El Gobierno pide auxilio a las autonomías ante el descontrol migratorio en las Islas Canarias
Los delegados del Ejecutivo han llamado a consejeros para que les ayuden a realojarlos en sus territorios
Llegada de inmigrantes a la isla de El Hierro (Canarias). | EFE
El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez está desbordado por la llegada incontrolada de miles de inmigrantes en el último mes a las costas de Canarias. El colapso es total y no ha tenido más remedio que pedir auxilio a las comunidades autónomas, la mayoría en manos del Partido Popular. THE OBJECTIVE ha podido saber que en los últimos días los delegados del Gobierno se han puesto en contacto con algunos consejeros responsables de esta materia en las distintas regiones para pedirles que «puedan alojarlos y sacarlos así de Canarias», según las fuentes consultadas. Aunque algunas de estas llamadas se han realizado tan solo horas antes de enviar los inmigrantes.
El Ejecutivo no quiere repetir la experiencia de 2021, cuando optó por realojar a los inmigrantes irregulares en hoteles de las islas. Esta circunstancias afectó al turismo en la zona, ya que se ofreció una «mala imagen» en los hoteles, llegando a producirse destrozos en las instalaciones. La alternativa en esta ocasión es distribuirlos por las distintas comunidades autónomas, como así se desprende de los contactos telefónicos de los delegados del Gobierno con responsables autonómicos.
Las fuentes solventes consultadas por THE OBJECTIVE afirman que el Gobierno está desesperado y ha pedido ayuda al Ejército para que facilite tiendas de campaña y también a Cruz Roja. En el caso del Ejército, no supone ningún coste, pero en el de Cruz Roja sí que tiene que abonar el Gobierno el material. Estas fuentes recriminan al Ejecutivo no haber hecho nada «cuando ya se sabía que iban a llegar en varias oleadas» y apuntan cómo «los argelinos ahora van todos a Baleares. Desde que tenemos mala relación con Argelia, entran por el Mar de Alborán. En el Estrecho hay un negocio de taxis para meter gente en España, lo que se llaman las go-fast, que va dejando gente en la zona de Alicante, Granada y Murcia. Antes traían droga y ahora es inmigrantes».
En esta búsqueda de soluciones, una de las opciones que baraja el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como adelantó El País, es utilizar los terrenos del Ministerio de Defensa, en el barrio de Campamento, en Madrid. Hay que recordar que estas instalaciones ubicadas en la capital de España también fueron ofrecidas por Sánchez para la construcción de viviendas sociales para intentar solucionar el problema de la vivienda.
«No son fardos»
A pesar de estar barajando esta opción, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento que preside José Luis Martínez-Almeida. Al menos hasta este martes a primera hora, fuentes municipales han señalado a THE OBJECTIVE que «ni la Dirección General de Servicios Sociales ni la de Inclusión Social, que son las implicadas, han recibido ninguna notificación».
En el caso de la Comunidad de Madrid, las fuentes consultadas indican que «oficialmente, nos han comunicado que traen a 24 menores», pero desconocen si gente de más edad va a llegar a la región. «Lo que hacen en el caso de Madrid es traer a menores que ya estaban previamente en Canarias hace más tiempo y los reparten en la Península. Ese traslado de los menores todavía no se ha hecho. En el caso de los adultos, todavía no nos han dicho nada», insisten desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado muy crítica con las noticias del posible desembarco en Madrid de miles de inmigrantes: «Para variar, no hemos sido informados absolutamente de nada, por lo menos hasta ahora, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros hasta la fecha», aseguró Ayuso este lunes, dando a entender que Madrid ha sido una de las comunidades a las que todavía no ha llamado el Gobierno. Además, advirtió de que «no se les puede tratar como fardos».
Desde el Partido Popular en el Congreso de los Diputados ya se ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «para dar cuenta de la información disponible en torno a la crisis migratoria que soportan las comunidades autónomas, tanto en la ruta atlántica como en la mediterránea». El escrito de solicitud se presentó el 17 de octubre. Sin embargo, la paralización de la actividad del Congreso, impuesta por la presidenta Francina Armengol, hace inviable, de momento, esta comparecencia.
