La pequeña industria renuncia a reclamar por el apagón: «Es una pérdida de tiempo»
Han asumido el coste y creen que supone demasiados esfuerzos pelear con una Administración lejana y burocrática
Una calle afectada por el apagón. | Europa Press
Hay algunas fábricas españolas que, pese a sufrir los efectos perversos del apagón de hace un año en sus balances no reclamarán esos daños. La razón que esgrimen es que se trata de «una pérdida de tiempo». Estas empresas ya han asumido ese coste y prefieren evitar el largo procedimiento y las complejidades que rodean al incidente. Se trata, al final, de empresarios con una mentalidad volcada en el trabajo que tratan de cuadrar sus cuentas de resultados cada día y que no quieren más sobrecostes, como asesoría o defensa jurídica.
La Administración se ve como una caja negra, lejana y burocrática a la que hay que dedicar mucho esfuerzo para estar conectado. Una realidad que choca con las grandes empresas e industrias del país, que planean en Madrid batallas sin cuartel con sus bufetes de abogados para lograr compensaciones económicas. De hecho, la patronal de la industria electrointensiva (Aege) ha cuantificado el impacto económico del apagón eléctrico en más 25 millones. Por otro lado, hace unos días, el consejero delegado de la petrolera Repsol, Josu Jon Imaz, se mostró confiado recuperar 105 millones de euros.
Precisamente entre los empresarios consultados, los debates que dominan en la capital —como el apagón, el desarrollo de las redes eléctricas o la electrificación de la economía— pierden intensidad en las regiones. Ahí, el foco se centra en ámbitos en los que las comunidades autónomas sí tienen competencias, especialmente las autorizaciones administrativas de instalaciones renovables de hasta 50 megavatios.
Estas industrias, algunas de ellas intensivas en energía, tampoco tienen que dar cuenta a accionistas internacionales ni cotizan en bolsa. Hace unos días, en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, el mencionado Josu Jon Imaz señaló que Repsol ya había procedido a remitir las notificaciones formales o burofax tanto a Red Eléctrica de España como a las distribuidoras eléctricas correspondientes encargadas del suministro a las cinco refinerías y tres plantas petroquímicas que se vieron afectadas en su operación, como paso previo a un posible litigio.
Los dos hipotéticos responsables, Red Eléctrica y las energéticas, se han armado durante un año de argumentos jurídicos para evitar pagar por el corte de suministro de aquel día, y todos esos actores salpicados rechazan tener responsabilidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado los primeros expedientes sancionadores, cuya instrucción se puede alargar 18 meses. De momento, Red Eléctrica parece la más perjudicada. Paralelamente, la Justicia tiene sobre la mesa dos informes oficiales del Gobierno y Entso-E que apuntan a una causa «multifactorial», lo que genera aún más complejidad al asunto.
Este escenario, la renuncia de demandas, puede ser una buena noticia para el gestor de la red y las eléctricas, que ven cómo el regulador ha comenzado a abrirles unos expedientes cuyas sanciones pueden llegar en los casos «graves» hasta los seis millones, y en los «muy graves» hasta 60 millones. Mientras tanto, Red Eléctrica, tras el apagón, ha impuesto un método reforzado en el sistema para evitar un nuevo cero eléctrico, lo que está suponiendo un sobrecoste de 1.500 millones de euros extra al consumidor, según la consultora Nera.
Los despachos de abogados de los afectados por el apagón se han cubierto para demandar antes del 28 de abril a los candidatos potenciales del apagón. El plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad civil extracontractual es de un año, lo que empujó a estos a presentarlas antes de que se cumpliera el aniversario del cero eléctrico, aunque se puede discutir el dies a quo (fecha de inicio del cálculo) del plazo, lo que permitiría alegar que el plazo no empieza a correr mientras el perjudicado ignore la identidad del sujeto causante.