El Gobierno negocia que los nuevos pisos en alquiler no escapen al control de precios

El Gobierno y sus socios temen que la futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda -actualmente el anteproyecto está en las Cortes a la espera de enmiendas- quede sin efecto en las cuestiones referentes al alquiler por la elevada inflación y por algunos aspectos más técnicos. 

Por eso, el Ejecutivo negocia con ERC y Bildu para modificar el texto aprovechando su paso por el Congreso, según explican fuentes de la coalición. Lo fundamental es «intentar que la norma no pierda eficacia», apuntan.

Nuevas viviendas en alquiler

Lo que pretenden tanto los socios como Podemos es que las nuevas viviendas que se oferten en alquiler, una vez aprobada la Ley, también estén incluidas dentro de la categorización de zona tensionada. Conforme al texto actual, las nuevas viviendas que se pongan en alquiler quedarían fuera del control de precios.

«Lo que puede suceder, si no se modifica esta cuestión, es que los fondos o un propietario que tenga quince inmuebles, decida retirarlos del mercado cinco meses y volverlos a poner en alquiler después, esquivando el control de precios», explican fuentes de Podemos. 

«Eso dejaría sin eficacia la Ley y es lo que se está hablando», añaden a THE OBJECTIVE. Además, el texto se redactó antes de que la inflación mostrase su peor cara por lo que, tal y como está, puede dejar a muchas zonas sin ser consideradas tensionadas. 

Según la norma, para poder regular una zona es necesario que la comunidad autónoma correspondiente la declare como tensionada cumpliendo dos requisitos a la vez. Uno de ellos es que el precio de la vivienda en esa zona en los cinco años previos debe haber experimentado un porcentaje de crecimiento de al menos cinco puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC autonómico. Es en esta cuestión donde radica el problema principal, ya que en muchas zonas susceptibles de estar tensionadas el IPC ha sido tan elevado durante 2022 que puede dejarla sin efecto. 

El otro requisito para ser considerado zona tensionada es que la carga media del coste de la vivienda más los suministros básicos deben superar el 30% de los ingresos medios de la zona.

‘Vacatio legis’

Otra de las cuestiones que se está debatiendo entre el Gobierno y sus socios habituales es la vacatio legis, es decir, el período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigencia. En el ánimo del Gobierno de coalición está «reducir» este periodo y que no sean 18 meses. «Que se puedan notar cuanto antes los efectos de la Ley en la reducción de precios», apuntan, con la vista puesta en las elecciones generales de finales de año.

La intención es que la Ley se apruebe definitivamente «próximamente», según apuntan fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Grandes tenedores

A la espera de estas negociaciones, el Gobierno ya ha modificado su consideración sobre los grandes tenedores a efectos de aplicar el control de precios. Hasta ahora, el texto consideraba gran tenedor al propietario de más de diez inmuebles. La cifra bajará a cinco propiedades en alquiler, según ha confirmado la ministra Raquel Sánchez.

Una reducción que no ha gustado al sector. «Creemos que es una muestra más de las grandes dificultades que hay en el Gobierno para ponerse de acuerdo. Si creyesen que limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas ayudaría a paliar la problemática de subidas de precios, no distinguirían entre grandes y pequeños propietarios», destaca a este diario María Matos, directora de estudios de Fotocasa. José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler lo tacha de «barbaridad». 

Ataque a los propietarios

Para las asociaciones de propietarios, las medidas que contempla la Ley de Vivienda, que continúa en trámite parlamentario, «constituyen un ataque a más de dos millones de propietarios en España». Para la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (ASVAL), distinguir entre grandes tenedores o pequeños arrendadores en función de las viviendas que poseen «es discriminatorio y atenta contra el derecho a la propiedad privada, recogido en el Artículo 33 de la Constitución».

Para favorecer el acceso a la vivienda, desde la asociación de propietarios consideran que es fundamental generar un marco jurídico estable y duradero en el tiempo, que incentive el desarrollo de una mayor oferta en alquiler. «También hay que apostar por la colaboración público-privada para crear un verdadero parque de vivienda pública en alquiler social», aseguran a este diario.

Por otro lado, piden «huir de las medidas populistas que se han demostrado contraproducentes, como el control de precios o la distinción de los propietarios en función del número de viviendas que poseen».