Moncloa usa un informe de la UE para acusar al PP en 'campaña' del bloqueo en el CGPJ

El Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado a su Secretaría de Comunicación para afirmar, a dos días del arranque de la campaña oficial de las elecciones generales, que la Comisión Europea atribuye directamente al Partido Popular del bloqueo del Poder Judicial. El Ejecutivo progresista insiste en que el informe dado a conocer este miércoles, por parte de la Comisión, queda manifiestamente claro que es la actitud del principal partido de la oposición lo que provoca la actual situación de la justicia, motivo por el que las instituciones europeas se muestran profundamente preocupados por el incumplimiento sistemático de la Constitución por parte de Alberto Núñez Feijóo.

Complaciente consigo mismo, el Gobierno también subraya en su comunicado que las autoridades europeas avalan el trabajo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, destacando los progresos de España en la lucha contra la corrupción, creando el delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos y, señala Moncloa, avalando la homologación del delito de malversación con los países de nuestro entorno.

La cuestión es que el informe publicado este miércoles por la Comisión sobre el Estado de Derecho de 2023, en lo que afecta particularmente a España, y cribado por THE OBJECTIVE-, apenas reproduce sobre el Partido Popular en su texto, un apéndice en el que se puede leer que «un día, el principal partido de la oposición decidió suspender las negociaciones (Ver Partido Popular (2022). Comunicado de Prensa de 2022».

En cualquier caso, una mención muy poco precisa para que el Gobierno puede afirmar que la Comisión Europea señala como culpable al Partido Popular, cuando en ese momento del comunicado, y ya con Alberto Núñez Feijóo, éste decide echar atrás los acuerdos que Pablo Casado y Teodoro García Egea tenían desde tiempo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, momento político aquel que suscitó, entre otras cosas, la denuncia de la diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo, quien desde 2020 ya venía denunciando el manoseo de la justicia y el reparto de cromos.

Sánchez vuelve a responsabilizar solo al PP

La siguiente alusión que el documento comunitario hace de manera normativa, de la oposición, sin dar nombres, se sitúa en 2018, a propósito de un pronunciamiento de la Comisión de Venecia, que literalmente dice en otro asterísco, ni siquiera en el grueso del texto que: «cuantos más derechos y competencias formales se otorgan a la oposición parlamentaria dentro de un sistema constitucional y parlamentario, mayor es la responsabilidad de la misma oposición de no abusar de estos poderes, sino de llevar a cabo su oposición de forma leal al sistema básico y a la idea de un gobierno democrático mayoritario legítimo y eficaz. La Comisión de Venecia también ha aclarado -añade el documento-, que no se trata de una cuestión que pueda regularse jurídicamente, o percibirse como una «responsabilidad» formal, sino como una obligación política y moral.

Una afirmación de manual, que no tiene el mismo peso que el capítulo de análisis y recomendaciones donde el Gobierno de Sánchez si que se lleva el rapapolvos de la Comisión, no sin destacar que para el el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE), existen serias preocupaciones por la situación del Consejo General del Poder Judicial, por dos razones: porque su Consejo no ha sido renovado y -lo que también afecta a la responsabilidad del Gobierno-, porque no se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus miembros, lo que repercute en los nombramientos del Tribunal Supremo y del sistema judicial en su conjunto.

Una vez que el documento de la institución europea reconoce que España ha tomado medidas para seguir mejorando la calidad de la justicia, como la asistencia jurídica gratuita, la digitalización y un proyecto de ley sobre el derecho de defensa, así como el aumento de número de jueces -asegura la Comisión-, el grupo de seguimiento sostiene sin embargo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene pendientes una reforma del procedimiento penal para abordar la duración de las investigaciones y los procesamientos, así como un proyecto de ley sobre los grupos de presión.

Además, añade en su análisis, «la reforma de los delitos relacionados con la corrupción ha introducido el delito de enriquecimiento ilícito y ha revisado el delito de apropiación indebida, entre otras cosas, incluso rebajando las penas en algunos casos, lo que fue criticado por las partes interesadas».

Otros deberes sin cumplir del Gobierno

También ha reprobado la Comisión al Gobierno por recibir el mandato para adoptar una estrategia anticorrupción, que deberá estar finalizada para el verano de 2024 y, porque el Sistema de Integridad de la Administración General para mejorar la integridad del sector público aprobado y, los sistemas de incompatibilidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen aún
en revisión.

Asimismo subraya la CE, el Gobierno de Sánchez sigue sin atender a la petición formal del Tribunal de Cuentas, en lo que se refiere a Ley que regula la financiación de los partidos políticos, una reforma indica, que «permanece inalterada».

Advierte de igual modo la CE, que España no ha avanzado tampoco en el refuerzo del estatuto del Fiscal General, en particular
en relación con la separación de los mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la la fiscalía.

Por otra parte, abunda el informe, no se ha avanzado en el proceso de renovación del Consejo de la Magistratura como cuestión prioritaria, como tampoco se ha avanzado en la resolución de los problemas relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos para aumentar la eficacia de los procedimientos.