Los ucranianos en Castilla y León podrán solicitar un bono de 400 euros al mes
A partir del sábado la Junta abrirá la petición para adquirir esta ayuda, que pretende ayudar a los ciudadanos que ahora residen en la región
Más de 200 militares ucranianos que realizarán su adiestramiento en España llegan a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. | Alberto Ortega (Europa Press)
Desde mañana y hasta el 31 de octubre, los ucranianos empadronados en Castilla y León que carezcan de recursos suficientes podrán optar a un bono de urgencia social de 400 euros al mes durante medio año, con cien más por cada menor a su cargo, para lo que la Consejería de Familia ha destinado más de 1,8 millones en 2023.
El boletín oficial de la Comunidad, el Bocyl, publica este viernes la convocatoria de esas subvenciones que incluye en el bono social que ya funciona en Castilla y León a las personas beneficiarias de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania para dar cobertura a las necesidades básicas en condiciones de dignidad.
El pasado 5 de enero, la Consejería de Familia anunció esta medida, y en ese momento, según los últimos datos ofrecidos por la Secretaría General de Análisis Migratorio, desde la invasión de Ucrania un total de 3.855 personas han solicitado asilo en Castilla y León, de las que 1.332 están acogidas en el sistema de asilo y refugio (el 35 %).
Aunque el Gobierno de España es el competente para prestar la atención que precisen las personas solicitantes de asilo, la respuesta a la guerra en Ucrania se ha producido, mayoritariamente, fuera de este sistema de acogida.
Por este motivo, la Junta de Castilla y León ha publicado las bases que regirán las ayudas directas a los refugiados ucranianos que no están atendidos en el sistema de acogida, han informado fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Podrán ser beneficiarias de esta ayuda aquellas personas que hayan obtenido el estatuto de protección temporal por el conflicto en Ucrania, que no estén siendo atendidas en el sistema de acogida, que estén empadronadas en algún municipio de Castilla y León y que acrediten carencia de medios económicos firmando para ello una declaración responsable.
Más de 300 personas están dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadores y, por lo tanto, según la normativa del Ministerio, no cumplirían el requisito de carecer de medios económicos.
