La patronal catalana reclama al Gobierno los datos para hacer con rigor las balanzas fiscales

La patronal catalana, Foment del Treball, está decidida a estudiar las controvertidas balanzas fiscales de Cataluña, un asunto que se ha convertido en una histórica demanda de las formaciones políticas catalanas.

Por este motivo, hace tres semanas Foment del Treball configuró la Comisión de Trabajo sobre Balances Fiscales con el objetivo de establecer el cálculo de los balances fiscales de Cataluña con la Administración central.

Para este cometido, la patronal catalana ha contado con expertos de renombre en el mundo de la investigación y la docencia, ya que, según reconoce Foment, «esta es una cuestión de especial relevancia tanto en el debate público como académico desde hace años, en lo que respecta a la salud de la competitividad de la economía del país».

Con este motivo, la Comisión celebraba esta semana su primera reunión, después de unos primeros intercambios de impresiones, coincidiendo en reclamar al Gobierno todos los datos necesarios para empezar a hacer este cálculo con rigor. En opinión del grupo de expertos, actualmente no están al alcance todos los vectores que permiten realizar una tarea científica adecuada.

Un grupo de expertos

Presidida la primera reunión por Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, en el encuentro estuvieron presentes el presidente de este grupo, el economista Jordi Alberich, así como Salvador Guillermo, Manuel Silva, Valentí Pich, Guillem López Casasnovas, Juan Corona, Ángel de la Fuente, Rosa Nonell y Maite Vilalta, no habiendo podido participar, por cuestiones de agenda, los expertos Francisco Pérez y Santiago Lago.

A mediados de marzo, El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda, publicaba en su página web la primera tanda de datos para calcular las balanzas fiscales de las comunidades autónomas referidas a 2021. Una publicación que no obtuvo el beneplácito del Govern de la Generalitat de Cataluña, al apreciar que esos datos publicados, «no aportan ninguna novedad».

En ese sentido, el departamento de Economía del Govern de Pere Aragonès, añadía al respecto, que la información que la Generalitat pide desde hace años al Estado que publique «es la territorialización del gasto. Es decir, a qué territorio destina el Estado cada programa de gasto. Y eso, hoy, no se ha publicado». Claro que la opinión de la administración catalana no fue la única que se pronunció. Otras autonomías consultadas por este diario manifestaron su desacuerdo y desaprobación con unos datos que «no sirven para nada», más allá de querer contentar a los independentistas, relataron.

El paper de Fedea

El director de Fedea, Ángel de la Fuente, y también experto seleccionado por Foment del Treball para estudiar las balanzas fiscales, fue uno de los primeros economistas en pronunciarse cuando a mediados de marzo, el Ministerio de Hacienda colgaba en la web del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) una parte de los datos necesarios para calcular las balanzas fiscales de 2021. 

Reconociendo el ministerio que se trataba de una primera entrega, De la Fuente publicó de inmediato un primer paper -recogido por THE OBJECTIVE– en el que señalaba que la información publicada por Hacienda hasta el momento recoge el grueso de los ingresos y gastos del sector público estatal, así como la distribución territorial de una parte importante de los mismos e incluye una serie de indicadores de población, renta y consumo que pueden ser de utilidad para la imputación territorial de ciertos flujos de ingreso y gasto. Sin embargo, son todavía insuficientes para abordar la territorialización completa de las cuentas públicas.

Y es que, en opinión del economista De la Fuente, en esta primera entrega se han omitido algunas partidas relevantes de ingresos y gastos públicos. Por ejemplo -publica en los Apuntes de Fedea de marzo de 2024- «cotejando los datos que Hacienda ofrece para la Seguridad Social y las Mutuas con la liquidación del Sistema de Seguridad Social (IGSS, 2024), se detecta que la información publicada por el IEF recoge únicamente las transferencias corrientes (capítulo 4) que corresponden al pago de las prestaciones contributivas».

«Faltarían por incorporar, por tanto -anticipa en este documento-, las prestaciones no contributivas (unos 13.200 millones de euros) y los costes de funcionamiento del sistema recogidos en otros capítulos presupuestarios (unos 3.900 millones)». Algo similar -insiste- «sucede con los ingresos de la Seguridad Social, pues se ofrecen sólo los que provienen de cotizaciones sociales». En este caso, sin embargo -añade-, «el problema es menor porque las partidas de ingresos omitidas son de una cuantía muy limitada, con la excepción de las transferencias del Estado, que habría que omitir en cualquier caso para el cálculo de las balanzas por tratarse de transferencias internas dentro del sector público estatal».

En la misma línea -apunta-, «podría haber algún problema con los ingresos ofrecidos dentro del bloque de Organismos Autónomos (OOAA) para las mutuas de funcionarios, que son claramente inferiores a los consignados dentro del capítulo 1 en la liquidación de los PGE (IGAE, 2024), por lo que convendría seguramente -subraya De la Fuente-, ampliar este bloque para incluir otras partidas de ingresos de los OOAA, entre las que destacan las multas cobradas por la Jefatura de Tráfico, que superan los
1.000 millones de euros». Así como también -señala-, «deberían recogerse los ingresos y gastos de ciertas agencias reguladoras no incluidas en los PGE, como el Banco de España,2 la CNMC y la CNMV». Finalmente -sostiene-, «deberían incluirse también los ingresos tributarios de los territorios forales y los de los municipios y provincias de toda España, los derivados del REF canario y el IPSI de Ceuta y Melilla, así como los ingresos tributarios del Estado en Ceuta y Melilla y las retenciones que éste practica a los residentes de los territorios forales».