Los expertos encuentran que ya hay margen para bajar la factura de la luz en 2024

A falta de su cierre definitivo, el ejercicio 2022 concluirá con un extraordinario superávit en el sistema de liquidaciones del sector eléctrico. Y ese resultado es, con mucho, el mayor superávit registrado hasta ahora en el sistema español, lo que aparentemente podría resultar extraño si se tiene en cuenta que se trata precisamente del año clave en la crisis de los precios de la energía.

Pues bien, y con la prudencia necesaria -señala el último trabajo de Fedea, del economista y catedrático de la UCM, Diego Rodríguez-, y teniendo en cuenta que los costes del sistema están bastante controlados -ya que, por un lado, la parte de los ingresos (los peajes) están vinculados estrechamente con los costes (las redes) y, por otro lado, no debería haber sorpresas negativas en los costes incluidos en los cargos-, ya hay margen para que el superávit pueda ser utilizado para aliviar la factura de los consumidores, siempre y cuando se asuma que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión no se reducen en relación con los niveles actuales.

Como es conocido -explica Rodríguez en su trabajo titulado: ¿Por qué ha habido un enorme superávit en el sistema eléctrico?
(y qué hacer con él)-, el sector eléctrico y el gasista tienen un sistema de ingresos y de pagos regulados con los que se atiende, principalmente, al coste de las redes, los pagos a algunos activos de generación y el pago de la deuda contraída en el pasado. Aunque, la norma reguladora básica establece que la planificación ex ante de ingresos y pagos para cada año debe asegurar que el sistema esté equilibrado, lo cierto es que -detalla el catedrático de Economía Aplicada, Estructura e Historia-, distintas circunstancias pueden conducir a la aparición de importantes desequilibrios ex post en forma de déficits o superávits anuales.

Reducción de los costes de la luz

A este respecto, el autor indica la notable reducción en los ingresos regulados procedentes de los peajes y cargos, debido fundamentalmente a la reducción de estos últimos en la factura y a la caída de la demanda eléctrica en el bienio 2021-2022; pero, sin embargo,  esa notable disminución de los ingresos procedentes de los peajes y cargos ha sido compensada muy sobradamente por dos vías.

En primer lugar -detalla-, por la inyección de ingresos adicionales provenientes de transferencias desde el sector público. Unos ingresos que se situaron en un valor promedio de 2.750 millones de euros entre 2018-2020, incrementándose a 3.800 millones de euros en 2021 y, a más de 8.000 millones en 2022. Esa extraordinaria aportación procedente del sector público en 2022 se debió -aclara Rodríguez- a que, a las vías tradicionales de ingresos procedentes de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (Ley 15/2012) y de las subastas de derechos de emisión de CO₂, «se unieron distintas transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado para compensar disminuciones de ingresos por las medidas encaminadas a paliar el incremento de precios en los mercados mayoristas. El resultado fue -apostilla-, a que más del 40% del total de ingresos recibidos por el sistema de liquidaciones en 2022 provinieron de transferencias realizadas desde el sector público, un porcentaje muy superior al alcanzado en cualquier ejercicio previo».

En segundo lugar, el autor señala cómo esos mismos incrementos de precios en los mercados, junto a la adopción de diversas medidas regulatorias, han conducido en definitiva a notables reducciones de los costes asociados a la retribución específica de renovables, cogeneración y residuos, así como a una disminución en la retribución adicional que perciben los generadores térmicos en los sistemas no peninsulares».

Reducción de costes que, en este caso, vienen de (1), una reducción de la factura anual de la deuda desde 2021, en aproximadamente 300 millones de euros, como consecuencia de que en 2020 se terminó de pagar la deuda correspondiente al déficit de 2005; (2) una ligera reducción en los costes de las redes por la aplicación progresiva de la retribución al transporte y la distribución fijada por la CNMC para el actual periodo regulatoria y, que expira a final de 2025; (3) a que, en el caso del coste asociado a la generación renovable, el cálculo de los pagos a realizar desde el sistema de liquidaciones se hizo, siguiendo la norma reguladora, sobre una previsión del precio de mercado que se preveía para el periodo semiregulatorio, que en este caso se correspondía con el trienio 2020-2022 y, (4) a que, en el caso de la retribución a los extracostes de generación en los sistemas no
peninsulares, los costes asociados han estado también afectados por el aumento del precio de mercado en el sistema peninsular».

El uso del superávit

Con todos estos mimbres, el economista de Fedea se plantea qué se puede hacer entonces con el superavit del sistema eléctrico, por lo que concluye que rebajar la factura de luz que paga el consumidor, bien podría ser una de las principales acciones.

La Ley del Sector Eléctrico (LSE) establece que los posibles superávits obtenidos en el sistema de liquidaciones deben destinarse a la reducción de la deuda del sistema eléctrico, amortizando parte del capital pendiente de pagos. Sin embargo, aunque el sistema ha tenido un buen número de años con superávit desde 2014, tal hecho nunca se ha producido. La razón es la imposibilidad práctica de amortizar esa deuda, que en su gran mayoría se encuentra en el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE).

Así que, hasta ahora, el superávit acumulado se ha ido utilizando con distintos fines: devolución de pagos por el bono social a empresas eléctricas tras varias sentencias del Tribunal Supremo (420 millones de euros), ayudas al despliegue de renovables en Canarias (120 M€), pagos por sentencias en relación con el uso de purines en la generación (11 millones) y, sobre todo, para cubrir los déficits de 2019 y 2020 (918 M€). Pero, la existencia en una cuenta de la CNMC de casi 6.200 millones por el superávit de 2022 y por el remanente anterior abre la cuestión sobre su uso.

Por eso, y antes de rebajar la factura de la luz, una cuestión a valorar -sostiene Fedea en este informe- es qué parte de los costes e ingresos del sistema pueden considerarse estables en el tiempo, pues si se utilizara ese superávit pero, posteriormente, si se produjese un desequilibrio se volvería a estar en una situación no deseada.

Margen para aliviar la factura

Partiendo de un control de los costes, que Rodríguez aprecia en su estudio, no sin cierta prudencia -subraya-, el autor de este trabajo encuentra margen para que el superávit pueda ser utilizado para aliviar la factura de los consumidores, siempre asumiendo que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión no se reducen en relación con los niveles actuales.

Con tal fin, sugiere dos opciones: una primera opción es la de seguir reduciendo los cargos que abonan los consumidores en su factura y, otra segunda, es la eliminación definitiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). Este impuesto, que recae sobre el coste de la energía y por tanto es pagado por los consumidores eléctricos, y que, se encuentra suspendido desde mediados de 2021. Un impuesto, señala, que «distorsiona nuestros intercambios internacionales, y surgió a comienzos de la pasada década para ayudar a corregir una grave situación de desequilibrio del sistema, que afortunadamente ya no está presente».

En consecuencia, el autor propone la eliminación definitiva del IVPEE, aliviando así la factura de los consumidores eléctricos, ya que, el desequilibrio temporal de ingresos y costes del sistema al que esta eliminación conduciría, aliviado por un pequeño aumento de los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión de CO2, «se cubriría con el excedente acumulado de ejercicios anteriores, a la espera de que la desaparición ya prevista de los costes de la deuda en tres años vuelva a reconducir al sistema a una situación de equilibrio».