Sarah Santaolalla, entre las diez personas que han recibido protección especial desde 2024

La activista política y tertuliana Sarah Santaolalla es una de las diez personas que han recibido desde 2024 protección policial a causa de «circunstancias personales de especial riesgo». La cifra figura en los datos aportados por el Ministerio del Interior en respuesta a una solicitud de THE OBJECTIVE al Portal de Transparencia. La mayor parte de las personas protegidas son mujeres.

Santaolalla recibió la protección este mismo año, tras denunciar a Vito Quiles por una «agresión física» al salir del Senado. La Justicia archivó ante la evidencia de que Quiles no acosó ni lesionó a la demandante. A pesar de ello, Interior le facilitó protección. Requerido por este medio, el departamento de Fernando Grande-Marlaska denegó los informes que fundamentaron el despliegue, alegando motivos de «seguridad pública» y «protección de personas». Además, subrayó que no procede realizar consideraciones sobre casos concretos, en línea con la normativa que regula este tipo de información sensible, amparada por la legislación sobre secretos oficiales y por acuerdos del Consejo de Ministros.

Otros dos casos públicos de solicitud de protección han sido los de Leire Díez y Javier Pérez Dolset, vinculados a las cloacas del PSOE, que denunciaron amenazas a raíz de una rueda de prensa que ofreció la denominada fontanera. En su caso, se autorizaron dos meses de contravigilancia durante el pasado año, en plena investigación de la UCO. En cuanto a Pérez Dolset, el diario Vozpópuli asegura que también recibió protección policial y el propio empresario aseguró haberla recibido en una entrevista a El Plural: «Nos acaban de poner escolta ahora mismo».

Este periódico solicitó a la cartera encabezada por Fernando Grande-Marlaska información sobre las peticiones de escolta policial o medidas de protección personal prestadas por la Policía Nacional y/o Guardia Civil. En concreto, se pidió conocer el número total de solicitudes recibidas desde el año 2024 hasta los datos más recientes disponibles, desglosado por fecha del trámite y sexo de los demandantes, y el estado de cada una de las peticiones. Asimismo, se requirió saber cuántas corresponden a casos de violencia de género. En respuesta, desde la autoridad competente aclaran que el sistema de prestación de servicios de protección de personas, regulado en la Instrucción 3/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, se articula a través de procesos de valoración integral de amenazas, riesgos y vulnerabilidades realizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes, conforme a los criterios establecidos.

Cuatro hombres y seis mujeres

Interior insiste que gran parte de las medidas de protección y seguridad personas contempladas responden directamente a criterios institucionales y funcionales asociados al cargo desempeñado o a las circunstancias de especial riesgo concurrentes. Por ello, indican que la Secretaría de Estado de Seguridad no dispone de una estadística centralizada respecto del número de «solicitudes», ya que no se configura el sistema bajo dicha lógica procedimental. No obstante, respecto a las personas protegidas fuera del referido catálogo institucional, constan un total de diez servicios de protección acordados por circunstancias personales de especial riesgo desde el año 2024. Por fechas, tres se corresponden con el primer año, cinco con 2025 y dos con 2026. En cuanto al sexo de los individuos, cuatro de ellos son hombres, mientras que seis casos son mujeres.

En lo que a la violencia de género se refiere, señalan que la protección policial no se dispensa a partir de la solicitud de un particular, concedida o denegada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que la decisión corresponde exclusivamente a la autoridad judicial. Dicha orden no implica la asignación de escolta policial de forma automática.

La protección policial es un conjunto de medidas operativas dinámicas, que se asignan o modifican en función del nivel de riesgo, de su evolución y de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto. Es decir, las medidas policiales asociadas a un caso se ajustan continuamente a dicha valoración de riesgo.