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Los inmigrantes indocumentados podrán acceder a la sanidad pública tras estar 90 días empadronados

Los inmigrantes en situación irregular podrán acceder a la sanidad pública en las mismas condiciones que los españoles si llevan un mínimo de 90 días empadronados en España o acreditan un informe de vulnerabilidad mediante un informe social.

Los inmigrantes indocumentados podrán acceder a la sanidad pública tras estar 90 días empadronados

Los inmigrantes en situación irregular podrán acceder a la sanidad pública en las mismas condiciones que los españoles si llevan un mínimo de 90 días empadronados en España o acreditan una situación de vulnerabilidad mediante un informe social.

Esta es la propuesta presentada este jueves por la ministra de Sanidad, Carmen Montón, a las comunidades autónomas, y que será plasmada en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

La ministra de Sanidad ha querido que su primer Congreso Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estuviera dedicado exclusivamente a recuperar la universalidad de la sanidad pública. Esta reunión ha sido criticada por los consejeros del PP por considerarla “demagógica”.

Por su parte, los consejeros socialistas han celebrado la recuperación de la sanidad universal y han coincidido en que se trata de un tema de “voluntad política” y no económico, ya que, a su juicio, la exclusión de estos inmigrantes no ha supuesto ningún ahorro.

Sanidad quiere, con los requisitos de la situación de vulnerabilidad o, garantizar que no haya “ningún abuso” y que ningún ciudadano que lo necesite quede desatendido.

Montón ha admitido que, tras la reforma del PP, las comunidades autónomas han buscado soluciones para atender a los inmigrantes en situación irregular, pero de una manera “no armónica y desigual”. Por tanto, considera que es el momento de “dar un paso adelante y construir de manera unitaria”.

La reforma planteada por Sanidad quiere recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo “en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española” y desvincular la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012.

Montón confía en poder aprobar el real decreto “lo más rápidamente posible” y ha dicho que, en el momento de la aprobación, quedaría derogado automáticamente todo lo anterior, en referencia a las medidas puestas en marcha por las comunidades autónomas. Se trata de “sustituir todo el articulado que habla de exclusión sanitaria por otro que hable de universalidad”, informa Efe.

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