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Deloitte advierte de que hasta 100 GW renovables caducarán por la lenta tramitación

La capacidad de acceso concedida a red en los últimos cuatros años supera las posibilidades administrativas del Gobierno y se crean cuellos de botella

Deloitte advierte de que hasta 100 GW renovables caducarán por la lenta tramitación

Instalación de una planta fotovoltaica. | Europa Press

El interés por el desarrollo de proyectos renovables se ha disparado, multiplicándose por siete la capacidad de acceso concedida a red en los últimos cuatros años con 145 gigavatios (GW). Este elevado número de proyectos, algunos de ellos inviables ambiental o económicamente, puede dificultar el desarrollo de los que sí cumplen con los requisitos y retrasar su tramitación por el colapso en las administraciones públicas.

En este sentido, según un informe elaborado por Monitor Deloitte, podrían caducar y ejecutarse garantías de hasta 100 GW en enero debido al «potencial incumplimiento» de los plazos de tramitación. Por eso, la flexibilización en los tiempos asociados a los hitos intermedios de los proyectos, ante la imposibilidad de cerrar en tiempo y forma las solicitudes, es una de las peticiones recurrentes tanto del sector eléctrico como de las distintas administraciones.

La consultora apunta que el aumento de proyectos en tramitación vino motivado por los cambios introducidos en el Real Decreto 3/2020, pero es que a finales del año pasado se aprobó otro que concedía un plazo adicional de nueve meses para los hitos intermedios relativos a la obtención de la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas previas y de construcción.

Todo el cambio en la normativa se produjo ante el riesgo de la pérdida por parte de los promotores de los permisos de acceso y conexión. No se movió el plazo total de cinco años para el hito final de obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva y la posterior entrada en operación de la instalación.

La administración está saturada

El estudio también destaca que, en términos de plazos, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) representa el «mayor cuello de botella». De hecho, entre el 25% y el 30% de los proyectos de redes y entre el 40 y el 70% de los proyectos renovables no cumplen los plazos definidos por la regulación en la emisión de la DIA.

La principal causa es la demora de los diferentes organismos de la Administración que tienen la obligación de emitir diferentes informes preceptivos. Pero no todo es culpa de la Administración, sino que algunos promotores no entregan una documentación con la calidad que se requiere ni realizan trabajo de campo.

Los plazos de tramitación reales en los proyectos de inversión de infraestructuras eléctricas superan ampliamente los máximos definidos en la regulación -18 meses-, llegando a alcanzar de media los dos o tres años de duración y superando los diez en los casos más extremos.

De este modo, se han multiplicado por nueve y diez el número de proyectos renovables en tramitación en dos años, pasando de 250 en 2019 a 2.300 en 2021. En este sentido, en una jornada organizada este jueves por la Fundación Naturgy, distintos expertos del sector señalaron la necesidad de resolver la complejidad de los permisos su desarrollo. También abogaron por intentar que tengan una mayor aceptación social. El senior manager del área de Regulación de Energía de Deloitte España, Israel González, señaló que actualmente hay registradas más de 65.000 instalaciones de generación renovable, con una capacidad instalada de más de 70 GW.

El plan de España para la transición energética es uno de los más ambiciosos dentro de la Unión Europea, con la instalación de 70 GW de nuevas plantas renovables antes de 2030, un objetivo al que habrá que añadir la ambición adicional propuesta en los paquetes de medidas como Fit for 55, que pretende incrementar la reducción de emisiones a 2030 del 40% al 55%, y el plan de acción REPowerEU, que pretende disminuir la dependencia energética de la Unión Europea con Rusia.

Por otro lado, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) advierte de que uno de cada tres aerogeneradores que hay en España puede quedar obsoleto en los próximos años y, por tanto, tendría que ser desinstalado. En concreto, un 36% del número total se instaló antes de 2005 y tiene más de 15 años, lo que supone que más de 20.000 palas pueden quedar inoperativas.

De este modo, como cada aerogenerador cuenta con tres palas, unos 7.500 ‘molinos’ podrían dejar de funcionar. «Actualmente, en España hay 1.298 parques eólicos en más de 800 municipios, con 21.574 aerogeneradores y 64.722 palas instalados. De los aerogeneradores que están instalados en España, un 36% (unos 7.500) se instalaron antes de 2005 y, por lo tanto, tienen 15 años o más. Esto supone que más de 20.000 palas podrían tener que ser desinstaladas en los próximos años».

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