Las diez pruebas que acorralan a Begoña Gómez al margen de la polémica de los escoltas
El juez abre juicio oral al apreciar un conjunto de indicios delictivos relacionados con la cátedra de la Complutense
Ilustración generada por la IA.
El auto de apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno dictado el sábado por el juez Juan Carlos Peinado ha provocado un aluvión de críticas debido a una polémica frase sobre la posible colaboración de sus escoltas en su hipotética huida, lo que justificaría la retirada del pasaporte. Pero, al margen de esa polémica y de las sanciones que el Poder Judicial estudie contra el juez, lo cierto es que ese auto sitúa a Begoña Gómez ante su momento procesal más delicado. Tras dos años de investigación, el magistrado considera que existen indicios suficientes para que un jurado popular examine las acusaciones de tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios relacionadas con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense.
Aunque la Fiscalía mantiene su petición de archivo, el instructor entiende que el material reunido durante la investigación justifica la celebración del juicio. Estas son las diez principales evidencias indiciarias sobre las que se sustenta la acusación.
1.- La relación con Juan Carlos Barrabés
La causa considera relevante la estrecha colaboración entre Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como las cartas de apoyo firmadas por Gómez para empresas vinculadas al empresario que posteriormente obtuvieron adjudicaciones públicas.
2.- La creación y financiación de la cátedra
Los investigadores sostienen que Gómez desempeñó un papel central en la captación de empresas patrocinadoras para la cátedra, entre ellas grandes compañías tecnológicas y de servicios.
3.- El protagonismo de Cristina Álvarez
La asesora de Presidencia aparece de forma recurrente en correos electrónicos, reuniones y gestiones relacionadas con la cátedra. La acusación sostiene que dedicó medios y tiempo de trabajo público a actividades privadas vinculadas al proyecto de Gómez.
4.- El uso de correos oficiales de Moncloa
Uno de los elementos más llamativos es la utilización de direcciones institucionales de Presidencia del Gobierno para comunicaciones relacionadas con patrocinadores, convenios y cuestiones operativas de la cátedra.
5.- La plataforma tecnológica TransformaTSC
La investigación sitúa en el centro del procedimiento el desarrollo de una plataforma digital financiada mediante recursos universitarios y aportaciones de empresas colaboradoras.
6.- Los 70.000 euros adicionales de Google
La UCO destaca la existencia de una financiación paralela de Google destinada a colaboradores técnicos del proyecto y que, según la acusación, no quedó reflejada en los cauces presupuestarios ordinarios de la Universidad Complutense.
7.- Las irregularidades en contratos tecnológicos
La causa analiza especialmente la contratación de servicios vinculados al desarrollo del software, entre ellos trabajos realizados por Making Science, cuya tramitación fue cuestionada por órganos de control universitarios.
8.- El registro privado de marcas y dominios
Otro de los pilares de la acusación es que Begoña Gómez registró a su nombre marcas y dominios vinculados al proyecto tecnológico nacido en el seno de la universidad.
9.- La sociedad Transforma TSC SL
El auto recoge que Gómez constituyó una sociedad mercantil que pasó a concentrar el control de la marca, el dominio y otros activos relacionados con la plataforma tecnológica.
10.- Los movimientos económicos posteriores
La investigación incorpora pagos, facturas, ingresos y operaciones económicas vinculadas a la explotación de la plataforma, elementos que las acusaciones consideran compatibles con una utilización privada de un activo desarrollado con recursos universitarios.
El punto decisivo del juicio
La apertura del juicio oral no supone una condena ni implica que los hechos hayan quedado acreditados. Lo que sostiene el juez es que existe una base indiciaria suficiente para someter el caso a examen público ante un tribunal.
La batalla judicial que comienza ahora será determinar si esos indicios constituyen realmente pruebas capaces de acreditar delitos o si, como sostiene la Fiscalía, no existe fundamento penal para condenar a Begoña Gómez. Esa será la cuestión que decidirá el jurado en uno de los procedimientos más sensibles y políticamente explosivos de los últimos años.