La Unión Militar Democrática: mito y error

Nuestra democracia, que arranca en 1977, arrastra muchos mitos. Esto es normal. Cualquier régimen nuevo necesita puntos de anclaje histórico y un relato para crear una comunidad sentimental que legitime la situación. En ese grupo de mitos está el de la Unión Militar Democrática (UMD), presentada como un grupo de oficiales que se enfrentaron al franquismo por la democratización del país. No es así del todo. Recordemos que la UMD nació en el verano de 1974, con Franco agonizando y el príncipe Juan Carlos como jefe de Estado interino, y después de la Revolución de los Claveles en Portugal, una ruptura que prolongó la violencia en el país vecino durante dos años. Imitar a los militares portugueses en el estertor del franquismo, cuando todo iba encaminado a un reinado que acabaría con el régimen para implantar uno democrático, y que ese proceso necesitaba orden y la unidad del Ejército, era inoportuno e irresponsable. Por tanto, se puede encomiar la valentía de los 242 miembros de la UMD y al tiempo criticar su mala decisión. Esta circunstancia hizo que quedaran fuera de toda amnistía y orillados en la política hasta que los rescató el PSOE.

Para entender a los miembros de la UMD, hay que mirar al espejo portugués. En abril de 1974, la Revolución de los Claveles envió una onda de choque a Madrid. El búnker se aterrorizó ante la imagen de soldados con flores en los fusiles, y un grupo de oficiales españoles, liderados por Julio Busquets y Luis Otero, creyeron ver en Lisboa el mapa de su propio destino. Pero España no era Portugal. Mientras los capitanes lusos derribaban una dictadura agotada por las guerras coloniales, en España el Ejército seguía siendo el pilar institucional más fiel a un Franco agónico.

La UMD nació, pues, bajo la sombra de una contradicción fundamental. Sus fundadores pretendían «mojar la pólvora» de los inmovilistas del llamado «Ejército azul», pero lo hicieron mediante un proselitismo casi imprudente en los cuarteles justo cuando el franquismo estaba en las últimas. En una institución donde la disciplina, la jerarquía y el culto a la Milicia eran dogmas de fe, intentar organizar una red clandestina hablando con los compañeros de promoción era la mejor manera de que el Servicio de Inteligencia (Seced) se enterase antes incluso de que se redactara el primer acta.

Uno de los puntos que la narrativa oficial suele omitir es la profunda vinculación ideológica de la UMD con los partidos de la oposición de izquierdas. No eran meros profesionales. Luis Otero era un republicano de izquierdas fascinado por el modelo portugués; Julio Busquets acabaría siendo diputado del PSOE; y Bernardo Vidal no ocultaba sus simpatías por el PCE. Esta amalgama no buscaba simplemente una transición legal, sino que, en sus inicios, coqueteó con la ruptura violenta para algún tipo de régimen más o menos socialista.

En diciembre de 1974, la dirección de la UMD preparó un manifiesto titulado Por la libertad hacia la justicia social. En su redacción original afirmaban que su deber era «intervenir» en la política española, una terminología que en el lenguaje castrense solo tiene un nombre: pronunciamiento o golpe de Estado, con el consiguiente conflicto armado. Fue Antoni Gutiérrez, del PSUC, quien tuvo que advertir a Busquets de que aquel texto era una «locura», que solo conduciría a la tragedia de una nueva guerra civil. Aunque moderaron su lenguaje a instancias de los civiles, el Seced ya tenía copias del original en sus archivos, marcándolos para siempre como elementos subversivos.

Para el Alto Estado Mayor de 1975, la UMD no era una vanguardia democrática, sino una «perturbación» que ponía en riesgo el delicado plan de la sucesión tranquila. La estrategia de los reformistas y de la Corona era esperar al «hecho biológico» —la muerte de Franco— y proceder al cambio yendo de la ley a la ley. En este tablero, cualquier ruido de sables proveniente de la izquierda era tan peligroso como uno procedente del búnker.

El primer gran tropiezo público de la UMD ocurrió en febrero de 1975 con la detención en Barcelona de Julio Busquets y el capitán José Julvez. La reacción del Gobierno de Arias Navarro fue la habitual: el ocultismo y la mentira. El ministro de Información, León Herrera, un hombre que definía a Franco como su única familia, compareció ante la prensa para tildar la noticia de «bulo» y «falta cuartelera». Sin embargo, lo que León Herrera ocultaba es que el Ejército había actuado con una autonomía feroz.

El mando militar no informó a Arias Navarro de la operación; simplemente aplicó su propio código disciplinario para purgar la «infección» democrática. Busquets y Julvez fueron enviados al penal de El Hacho en Ceuta, bajo la vigilancia de un general que luego jugaría un papel clave en la Transición: Gutiérrez Mellado. Es una de las ironías de nuestra historia que el gran reformador militar fuera, en ese momento, el carcelero de los que pedían reformas.

El golpe de gracia llegó el 29 de julio de 1975, cuando el Seced descabezó a la organización deteniendo al llamado «Grupo de los Nueve». El juicio, celebrado en marzo de 1976 en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares, fue un espectáculo de hostilidad institucional. Bajo una atmósfera plomiza, los acusados fueron despojados de sus abogados civiles de confianza, como Joaquín Ruiz-Giménez, y obligados a aceptar defensores de oficio.

El fiscal, el coronel Luis Sáez Larumbe, no se anduvo con rodeos: acusó a los oficiales de conspiración para la rebelión militar y de pretender sumir al país en una «tragedia» rupturista similar a la portuguesa. Lo más revelador de aquel Consejo de Guerra no fue la sentencia, sino la reacción de los oficiales asistentes. Los procesados fueron abucheados al grito de «traidores», «rojos», «infiltrados» y «húmedos». Esta animadversión demuestra que la UMD no tenía el apoyo de sus pares; al contrario, su existencia reforzó el legalismo defensivo del resto del Ejército, que cerró filas en torno a la figura de Juan Carlos de Borbón para evitar el desorden.

Las condenas sumaron 43 años y medio de prisión y la expulsión del servicio activo. Aquí radica el gran drama y el fracaso práctico de la UMD: mientras el resto de la oposición política —incluido el PCE de Carrillo y el PSOE de Felipe González— negociaba su entrada en el nuevo sistema, los militares de la UMD fueron sacrificados en el altar del consenso.

¿Por qué los miembros de la UMD fueron excluidos de la Ley de Amnistía de 1977? La respuesta es puramente pragmática. Para Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez, el reingreso de estos oficiales en los cuarteles era una línea roja que el estamento militar no estaba dispuesto a tolerar. El búnker aceptaba la democracia civil, pero no la quiebra de la jerarquía interna. Para salvar la reforma política, Suárez tuvo que entregar la cabeza de la UMD a la cúpula militar.

La UMD, por tanto, se convirtió en una «baja política». Sus miembros, que soñaban con ser los protagonistas de un cambio revolucionario, acabaron siendo los únicos represaliados del franquismo que no recuperaron sus puestos con la llegada de la democracia. Fue el precio que la Transición pagó para asegurar que el grueso del Ejército no se sublevara contra el proceso de cambio.

Al final, el Ejército que hizo posible el cambio democrático no fue el de los oficiales de la UMD, sino el Ejército legalista que, siguiendo las órdenes de Franco y la voluntad del Rey, aceptó someterse al poder civil a cambio de que no se tocase su estructura interna. El Ejército legalista fue el verdadero soporte del cambio democrático.

La UMD pecó de un idealismo peligroso. Creyeron que podían importar el modelo de los capitanes portugueses a una sociedad española que, en su inmensa mayoría, no ansiaba la revolución, sino la paz, el orden y una mejora del bienestar material. Los españoles de 1975 eran enormemente prácticos y temían más al caos de la ruptura que a la lentitud de la reforma.

En definitiva, los miembros de la UMD fueron hombres de honor que arriesgaron sus carreras por un ideal, pero que fueron irresponsables a la hora de elegir la oportunidad de su movimiento, y que fueron arrollados por el realismo de los políticos y la desconfianza de sus propios compañeros de armas. Su historia nos recuerda que, en política, la voluntad no siempre basta para torcer el brazo a la estructura.

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