Zapatero, el ajuar saudí y el pasado sin memoria
«El expresidente, que arrastra a sus hijas a la causa de la Audiencia Nacional, dinamitó los pactos de la Transición, congeló las pensiones y retrasó el retiro de los españoles»
Ilustración de Alejandra Svriz.
A José Luis Rodríguez Zapatero (León, 1960), expresidente profesional y hombre sonriente con un perfil siniestro, al decir de los venezolanos en el exilio, no es sencillo olvidarle. La reverberación de su rostro, escondido tras una careta de simpatía constante, que muestra o atenúa en función de si está delante de un auditorio o se encuentra en la intimidad, siempre le ha ayudado en los trances de la vida. Le permite mostrar cordialidad en vez de hipocresía. Y en sus comienzos favoreció una caricatura —el socialista Bambi— que disimulaba el cesarismo y la avaricia. Hasta ahora, que todos sabemos, con independencia de lo que diga la Justicia, que ni es humilde ni era sobrio. Tampoco feliz. No puede serlo alguien que finge sin descanso.
Su notoriedad pública —argumenta el juez Calama, un magistrado suave en las formas, pero sólido en su trabajo y, por tanto, inatacable por la maquinaria victimista del sanchismo— le ha salvado (hasta ahora) de un necesario registro domiciliario y de las cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de viajar al extranjero o la prisión preventiva. De lo que no lo exime es de decir tonterías, como cuando, en su comparecencia, llena de silencios y lagunas, teatralizada y más falsa que un viejo duro sevillano, acuñado con los desechos de una plata de segunda, aseveró, solemne, que autorizaba al instructor a hacer lo que este ya está haciendo —investigar su patrimonio y sus negocios en el extranjero— o esgrimía como escudo defensivo su «presunción de inocencia» cada vez que le preguntaban cosas.
Su estrategia se percibe a varias leguas de distancia. El expresidente no está acostumbrado a que le lleven la contraria y encaja mal no monopolizar el uso de la palabra. Tampoco practica el hábito de defender a los suyos, pues endosó a su secretaria —«Gertrudis, per favore»— y a sus hijas, que van a tener que hacer el paseíllo (sin escoltas) al haber sido imputadas como administradoras de Whathefav, la empresa familiar, actos derivados estrictamente de su exclusiva voluntad, salvando de su desafección solo a Julito, lacayus maximus, no vaya a ser que —como Sonsoles— esté tomando clases de canto para debutar pronto como barítono de Análisis Relevante.
La causa penal abierta en la Audiencia no es una tertulia ni una diatriba parlamentaria. Va muy en serio. Es una pesquisa con interrogatorios, pruebas, resoluciones y, al final, un auto de enjuiciamiento y una sentencia que, frente a lo que acostumbra a suceder en la vida política, se cumplirá. Ante un tribunal, las palabras tienen su importancia, pero lo trascendente son los hechos. Y estos evidencian que ZP no pudo acreditar con solvencia la procedencia de su ajuar saudí —1,3 millones no declarados a Hacienda— ni la limpieza de sus negocios con los intermediarios venezolanos y chinos, que nominalmente son comunistas, pero adoran al becerro de oro, mineral sagrado porque, en oposición a la carne, no cambia con el paso del tiempo.
Lo que le ocurra al expresidente afectará a su persona y a su familia, y hundirá todavía más al PSOE y a Lo Que Queda de Sumar, que han atado su suerte (electoral) a un ilustre peso muerto. Que el expresidente trate de anular la causa aduciendo una conspiración norteamericana, o alegando la (falsa) prescripción de un supuesto delito tributario —que para la Agencia Tributaria empieza a contar cuando aflora el patrimonio oculto, no cuando se decide aceptar y guardar un regalo millonario—, entra dentro del libreto de la tragicomedia. Algo tiene que decir frente a los indicios que lo incriminan. Pero, a efectos sociales y políticos, son elementos secundarios.
Una hipotética desactivación de la acusación no equivale a una absolución. El Ciudadano ZP tiene presunción de inocencia incluso aunque sus joyas tengan menos papeles que una liebre y el rescate de Plus Ultra —«¡Hola, mi pana!»— huela peor que las cloacas de Leire (Díaz). Quien no merece perdón es la efigie pública del expresidente, que ha colocado a España en el fondo húmedo de una letrina. No deja de ser un giro irónico del destino que quien decidiera poner fin a la reconciliación surgida de la Santa Transición y desenterrase el sectarismo no se acuerde ni de sus contratos ni de quién le organizaba los almuerzos en la marisquería Portonovo.
El padre de las leyes de memoria es, en estos momentos, un prócer sin recuerdos, un desmemoriado selectivo. Solo revive lo que involucra a los demás, nunca lo que le afecta a sí mismo. Suceda lo que suceda al término de la instrucción, su legado político es radioactivo. No solo por su conducta y sus negocios, sus amigos y sus silencios, sino por la amoralidad manifiesta que supone juzgar a los otros y canonizarse a sí mismo.
No podrá ser calificado como un delincuente hasta que lo diga una sentencia. Sus gestas, de todas formas, son imborrables. Una lista tentativa: la congelación de las pensiones, la modificación de la Constitución —para anteponer el pago de la deuda al gasto social—, el súbito ajuste derivado de la burbuja inmobiliaria, el Estatuto de Cataluña de 2006, antesala del procés, la obscenidad de la crisis bancaria, los desahucios, el precipicio del rescate europeo —esquivado por los recortes— o su desprecio por el trabajo. Las esmeraldas y el oro son árboles. El bosque es más frondoso: gracias a su astucia, como el Chavo del Ocho, todos los españoles —todos— debemos cotizar más años para (quizás) recibir una pensión, mientras él sobrevolaba el Caribe en Falcon y facturaba gracias a la industria de nuestra desgracia.