víctima. Se trata de lugares de atención integral diseñados para mejorar la atención inmediata a víctimas de violación. Principalmente pretenden ayudarlas a recuperarse del ataque y, como consecuencia, aumentar las cifras de condenas a violadores mediante el apoyo constante a las víctimas a lo largo del proceso judicial.

Los SARCs están dotados de personal, formado en género, de guardia para permitir que las víctimas puedan ser atendidas justo después del ataque, algo que suele ocurrir en medio de la noche. Muchas veces, la policía redirige a las víctimas de violencia sexual a este tipo de centros. Sin embargo, para casos en los que la víctima no quiere denunciar y prefiere ir directamente a un SARC, existe una línea telefónica de emergencia que está permanentemente abierta.

Por otro lado, estos centros almacenan la ropa de las víctimas y las pruebas forenses en un congelador durante siete años por si, a pesar de no querer denunciar en un primer momento, cambian de opinión y deciden denunciar más adelante.

Los SARCs colaboran estrechamente con otro tipo de centros, los Rape Crisis Centres. Estos últimos suelen centrarse en la atención psicológica a las víctimas, mientras que los primeros se encargan también de la parte forense y médica.

Ambas modalidades de centro reciben fondos públicos aunque también donaciones de organizaciones benéficas. Yvonne Traynor, directora de un centro Rape Crisis del sur de Londres explica a The Objective que es importante recibir dinero de fuentes distintas para mantener su independencia y no depender totalmente de un Gobierno que cambia cada cuatro años.

 

En España sólo hay siete comunidades que cuentan con centros especializados para atender a víctimas de agresión sexual

 

Anne Stebbings, directora del Rape Crisis Centre de Manchester, admite que es sabido que este tipo de centros siempre han tenido problemas para relacionarse con la NHS, la sanidad pública inglesa, y considera que pocos centros afirmarían lo contrario.

Vera Baird, que fue fiscal general con el Partido Laborista, asegura en unas declaraciones hechas a The Guardian que “[este nuevo sistema] es muy diferente a ir a una comisaría de policía, probablemente llena de gente, y tener que esperar en una sala ruidosa, con sangre en el suelo, para decirle a alguien que has sido violada. [Antes] tenías que sentarte y esperar hasta que encontrasen a un oficial de policía, que quizás venía de certificar una muerte en la carretera (…) y que no era un experto en forense”. En cambio, subraya, en “los SARCs te tratan como paciente, como alguien a quien le ha pasado esto [una agresión sexual], sin el escepticismo de un policía. Esto le da a la gente la fortaleza de denunciar el ataque”.

El caso de España

En España no existen este tipo de centros de atención multidisciplinar, con personal especializado y formado con perspectiva de género en violencia sexual, abiertos 24 horas al día todos los días del año, tal y como establece el Consejo de Europa.

Según Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior de Amnistía Internacional, debería existir un centro por cada 200.000 mujeres o uno por provincia.

En España sólo hay siete comunidades que cuentan con centros especializados para atender a víctimas de agresión sexual. Estos se encuentran en Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Asturias, Andalucía y Comunidad Valenciana. En 1992 formaron una federación: FAMUVI. Agrupadas bajo este paraguas, también conocido con el nombre “Stop Violencia Sexual”, estas organizaciones se encargan de proporcionar asesoramiento jurídico y psicológico a las víctimas de violencia sexual además de realizar peritajes psicológicos.

Sin embargo, ninguno de estos centros cumple las características de los centros de emergencia, pues ni están abiertos en todo momento ni son multidisciplinares.

El Gobierno también hace caso omiso del Convenio de Estambul, que establece que debe haber disponibilidad de líneas telefónicas “gratuitas, accesibles 24 horas del día, los siete días de la semana”. Lo que existe ahora a nivel estatal, el 016, no es ni una línea de emergencia, ni está especializada en atención a víctimas de violencia sexual.

En cuanto a la creación de centros a semejanza de los propuestos por Amnistía, Mariti Pereira, portavoz de FAMUVI, duda de su necesidad y eficacia. “Yo no sé si sería eficaz porque, afortunadamente, no nos agreden cada minuto. Ese tipo de centros tendrían que estar dotados de personal forense, legal, etc. 24 horas al día en lugares en los que quizás no hay tanta incidencia de violencia sexual. No sé si es viable o útil. Hay que ser racionales a la hora de pedir recursos. Quizás en grandes ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona sí sería necesario algún centro de esas características”, ha dicho a The Objective.

Cuando le preguntamos por la situación de desigualdad de las Comunidades Autónomas a la hora de ofrecer servicios especializados en violencia sexual, Pereira cree que los servicios que proporcionan los centros de FAMUVI “son necesarios en todas las Comunidades Autónomas. Nosotras queremos ampliar el servicio a otros lugares”.

FAMUVI pretende crear tres nuevos centros en España: en Canarias, Extremadura y Castilla- La Mancha, donde ya había un centro pero fue desmantelado por el Gobierno autonómico. Sin embargo, “es un proceso complejo porque entran en juego muchos factores y recursos. Hay que ir con calma porque lo importante es una buena atención a la víctima”, asegura Mariti.

Por otro lado, la existencia de estos, escasos, recursos no garantiza que se haga un uso correcto de los mismos. El protocolo de actuación que existe en Madrid establece que tras la denuncia debe derivarse a la víctima al Hospital de La Paz, que es el de referencia en casos de violencia sexual. También se pueden derivar los casos a un centro especializado de atención para víctimas de violencia sexual. Sin embargo, a pesar de la existencia de estos servicios, las instituciones no hacen un buen trabajo a la hora de derivar a ellos los casos de agresiones, como refleja el informe de Amnistía Internacional Ya es hora de que me creas, que recoge las experiencias de varias víctimas de violación.

Sin embargo, Mariti Pereira, portavoz de FAMUVI, considera que, aunque no hay convenios firmados con la Policía o con Sanidad, las autoridades sí desempeñan correctamente sus funciones a la hora de derivar los casos de violencia sexual a FAMUVI. “Al fin y al cabo recibimos fondos públicos, y es lógico que aprovechen sus recursos”.

La existencia de los centros de FAMUVI es muy positiva y el hecho de que estén pensando en crear tres más, es una muy buena noticia; pero ello no quita que la existencia de este servicio no puede depender exclusivamente de la capacidad de expansión este tipo de organizaciones. Como indica Amnistía Internacional, el acceso de todas las víctimas de violencia sexual a recursos específicos, independientemente del lugar de residencia de estas, es responsabilidad del Estado y debe estar garantizado.