Las grandes empresas temen más medidas populistas de Sánchez en los próximos meses

El Gobierno ha vuelto a agitar el avispero con el anuncio de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, horas después de que las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular anunciaran rebajas en el impuesto de Patrimonio. Una medida que en las grandes empresas con las que ha hablado THE OBJECTIVE es considerada como un «error» y sobre todo una nueva muestra de la escalada de medidas populistas del Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, temen que en los próximos meses se multiplique la carga impositiva al sector.

La ministra de Hacienda, María Jesus Montero, anunció la creación de un impuesto a las grandes fortunas -de carácter temporal- que entrará en vigor en 2023, aunque sin dar más detalles sobre si complementará una figura tributaria existente o sería un impuesto de nueva creación. Para las fuentes consultadas estamos ante una nueva medida que busca ganar enteros entre potenciales votantes, pero que vuelve a ahondar en la guerra contra las grandes empresas que el Gobierno ha venido sosteniendo buena parte del año.

Consideran que es un peldaño más en la escalada de medidas electoralistas que -prevén- se agudizará en los siguientes meses, como estrategia del Gobierno para recuperar la confianza de sus votantes y mitigar la crisis económica que se avecina. Este diario ya adelantó en julio que, tras la imposición de los nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas, las grandes empresas del Ibex se sentían en riesgo ante futuras arremetidas tributarias de Pedro Sánchez.

Propuestas de Podemos

De hecho, muchas de ellas temen que en el corto plazo se planteen nuevos tributos en sectores como la construcción, turismo, textil o la tecnología ya que consideran que «nadie está libre» de esta nueva deriva populista del Gobierno de coalición. De hecho, se cree que el ala socialista del Gobierno paulatinamente irá cediendo a la agenda más extrema de Unidas Podemos y el mejor ejemplo es asumir como propio este nuevo impuesto anunciado esta semana, que calca el impuesto a las fortunas de más de 10 millones complementario a Patrimonio que los morados llevan meses pidiendo.

En julio, Unidas Podemos registró en el Congreso una propuesta para endurecer diez puntos el Impuesto sobre Sociedades a los grandes supermercados y financiar con esta recaudación adicional un cheque de ayuda a la cesta de la compra. Del mismo modo, sigue sobre la mesa una propuesta de este grupo de subir de manera lineal el Impuesto de Sociedades a las grandes corporaciones. Una batería de propuestas que -creen en el sector- se irán concretando en los próximos meses.

Una guerra contra las grandes empresas para situar a Sánchez y a su Gobierno como «defensores» de la ciudadanía ante los «abusos» de la gran empresa. Antes del verano ya se comenzó a vislumbrar esta batalla al anunciar un impuesto a la banca y a las eléctricas y las cosas se han ido torciendo con cada declaración del Presidente de Gobierno y su equipo, poniendo en la diana a los empresarios.

Sánchez y Yolanda Díaz

«Este Gobierno va a tratar siempre de proteger a la clase media trabajadora», dijo Sánchez al comenzar el curso en una reunión con 50 ciudadanos en La Moncloa. «La idea es que haya justicia fiscal, un reparto equitativo de las consecuencias de la guerra de Putin», dijo en el marco de una política económica de «rebajas fiscales selectivas». Una fractura que contrasta con la realidad de hace solo un año, en la que el propio Sánchez disfrutaba de una inédita complicidad con las grandes empresas.

«Estamos proponiendo una redistribución del esfuerzo entre aquellos que más tienen para que contribuyan a financiar lo que es de todos, que es el estado del bienestar. Donde hubo amnistías y regalos fiscales para los más pudientes habrá reformas fiscales que garanticen que quien más tiene más contribuya a la hacienda pública», dijo Sánchez el viernes en Valencia

Un discurso muy similar al de Yolanda Díaz. «Faltan solamente las grandes corporaciones que cotizan en bolsa y tienen beneficios muy importantes», dijo horas después de que se conociesen los dos nuevos tributos a las eléctricas y a la banca. La ministra de Trabajo intentó incluso ir más allá y propuso topar el precio de los alimentos en una cesta básica, una propuesta desestimada en bloque por las ministras del área económica como María Jesús Montero, Nadia Calviño, Reyes Maroto y el titular de agricultura, Luis Planas.

Nuevo impuesto

En cuanto a los tributos a las eléctricas y a la banca, la propuesta establece un gravamen temporal del 1,2% sobre el total de los ingresos de las empresas energéticas, que estará vigente durante 2023 y 2024 para recaudar 2.000 millones anuales. En cuanto a los bancos, se plantea un nuevo gravamen del 4,8% sobre el margen obtenido en comisiones e intereses netos en los ejercicios 2022 y 2023, a razón de 1.500 millones al año.

En el caso del nuevo impuesto a las fortunas -rechazado tajantemente por la CEOE- los expertos consultados por este diario consideran que el plan de Sánchez es una suerte de armonización fiscal encubierta, alentada por las bonificaciones que al Impuesto de Patrimonio han decretado autonomías como Madrid o Andalucía. También critican que se cree un impuesto ideológico, que ataca la autonomía de las CCAA, con poca eficacia recaudatoria y ahuyentador de la riqueza.

La propuesta de Podemos apuntaba a patrimonios de más de un millón de euros con un mínimo exento de 400.000 euros por vivienda habitual y unos tipos desde el 2% para patrimonios superiores al millón de euros hasta el 3,5% para los patrimonios mayores de 100 millones. En este último tramo se sitúan los mil patrimonios más altos del país. La propuesta de Podemos excluía la posibilidad de que las autonomías bonifiquen el tributo.