Albares no se fía del nacionalismo escocés y elegirá directamente al cónsul en Edimburgo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha comunicado a la Junta de la Carrera, un órgano consultivo dentro de su departamento, que se reserva el nombramiento directo del próximo cónsul en la ciudad escocesa de Edimburgo por «motivos políticos», según desvelan fuentes diplomáticas a THE OBJECTIVE.

El subsecretario de Exteriores, Luis Cuesta, fue el encargado de trasladar esta decisión a los miembros de la Junta de la Carrera Diplomática en una reunión reciente, según las citadas fuentes. Con ello, Albares manda la señal de que la capital escocesa es una plaza delicada para la diplomacia española. Sobre todo, ante los planes del Ejecutivo de Nicola Sturgeon de convocar un referéndum de secesión a finales de 2023.

Albares decidirá el puesto de Edimburgo

El puesto de cónsul general en Edimburgo queda, por tanto, con un asterisco en la lista de vacantes en el exterior para el próximo año -el «bombo» en el argot diplomático-. Es decir, que Albares no esperará a conocer el parecer de la Junta de la Carrera -mediante una terna- para decidir quién sustituirá a Ignacio Cartagena. Este último fue nombrado por Josep Borrell para dicho puesto en julio de 2019, después de que el entonces ministro de Exteriores cesase de forma fulminante al diplomático Miguel Ángel Vecino por afirmar que España no vetaría la entrada de Escocia a la Unión Europea si se independizaba con el beneplácito de Londres.

Borrell entendió en aquel momento que la afirmación de Vecino suponía una «extralimitación» de sus funciones como cónsul después de que el diario escocés The National publicara una carta del diplomático español en este sentido. Curiosamente, la carta no había sido enviada a este periódico, sino a otro, The Herald, que a mediados de abril de 2019 había decidido no publicarla al tratarse de una misiva privada.

Su contenido, sin embargo, llegó a oídos del Gobierno escocés, que pidió al cónsul español una copia de la misma, ya que resumía la posición oficial del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El diplomático español accedió a ello a condición de que no se hiciera pública, pero la ley de Transparencia escocesa obligó al Ejecutivo de Sturgeon a informar de ella cuando The National se lo pidió por escrito. De ahí que, en último término, Vecino culpase al Gobierno escocés de haber actuado con mala fe en este asunto. 

La misiva, en realidad, fue una respuesta que enmendaba las palabras previas del eurodiputado popular Esteban González Pons, quien dijo que Escocia, de convertirse en independiente y solicitar su adhesión a la UE, se enfrentaría al bloqueo español en Bruselas. El entonces cónsul puntualizó que Madrid no vetaría una hipotética entrada de Escocia como país independiente en la UE si dicha secesión se consumaba por vías legales.

En Exteriores no tuvieron el mismo criterio y se justificó el cese con el hecho de que Vecino, en su calidad de cónsul general, no ejercía «funciones de representación política de España» en Edimburgo, por lo que en la misiva publicada en The National se había «extralimitado claramente en sus funciones».

«No le corresponde a un cónsul general hacer este tipo de declaraciones de naturaleza política», justificó un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID), «y menos sin acordarlo previamente con el embajador de España en Londres o con la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática del Ministerio de Exteriores». Lo chocante es que casi toda la labor consular de Vecino fue, en realidad, de carácter político, tal y como admitió Exteriores con posterioridad en varias reuniones internas.

Aquel polémico cese derivó en un recurso del diplomático en noviembre de 2019 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el que incluyó 80 documentos anexos con los que Vecino defendió el buen desempeño que, a su juicio, tuvo en la capital escocesa en los nueve meses que estuvo allí destinado. Vozpópuli tuvo acceso a la demanda de fuentes judiciales y publicó una serie de noticias bajo el epígrafe ‘Los papeles de Escocia’.

La mitad de esos documentos tenían un gran valor informativo pues correspondían a telegramas diplomáticos y correos electrónicos que Vecino se intercambió con asesores de Borrell como su jefe de Gabinete, Camilo Villarino, así como con el entonces embajador en Londres, Carlos Bastarreche; y otros diplomáticos en la capital británica.

A raíz de ello, Exteriores denunció por la vía penal al excónsul en Edimburgo y le acusó de descubrimiento de secretos. La denuncia era relevante pues no había precedentes de una acción similar por parte del ministerio contra un diplomático en activo y podía conllevar una pena de hasta cuatro años de cárcel. De ahí que Albares mire ahora con atención lo sucedido hace tres años.

Exteriores alegó en su denuncia que el diplomático había vulnerado la ley de Secretos Oficiales y había comprometido la seguridad del Estado, al incluir esta serie de documentos en contra de una decisión del Consejo de Ministros de 2010 que declaró con carácter secreto o reservado una lista de 17 asuntos que, en la práctica, supuso proteger cualquier documento que se elaborase en este ministerio. También alegó que el excónsul había «perjudicado» al Gobierno cuando los documentos fueron utilizados por formaciones como el PNV, JxCat y la CUP para formular preguntas parlamentarias al Ejecutivo.

Sin embargo, el juez instructor número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, procedió a un rápido archivo de las diligencias, en apenas cuatro meses, al considerar que no había ningún secreto de Estado en la documentación con la que Vecino sustentó su recurso en sede judicial. El caso no fue recurrido por el departamento de Arancha González Laya durante el primer estado de alarma, pero sigue en la mente de Albares.