Los sindicatos piden que Hacienda cruce datos para desvelar los beneficios de las empresas

En el fragor del debate por la marcha de Ferrovial a Países Bajos, la propuesta salarial de los sindicatos CCOO y UGT no viene exenta de polémica. Pendiente aún de sentarse con las patronales, la oferta de las organizaciones sindicales a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, pasa, entre otros puntos, por crear un sistema de información para la negociación colectiva, que se sirva de los datos de la Seguridad Social, y que, con la ayuda de la Agencia Tributaria, cruce información de empresas con convenios colectivos, con lo relativo de esas sociedades en materia de ventas, compras y retribuciones salariales.

El fin -justifican CCOO y UGT- es incrementar los salarios de los trabajadores conforme sean los beneficios de las empresas, y ello, con una suerte de plataforma COFFEE o Minerva sindical, en la que Hacienda tendría que dar el visto bueno, y que no deja claro que esas referencias se ajusten a los verdaderos beneficios de las empresas, toda vez que el número de ventas no se corresponde con los beneficios.

Además -algo que ya ha sido cuestionado por el presidente de la patronal de empresarios, CEOE, Antonio Garamendi-, la propuesta salaria de CCOO y UGT para reformar la negociación del V AENC, también plantea una cláusula de revisión salarial y establecer una contribución mínima por parte de la empresa en el impuesto que éstas pagan por Sociedades del 15 al 20% del total de los beneficios.

Fuentes de la patronal consultados por THE OBJECTIVE, mantienen, sin entrar a valorar la profundidad de la propuesta, que ven bien «ni la indexación ni por supuesto controlar beneficios y, menos dar por válido un sistema kafkiano que se inventan ellos de lo que son beneficios».

Encajar los beneficios en la evolución de compra

Con el afán de conseguir el acuerdo antes de la mítica fecha del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, CCOO y UGT ya tienen su última propuesta salarial reformulada tras el fracaso de la última y, donde mantiene una cláusula de revisión salarial que combine la evolución del poder de compra de los salarios y la situación económica de las empresas, pero eso sí, medida con la evolución de sus beneficios.

Esa cláusula tomaría como referencia la subida del 5% para 2022; de 4,5% para el 23 y, del 3,75% para 2024. Además piden una subida salarial adicionadl a esa subida en función de esa subida inicial pactada y la desviación de la inflaciín de cada uno de los años. Y es ahí, en esa subida salarial adicional donde los principales sindicatos quieren que se vincule la información que vertería el Sistema de Información para la Negociación Colectiva (SIENC), de manera que -apuntan-, «la recuperación de compra de los salarios tenga una relación con la evolución de los sectores con un dato fidedigno».

En concreto -explican los sindicatos-, solicitan que la TGSS genera un listado de empresas cubiertas por cada convenio colectivo de trabajo a partir del código de convenio facilitado por cada empresa a la Seguridad Social. A partir de esos listados, la AEAT (Agencia Tributaria) agregaría la información que ya publica sobre ventas (a partir de las declaraciones de IVA repercutido) -cuestión ésta rebatida por la patronal, pues insisten en que eso no da la idea de los beneficios-, compras (IVA soportado) y, retribuciones salariales (modelo 111 IRPF) desde 2014.

«Un sistema como ese quizá obligaría a modificar el art.95 de la LGT que regula la naturaleza de reservados de los datos fiscales»

Fuente fiscalista

La intención de CCOO y UGT es que la propia configuración de ese indicador debería estar sometida a un proceso de diálogo y negociación. No obstante, fuentes tributarias consultadas por THE OBJECTIVE, sostienen que, un planteamiento operativo de este tipo, «quizá obligaría a modificar el art.95 de la LGT (Ley General de Trabajadores) que regula la naturaleza de reservados de los datos fiscales. Porque más allá de eso, alternativamente, cada empresa individualmente también debería consentir la cesión (como cuando vas a pedir una ayuda y autorizas que miren tu renta)».

CEOE, en contra de subir impuestos

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, afirmó este jueves que estudiarán la propuesta salarial de CCOO y UGT, aunque sí se mostró «sorprendido» del apartado en el que piden al Gobierno que suba impuestos a las empresas al 15% si no llegan a un acuerdo.

Así se pronunciaba en la Jornada Forinvest en Alicante, al ser preguntado por la propuesta salarial de CCOO y UGT en la negociación con la patronal con el objetivo de pedir subidas salariales del 5% en 2022, del 4,5% en 2023 y del 3,75% en 2024.

Garamendi ha adelantado que analizará la propuesta de los sindicatos -muy posiblemente esta semana-, al tiempo que se ha mostrado «sorprendido» por un apartado del documento. «No lo entiendo, dicen que si no llegamos a un acuerdo, están pidiendo que el Gobierno suba impuestos a las empresas al 15%», ha criticado.

Temor a la inflación de segunda ronda

«Lo que hay que hacer -remarcó Garamendi- es que las empresas fluyan. Y las empresas -lamentó- están teniendo un problema enorme de costes, a cuenta de la energía, en muchos casos también de las materias primas», al tiempo que señaló que el gobernador del Banco de España y los economistas ya han alertado de la inflación de segunda ronda, por lo que aboga por «gestionar de una forma razonable».

En el documento de propuesta de CCOO y UGT, los sindicatos reprueban al esfuerzo fiscal que están haciendo las empresas, y que en su opinión, «se sitúan por debajo del de las pymes, a pesar de que son las que más se aprovechan de las infraestructuras económicas y sociales financiadas con impuestos y que en gran medida están pensadas para favorecer la actividad productiva».

Y añaden al respecto, que los impuestos que pagan las empresas que facturan más de 1.000 millones de euros solo representan el 4,8% de su beneficio; los que facturan entre 500 y 1.000 millones, el 7,7% y, el 11% las que tienen una cifra de negocio entre 100 y 500 millones de euros. Estos tipos efectivos -subrayan- se sitúan por debajo del que pagan las pequeñas y medianas empresas (entre el 13% y el 20,5%) y las microempresas».

Y con el espíritu crítico del Gobierno a la hora de reprobar la marcha de Ferrovial a Países Bajos, concluyen que, «las grandes empresas aprovechan todos los agujeros de la regulación fiscal para tributar menos».