Puerto Rico, más allá de Bad Bunny

El arrollador éxito de la música urbana y los recientes conciertos de Bad Bunny en España han vuelto a situar a Puerto Rico en el epicentro de la atención mediática, despertando un renovado interés global por la cultura y la identidad del archipiélago. Sin embargo, para obtener un marco de comprensión amplio y riguroso de la realidad puertorriqueña, es imperativo otorgar al archipiélago una mirada profunda, alejada de los focos del escenario y del entretenimiento.

Es precisamente bajo esa luz pública que, cada vez que en los círculos políticos y académicos de España se reaviva el debate inconcluso sobre los modelos autonómicos o las reformas de gobernanza territorial, suele emerger la tentadora, pero profundamente errónea, figura del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico como una supuesta alternativa de vanguardia. Quienes desde la distancia ensalzan los atributos de este modelo demuestran un preocupante desconocimiento de la realidad jurídica y geopolítica que impera en el Caribe. Resaltar como referente un esquema anacrónico, cuya quiebra institucional y económica es ya un hecho consumado, resulta insólito para quienes aspiramos a la descolonización y la soberanía. Puerto Rico no puede ser hoy un modelo para nadie.

El «sueño americano» en el Caribe caducó. La que fuera tildada a mediados del siglo XX como la «vitrina de la democracia» y el «milagro económico» regional, hoy no es más que el vestigio de un modelo colonial fallido, insostenible y asfixiante. Para comprender el presente y proyectar el futuro del archipiélago, es imperativo despojarse de los eufemismos políticos que durante décadas han enmascarado una relación de estricta subordinación jurídica a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos.

Desde una perspectiva estrictamente geopolítica, la necesidad de abordar el estatus político de Puerto Rico ha dejado de ser un mero debate de identidad nacional para convertirse en una urgencia de viabilidad económica y estabilidad regional. Si analizamos la geografía política del Caribe contemporáneo, emerge un dato sumamente revelador: Puerto Rico y Cuba, históricamente hermanados, constituyen hoy los dos únicos países de la región que permanecen completamente aislados de los verdaderos procesos de integración, cooperación y comercio regional.

Mientras sus vecinos caribeños y latinoamericanos han utilizado la soberanía como una herramienta indispensable de crecimiento, inserción global y concertación de bloques comerciales, Puerto Rico ha sido condenado a un aislamiento económico y comercial anacrónico. La inserción de la economía estadounidense en el mercado insular y el disfrute de ciertas ventajas comerciales supusieron, en otra era, un motor para mitigar la pobreza extrema de principios del siglo pasado. No obstante, ese diseño de la Guerra Fría fomentó una mentalidad aislacionista que hoy resulta contraproducente en un mundo globalizado. Al globalizarse los mercados y extenderse los beneficios comerciales estadounidenses a otras regiones del planeta, Puerto Rico perdió su capacidad competitiva y su exclusividad de atracción de capital, quedando al descubierto las insalvables limitaciones de su andamiaje colonial.

«La proclamación del Estado Libre Asociado en 1952 apenas supuso una modificación cosmética de la relación colonial»

Bajo el prisma del Derecho Internacional Público, las potencias coloniales siempre han recurrido a denominaciones sofisticadas para maquillar la posesión de sus territorios ultramarinos. Los británicos los denominan «territorios de ultramar», los franceses «colectividades» y los estadounidenses «territorios no incorporados». Puerto Rico pertenece legal y oficialmente a esta última categoría.

La proclamación del Estado Libre Asociado en 1952 apenas supuso una modificación cosmética de la relación colonial. El ELA no representa en absoluto lo que sus términos sugieren: ni es un Estado (por carecer de soberanía propia), ni es una provincia integrada a la Unión Americana, ni es libre (por la ausencia de una democracia real), ni está asociado mediante un pacto voluntario de libre albedrío. La prueba más fehaciente de esta naturaleza jurídica reside en su propia traducción oficial al inglés, donde se acuñó intencionadamente el término Commonwealth y no el de Free Associated State.

Esta ausencia de poderes soberanos impide estructuralmente que Puerto Rico desarrolle una economía verdaderamente productiva. Por definición histórica, las economías coloniales operan como apéndices de consumo al servicio de la metrópoli. El país carece de las herramientas aduaneras y comerciales mínimas para proteger y promover sus sectores estratégicos, puesto que la cláusula de comercio interestatal de los Estados Unidos veta cualquier medida de protección arancelaria frente al mercado estadounidense. A ello se suma la imposición histórica de las leyes de cabotaje, que obligan a utilizar la marina mercante estadounidense, una de las más caras e ineficientes del mundo, y la aplicación de políticas de visado restrictivas que estrangulan el pleno desarrollo de industrias neurálgicas como el turismo internacional y la agroindustria.

Ante el desmantelamiento progresivo de las exenciones contributivas corporativas y la insuficiencia de los subsidios, el modelo colonial se vio abocado a sostenerse de manera artificial mediante el endeudamiento irresponsable y la usura del capital financiero, provocando una colosal quiebra fiscal de más de 70.000 millones de dólares. La posterior imposición en 2016 de una Junta de Control Fiscal, un organismo colonial, no electo y antidemocrático establecido bajo la administración Obama, terminó por desbancar el ya debilitado «Gobierno propio colonial» de Puerto Rico, evidenciando de forma cruda ante la comunidad internacional la absoluta carencia de soberanía del pueblo puertorriqueño y el carácter burdo colonial.

«Más de un siglo de persecución y el llamado ‘síndrome del colonizado’ han reducido el respaldo electoral a la independencia»

El debate interno en torno al destino político de Puerto Rico ha permanecido bloqueado por el empeño de las tres corrientes tradicionales (estadidad, independencia y estadolibrismo) en imponerse unas sobre otras a modo de un torneo electoral excluyente. No obstante, el análisis riguroso de la viabilidad de estas opciones revela que las salidas maximalistas tradicionales resultan inviables en el tablero contemporáneo:

1. La estadidad (Anexión): Planteada históricamente por el movimiento anexionista puertorriqueño como una fórmula de asimilación jurídica, carece de sustento en el Derecho de Descolonización, el cual exige la integración real y la asimilación cultural de las poblaciones, algo impensable para una nación caribeña y latinoamericana de habla hispana que ha preservado intacta su identidad. Asimismo, los informes oficiales de agencias gubernamentales estadounidenses, como el U.S. Government Accountability Office (GAO), han certificado el carácter catastrófico que tendría la anexión para el erario de los Estados Unidos y para el tejido empresarial puertorriqueño, lo que explica el silencio y rechazo implícito del Congreso estadounidense a considerar seriamente esta alternativa. Los recurrentes plebiscitos «criollos» (eventos electorales sin el aval estadounidense) convocados de manera unilateral han carecido de validez jurídica internacional y vinculación política en Washington.

2. La independencia: Representa un derecho inalienable de toda nación sometida al colonialismo, siendo la opción que posee la mayor estatura moral. Sin embargo, más de un siglo de persecución sistemática y la inoculación masiva del llamado «síndrome del colonizado» han reducido su respaldo electoral, dificultando la articulación de un plan de transición que logre disipar la incertidumbre en amplios sectores de la población civil.

3. El estadolibrismo (ELA): Pretender revivir el statu quo actual bajo la quimera de un «ELA mejorado» o «pacto bilateral» inalterable dentro de la cláusula territorial es una contradicción jurídica inconstitucional a la luz del derecho estadounidense e internacional. El colonialismo por consentimiento ni es moral, ni es legal.

Para salir del atolladero institucional y evitar una crisis humanitaria irreversible, Puerto Rico y los Estados Unidos deben apostar por la fórmula del consenso político y técnico: la libre asociación. Contemplada diáfanamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su histórica Resolución 1541 (XV) de 1960, la libre asociación define el advenimiento de la soberanía nacional de un territorio que, en pleno ejercicio de su albedrío, suscribe un tratado internacional con otro Estado independiente para delegar ciertas competencias específicas (comúnmente defensa o seguridad) a cambio de una cooperación mutua y asistencia económica reglada.

Esta cuarta vía no representa una utopía improvisada; es un modelo extensamente ensayado por la propia potencia administradora. Los Estados Unidos mantienen desde hace más de tres décadas pactos de libre asociación estables, democráticos y exitosos con tres naciones independientes del Pacífico: la República de Palaos, la República de las Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia.

«Puerto Rico reúne las condiciones para una transición política desde el colonialismo hacia la soberanía en libre asociación»

La inmensa virtud de la libre asociación aplicada al caso puertorriqueño reside en su capacidad para aglutinar y salvaguardar los intereses mínimos innegociables de las tres corrientes tradicionales, permitiendo una transición en la que no existan vencedores ni derrotados en la arena interna:

1. Para los sectores vinculados a la estadidad, el tratado internacional garantiza la permanencia y validez de la ciudadanía estadounidense, el uso compartido del dólar como moneda de curso legal y la responsabilidad conjunta en la alta seguridad y defensa estratégica.

2. Para los sectores identificados con la independencia, el pacto consagra el reconocimiento internacional inmediato de la soberanía nacional, la ciudadanía puertorriqueña, el control absoluto de los recursos marítimos y de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas, y la capacidad inherente de un Estado para regular su comercio exterior, su aduana y su propia política de inmigración y visados.

3. Para el autonomismo, el modelo se presenta como la evolución lógica, digna y jurídicamente plena del proceso iniciado en 1952, situando la relación bilateral fuera del yugo territorial del Congreso y elevándola al plano del derecho internacional.

La validez y la dignidad internacional de este tipo de tratados radican, precisamente, en la inclusión de una cláusula de terminación unilateral por cualquiera de las partes, salvaguardando la soberanía de los Estados asociados y diferenciando este modelo de cualquier subordinación perpetua.

Puerto Rico reúne las condiciones académicas, profesionales y humanas necesarias para emprender una transición política pacífica, elegante y ordenada desde el colonialismo hacia la soberanía en libre asociación. Es imperativo que la responsabilidad histórica de este proceso sea compartida activamente con la sociedad civil, las universidades y los sectores productivos, superando el monopolio y la inercia de la vieja politiquería colonial que vive del inmovilismo del problema.

Si bien es indiscutible que la soberanía no constituye por sí misma una garantía automática de prosperidad universal o justicia material, la experiencia histórica demuestra una verdad inmutable: sin soberanía es radicalmente imposible alcanzar el desarrollo socioeconómico sustentable y la dignidad institucional que las naciones del siglo XXI exigen para sobrevivir fuera de los escenarios.