El Gobierno sumará al menos 10.000 millones al gasto público con las nuevas medidas anticrisis

El Gobierno anunciará este sábado un nuevo paquete de medidas anticrisis, cinco días antes de que expire el actual marco el próximo 30 de junio y exactamente una semana después del batacazo de los partidos de la coalición en las elecciones de Andalucía. Un paquete que tendrá un coste mínimo de 10.000 millones de euros para las arcas públicas, según ha podido conocer THE OBJECTIVE, y que incluirá una serie de medidas complementarias que se sumarán a la prórroga de las ayudas que ya están en vigor.

Las fuentes consultadas por este diario indican que a los 6.000 millones que costará prorrogar por tres meses la bonificación de 20 céntimos en los combustibles, las rebajas en los impuestos de la electricidad y el límite de la subida de los alquileres, hay que sumar al menos otros 4.000 millones que se destinarán a nuevas ayudas, entre las que se estudian un bono social de 300 euros, reducción de los abonos de transporte público u otras medidas a empresas.

No obstante, dentro de las opciones que se barajan en estos momentos dentro del Gobierno también estaría extender todas estas medidas anticrisis hasta el mes de diciembre, lo que se traduciría automáticamente a que este coste -estimado en 10.000 millones- se duplique hasta los 20.000 millones de euros.

Negociar con Unidas Podemos

Pese a que el propio Pedro Sánchez indicó hace tres semanas que todas estas ayudas se prorrogarían solo hasta septiembre, se están planteando todas las opciones ante una inflación que sigue descontrolada, el fiasco del tope del gas, el fracaso de las ayudas a los combustibles y el varapalo de las elecciones en Andalucía, donde el Partido Popular casi duplicó los escaños del PSOE y multiplicó por ocho a los representantes de la izquierda.

Este fracaso electoral le ha hecho, además de adelantar el anuncio de estas medidas anticrisis, volver a sentarse con los ministros de Unidas Podemos para negociar nuevas ayudas. Este diario ya informó de que la voluntad de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era no apoyar estas peticiones para no disparar excesivamente el gasto público, pero ahora Sánchez les ha obligado a buscar puntos de encuentro para sacar adelante un paquete de ayudas consensuado con los socios de Gobierno.

El objetivo es sacar adelante un plan integral que lance un mensaje a la ciudadanía -y a los votantes- de que el Gobierno está del lado de los más afectados por la crisis, un mensaje que además quiere que esté unificado con todos los miembros del Consejo de Ministros, incluyendo a Yolanda Díaz, Ione Belarra y Irene Montero.

Coste de medidas anticrisis

En este sentido y atendiendo a las propuestas de Unidas Podemos, se trabaja en la posibilidad de crear un bono de 300 euros para los más afectados por los efectos de la crisis y de la inflación. Estamos hablando de un coste extra de unos 5.000 millones solo si se pone en marcha esta ayuda a las familias más vulnerables, que Díaz cifra en 19 millones.

Del mismo modo, se trabaja en una rebaja de los abonos de transporte público para fomentar su uso en detrimento del coche particular. En Unidas Podemos han pedido que se rebaje a la mitad, aunque en el Ministerio de Hacienda estiman que, de aprobarse, tendría que hacerse en un porcentaje algo inferior.

Las fuentes consultadas por este diario indican además que se podría aprovechar este paquete de medidas para plantear ayudas para las empresas. Este diario ya informó de que el Ejecutivo explora medidas para evitar una avalancha de concursos de acreedores una vez que expire la moratoria concursal este 30 de junio. Unas medidas que se podrían adelantar y comunicar este sábado.

Ayudas a las empresas

Se prepara un plan alternativo que pasa por adoptar el marco de la covid a las ayudas de la guerra de Ucrania, algo que sí permite Bruselas al menos hasta finales de este año. Fórmulas para reducir o seguir conteniendo estos concursos en un horizonte temporal hasta finales de este 2022, lo que permitiría hacer una transición tranquila hacia la nueva normativa de la Ley Concursal.

Sin embargo, el gran debate se está produciendo en torno a la petición de Yolanda Díaz de aprobar un nuevo impuesto a las eléctricas. La vicepresidenta segunda ha pedido elevar en 10 puntos la fiscalidad a estas compañías que facturan más de 10.000 millones de euros y, además, lo exige en forma de Real Decreto para una aplicación inmediata a partir de la segunda parte del año.

No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que comparte la idea de aumentar la carga fiscal a estas empresas, pero ha defendido que el debate se realice de cara a la preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Esta es probablemente la medida que tiene menos posibilidades de ser aprobada este sábado.

Aumento del gasto público

Con todo, la aplicación de estas medidas aumentará la presión en las cuentas públicas. El anterior plan anticrisis para combatir los efectos de la guerra de Ucrania costó 16.000 millones de euros en un contexto en el que Europa, los organismos internacionales y los expertos piden contención en el gasto.

A finales de mayo la Comisión Europea ya advirtió a España de que nuestro endeudamiento excede «los niveles de prudencia» y tiene «una relevancia transfronteriza», lo que significa que puede tener consecuencias en el resto de los países de la zona euro. El informe de Bruselas señaló con preocupación la abultada deuda de los hogares y empresas españolas y también constata que la deuda pública respecto al PIB es «considerablemente elevada» si se compara con los niveles previos a la pandemia. 

Pese a que la Comisión ha mantenido un año más (durante todo 2023) suspendido el Pacto de Estabilidad, lo que permite a España superar el 60% de deuda pública respecto del PIB y del 3% del PIB sus niveles de déficit, se advierte que España no debe superar umbrales peligrosos para no entrar en una crisis de deuda. 

El Gobierno se ha comprometido con que el déficit terminará 2022 con una tasa del 5% del PIB, frente al 6,76% con que cerró el ejercicio 2021, mientras que la deuda ya llega al 117% del PIB. Sin embargo, este tipo de ayudas y de aumento en el gasto podrían presionar al alza este delicado equilibrio en las cuentas.