Aumentan en un 810% las operaciones de cambio de sexo en España desde 2016
Los registros pasan de 71 pacientes intervenidos en 2016 a 646 en 2024, último año con cifras disponibles
Irene Montero celebrando cuando se aprobó la Ley Trans. | EP
Las operaciones relacionadas con cambios de sexo en hospitales del Sistema Nacional de Salud han crecido un 810% desde 2016, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE a través de una solicitud de transparencia. Los registros pasan de 71 pacientes intervenidos en 2016 a 646 en 2024, último año con cifras disponibles.
Los datos provienen del Registro de Actividad de Atención Especializada-Conjunto Mínimo Básico de Datos (RAE-CMBD), que recoge la actividad clínica y administrativa de los hospitales públicos y de la cirugía ambulatoria en España. Desde Sanidad explican que no hay un código específico para contabilizar las operaciones de cambio de sexo, por lo que los datos se han elaborado a partir de distintos procedimientos relacionados con la reasignación sexual, como resecciones de órganos genitales, creación de perineo masculino o femenino y mastectomías en pacientes.
La evolución muestra un crecimiento prácticamente continuo a lo largo de toda la serie histórica. En 2016 hubo 71 pacientes, en 2017 fueron 98, en 2018 fueron 210, en 2019 fueron 346 y, tras un descenso en 2020 coincidiendo con la covid, las cifras volvieron a aumentar hasta llegar a 646 en 2024.
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de intervenciones registradas para cambio de sexo, con unos 690 pacientes aproximadamente. Le siguen Andalucía con unos 509, la Comunidad Valenciana con 431, Canarias con 280, Galicia con 205 y Madrid con 198.
Los datos también reflejan que las intervenciones de mujer a hombre son superiores a las de hombre a mujer en los últimos años analizados. En 2024 se contabilizaron 312 pacientes mujeres frente a 244 hombres, además de 91 casos no especificados.
10.670 personas cambian de sexo en el Registro Civil en dos años
Un total de 10.670 personas han cambiado de sexo en el Registro Civil en 2023 y 2024. Del total, 5.139 cambiaron de sexo en 2023 y otras 5.531 en el ejercicio 2024. Se trata de cifras récord frente a las registradas en 2022 —sin la ley trans en vigor—, cuando 1.306 personas modificaron su sexo en el Registro Civil.
Así, en el año 2023, los cambios de sexo de hombre a mujer fueron 3.149, frente a los 1.990 cambios de mujer a hombre. En cuanto a los datos de 2024, un total de 3.491 personas cambiaron de sexo de hombre a mujer y 2.040 de mujer a hombre. En ambos ejercicios, 6.640 personas cambiaron de sexo en el Registro Civil de hombre a mujer y 4.030 de mujer a hombre.
La mayoría de estas cifras se han registrado con la ley trans impulsada por la exministra de Igualdad Irene Montero, pues la nueva normativa entró en vigor el 2 de marzo de 2023. Esta legislación permite cambiar de género a cualquier español sin ningún requisito más que su deseo expreso.
Para la ministra de Igualdad, Ana Redondo, «esta es una ley que fue muy polémica» y, sin embargo, ha dado «estupendos resultados». En un desayuno informativo organizado por Europa Press el pasado mes de marzo, Redondo reconoció que «se han podido producir abusos», pero ha añadido que «en este momento se han apartado esos abusadores y la Ley cumple la función que es resolver los problemas de la vida de la gente».
Redondo defendió también que «la mejor manera de conocer realmente las situaciones es hablando con las personas que lo sufren». En este caso, contó que la madre de una niña trans le contó «la peripecia vital por la que había transitado su hija, su familia, su entorno y todas las personas que la quieren».
«Me pareció tan conmovedor que, como madre, entendí perfectamente que esa mujer necesitara una respuesta y que hubiera encontrado en la ley trans la respuesta que buscaba. Esa niña ahora mismo ha transitado, está perfectamente incorporada a la vida de su entorno y no planteó ningún problema».
La ministra de Igualdad también añadió que el fraude «no llega al uno por ciento» y ha puesto en valor que se han tomado «medidas para que ese abuso no se produzca». Además, subrayó que los casos fraudulentos en esta ley tienen «un componente político muy importante» que, según ella, busca deslegitimar la propia legislación.