Frente cívico de millón y medio de ciudadanos contra el «secuestro de leyes» en el Congreso

Más de un millón y medio de ciudadanos se han constituido en el denominado Frente Cívico por la Calidad Democrática para protestar contra el bloqueo de leyes en el Congreso de los Diputados. Este colectivo ha impulsado un manifiesto fundacional, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo del Partido Popular contra las 70 prórrogas en el plazo de enmiendas del Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El manifiesto está firmado por las víctimas de la talidomida, funcionarios de prisiones, afectados por la Ley de Costas, profesionales de la imagen personal y representantes del deporte náutico, que constituyen una «alianza histórica frente al deterioro democrático».

Como ha informado este periódico, lo que el Grupo Popular ha denunciado como el «congelador de Armengol», en referencia a la presidenta del Congreso de los Diputados, ha empezado a calar entre los diversos colectivos afectados por las numerosas leyes aparcadas por la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara Baja. La pérdida de la mayoría parlamentaria, por parte del Gobierno de Sánchez, se ha reflejado en la paralización de la actividad legislativa. Si no se pueden aprobar leyes, se dejan bloqueadas utilizando la estrategia de prorrogar sucesivamente el plazo de enmiendas, incluso las que son aprobadas por la mayoría absoluta del PP en el Senado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumple así la amenaza que lanzó al afirmar que estaba dispuesto a gobernar sin el Parlamento, confirmada con la aprobación del real decreto de regularización masiva de inmigrantes, que nunca habría pasado el filtro del Congreso y el Senado, ya que Junts se oponía y el Grupo Popular había presentado enmiendas a la iniciativa legislativa popular que se estaba tramitando.

Si el Grupo Popular presentó este recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por los retrasos en la ejecución del plan de recuperación en febrero de 2023 contra el acuerdo de la Mesa de 14 de junio de 2022, uno de los colectivos perjudicados por estos retrasos en la aprobación de leyes, la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), decidió tomar la iniciativa, desde la sociedad civil, y presentar una denuncia por prevaricación ante el Tribunal Supremo. Esta iniciativa judicial va en contra de los miembros de la Mesa del Congreso del PSOE, entre ellos la presidenta Francina Armengol, y Sumar, dejando fuera a los cuatro miembros del PP, que están en contra del bloqueo.

Entre las numerosas proposiciones de ley paralizadas, que a principio de este curso político sumaban más de un centenar, muchas afectan a colectivos determinados que poco a poco se han ido reuniendo en torno a las víctimas de la talidomida, que piden que las ayudas que reciben queden exentas de IRPF. Concretamente, son funcionarios de prisiones, afectados por la Ley de Costas, profesionales de la imagen personal y representantes del deporte náutico. Tras semanas de contactos, han alumbrado un manifiesto, al que ha tenido acceso este periódico, que será el primer paso para denunciar lo que aseguran que es «un secuestro de leyes» en el Congreso de los Diputados. Ante esta situación, han decidido «levantarse».

El Frente Cívico denuncia que «decenas de iniciativas legislativas continúan secuestradas en un limbo parlamentario artificial, privadas deliberadamente de tramitación, debate y votación, pese a contar con respaldo suficiente para avanzar». En este sentido, señalan en el manifiesto que «no [hablan] de retrasos administrativos», sino de «derechos congelados, familias abandonadas y ciudadanos invisibilizados por un sistema que ha utilizado el procedimiento parlamentario como un muro contra la propia democracia».

Este colectivo advierte de que «no permitirá que las demandas legítimas de millones de ciudadanos continúen siendo neutralizadas mediante mecanismos de bloqueo encubierto» y exige «una reforma inmediata del Reglamento del Congreso que impida que ninguna mayoría política pueda volver a utilizar la Mesa como una herramienta para silenciar leyes incómodas o suspender indefinidamente la voluntad parlamentaria», insisten. «La democracia muere lentamente cuando las leyes dejan de debatirse, cuando las mayorías dejan de decidir y cuando los ciudadanos descubren que su voto puede quedar atrapado indefinidamente en un cajón administrativo».

«Soberanía popular retenida en un despacho»

El manifiesto afirma que «la soberanía nacional no puede quedar retenida en un despacho» y que este frente cívico «representa una llamada nacional en defensa de la dignidad institucional, la separación de poderes y el respeto debido a los ciudadanos en una democracia parlamentaria». A su juicio, «la unión de colectivos tan distintos bajo una misma causa lanza un mensaje inequívoco: cuando las instituciones dejan de responder, la sociedad civil acaba organizándose para defender aquello que siente amenazado».

Tras esta primera unidad de acción, anuncian el inicio de «una agenda coordinada de acciones jurídicas, institucionales y sociales para garantizar que ninguna iniciativa legislativa vuelva a ser condenada al silencio indefinido ni a la invisibilidad parlamentaria». Los firmantes consideran que «España asiste hoy al nacimiento de una de las mayores movilizaciones cívicas de las últimas décadas», quedando el «Frente Cívico por la Calidad Democrática […] formalmente constituido como una gran plataforma nacional integrada por colectivos sociales, profesionales y ciudadanos que representan a más de un millón y medio de españoles afectados por la parálisis deliberada de leyes respaldadas por la mayoría parlamentaria».