Compromís estudia recurrir al Constitucional la opacidad del Gobierno

Carles Mulet vive en el día de la marmota. Al senador de Compromís, uno de los más activos de la Cámara Alta, no le satisfacen las respuestas que recibe de la Administración. Dice que son banales y que se alejan mucho de lo que requiere. No le queda otra que reformular la cuestión, pero la réplica no aporta nada porque es idéntica a la anterior. «Entramos en bucle», reconoce. Ha perdido la paciencia y estudia recurrir la opacidad del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. 

El problema se repite con diferentes asuntos. No atañe a un caso concreto. Uno de ellos está relacionado con el número de quejas que han presentado en los últimos cinco años los usuarios ante Renfe y Adif por retrasos y cancelaciones en los trenes de cercanías y media distancia que afectan a la Comunidad Valenciana. Mulet todavía no ha recibido una cifra concreta. 

Las quejas de Compromís

«Pregunto sobre trenes cancelados, porque es un escándalo, y me dan el tanto por ciento. Lo que yo quiero saber es el número. No dan datos concretos porque quedan en evidencia», se queja el único senador de Compromís, que comparte grupo parlamentario con Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera.

Mulet revela que en el caso de esta pregunta concreta, se trata de datos públicos que, hasta ahora, siempre habían recibido. Ek Gobierno le contesta a la petición que el número de reclamaciones no alcanza al 0,01% de los usuarios y que Renfe «publica información en su web con informes de gestión anual», según los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

«Ocultan eso, sueldos de altos cargos y contratos como el de Aena con el Aeropuerto de Murcia, que lo conseguí por otro sitio», reconoce Mulet. El Gobierno está obligado a contestar en  un máximo de 30 días. «No contestan nunca, aunque haga 10 veces la misma pregunta. Entramos en un bucle. Así me tienen entretenido a mí y a la persona que me contesta». En su opinión, este Gobierno, en cuestión de transparencia, «es el peor de todos los que he visto, incluidos los del PP».

El problema, dice el senador valenciano, es que el reglamento no obliga a contestar la pregunta concreta y «abusan de eso». Lamenta que quizás estén esperando a responder «cuando ya no esté en el Senado». Esta opacidad dificulta su tarea parlamentaria, que entre otras cosas sirve para fiscalizar al Ejecutivo. Mulet revela que se ha quejado en varias ocasiones al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y a su directora general.

El recurso de amparo

«Cuando no me contestan algo después de 15 veces, se lo mando. Siempre dice que va a investigar, pero siento que me toma el pelo. Se comprometieron a que esto no pasaría. Es una falta de respeto» sostiene Mulet. La única salida es acudir al Constitucional para presentar un recurso de amparo. «El problema es que somos un grupo pequeño y no tenemos recursos, pero no nos quedará más remedio». No obstante, el senador valenciano ve complicado que los magistrados consideren su petición. Dicho tribunal solo admite a trámite el 3,1% de los recursos que recibe, según la memoria de 2020.

El recurso de amparo es una de las las principales competencias atribuidas por la Carta Magna al Tribunal Constitucional. La institución tiene el encargo de proteger frente a vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo de la Constitución originadas por disposiciones, actos jurídicos del Estado, las comunidades autónomas y entes públicos. El objetivo de este tribunal es restablecer o preservar los derechos que promueven el recurso.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que data de 1979, distingue tres modalidades de recurso de amparo, según el origen del problema. En caso de que Compromís activara esta fórmula sería un procedimiento contra decisiones parlamentarias, recogido en el artículo 42 de la citada norma: «Las decisiones o actos sin valor de Ley emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes».

Mulet no es el único representante público que ha denunciado la opacidad del Gobierno. El diputado Pablo Cambronero, que tras abandonar Ciudadanos ahora forma parte del Grupo Mixto, afirma que ha preguntado por «el viaje ocioso de Yolanda Díaz» al Vaticano, que tuvo lugar el 15 de diciembre. «No responden lo que nos costó ni lo tratado con el Papa», admite el parlamentario, que volvió a preguntar por esa cuestión el 15 de febrero y recibió la misma respuesta: «Otra falta de respecto a los ciudadanos y al Congreso. Opacidad y despilfarro».

Antecedentes en Valencia

Compromís ya llevó la opacidad de las Cortes valencianas al Tribunal Constitucional, que le dio la razón hasta en tres ocasiones. En 2009, el alto tribunal falló que la Mesa del Parlamento regional había vulnerado cuatro años atrás el derecho fundamental de varios parlamentarios al rechazar, sin justificación, varias de sus preguntas y la comparecencia del entonces consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco.

El Constitucional volvió a darle la razón a la formación de Mulet en dos ocasiones más. Una después de que el órgano rector de la Cámara esgrimiera unas razones similares para vetar 14 preguntas sobre los contratos de la Generalitat con las empresas vinculadas a la trama Gürtel. En la siguiente ocasión obligaba a la Mesa a reparar el derecho vulnera antes de que se agotara la legislatura.