La UE estudia reducir las indemnizaciones por vuelos retrasados pese a las quejas continuas

La reforma de los derechos de los pasajeros aéreos que se debate en Bruselas en estos momentos amenaza con reducir las indemnizaciones por retrasos y cancelaciones en un momento en el que el sistema actual ya presenta serias deficiencias. La Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA) alerta de que los cambios en estudio podrían debilitar la protección al consumidor apoyándose en previsiones «poco realistas» sobre el funcionamiento del sector.

La normativa vigente en la Unión Europea, el Reglamento 261/2004, establece compensaciones de entre 250 y 600 euros para los viajeros afectados por incidencias como retrasos superiores a tres horas, cancelaciones o denegaciones de embarque. Sobre el papel, se trata de uno de los marcos más avanzados del mundo en materia de protección del pasajero. Sin embargo, su aplicación dista de ser efectiva, aseguran diferentes asociaciones de afectados.

Diversos informes institucionales han puesto de manifiesto que el principal problema no es la ausencia de derechos, sino la dificultad para ejercerlos. Una parte significativa de los pasajeros desconoce que puede reclamar o, directamente, renuncia a hacerlo por la complejidad del proceso. Según encuestas de la propia Comisión Europea, solo una minoría de ciudadanos afirma conocer con precisión sus derechos, y menos aún inicia una reclamación tras sufrir una incidencia.

El papel de las compañías

Pero incluso cuando el viajero decide reclamar, el resultado no siempre es favorable. Asociaciones del sector y plataformas de reclamación coinciden en que un volumen elevado de solicitudes válidas es rechazado en primera instancia por las aerolíneas, que son las encargadas de evaluar inicialmente cada caso. Este punto es clave en el debate actual: las compañías actúan como juez y parte en el proceso, lo que genera un evidente conflicto de intereses.

En este contexto, la Comisión Europea plantea introducir formularios automáticos y precompletados para simplificar el acceso a las reclamaciones. La medida pretende aumentar el número de solicitudes y reducir la carga administrativa para los usuarios. Según sus estimaciones, la tasa de reclamaciones podría pasar del 58% actual a niveles cercanos al 80% o incluso al 100%, con un impacto económico de hasta 1.840 millones de euros para el sector aéreo.

Sin embargo, APRA cuestiona abiertamente estas previsiones. A su juicio, parten de una visión excesivamente teórica que no tiene en cuenta las barreras reales que siguen enfrentando los pasajeros. «Automatizar formularios puede parecer una mejora, pero no garantiza decisiones más justas», señala Tomasz Pawliszyn, presidente de la asociación. «Hoy en día, más de la mitad de las reclamaciones válidas se rechazan. Simplificar el trámite no resuelve el problema de fondo si las aerolíneas siguen teniendo la última palabra en la fase inicial».

Previsiones no realistas

La organización advierte además de que el debate actual podría derivar en medidas más profundas que afecten directamente al bolsillo de los viajeros. Entre ellas, la posibilidad de elevar el umbral mínimo de retraso necesario para acceder a una compensación o reducir las cuantías económicas establecidas. En la práctica, esto supondría que los pasajeros cobrarían menos por incidencias que ya generan costes personales y económicos significativos.

El riesgo, según APRA, es que las previsiones infladas sobre el aumento de reclamaciones sirvan como argumento para justificar estos recortes. «La revisión debe basarse en expectativas realistas. De lo contrario, los pasajeros corren el riesgo de salir perdiendo bajo falsos pretextos», advierte Pawliszyn. A todo ello se suma la complejidad técnica del sistema actual. En Europa conviven más de 800 formularios de reclamación distintos entre aerolíneas, junto a sistemas de gestión desiguales y dificultades adicionales cuando los billetes se adquieren a través de agencias de viajes o plataformas digitales. Este escenario complica cualquier intento de estandarización a gran escala.

Retrasos aéreos

Además, expertos del sector señalan que los retrasos aéreos no son fenómenos aislados, sino que suelen propagarse en cadena a través de la red de vuelos, lo que multiplica su impacto. En este contexto, la protección del pasajero adquiere un papel clave para equilibrar las consecuencias de unas incidencias que, en muchos casos, escapan al control directo del usuario. El debate llega en un momento decisivo para la política de consumo en la Unión Europea. El Parlamento Europeo y el Consejo deberán definir el alcance final de la reforma en los próximos meses.

En el contexto actual, los pasajeros afectados este verano por cancelaciones vinculadas a la tensión geopolítica en Oriente Próximo —especialmente en torno a Irán y el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte clave del suministro mundial de petróleo— no tendrán derecho a indemnización económica, sino únicamente al reembolso del billete o a un transporte alternativo. Así lo aclaró recientemente el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, al señalar que este tipo de disrupciones, derivadas de una eventual escasez de combustible para aviación, «podrían considerarse circunstancias extraordinarias», lo que exime a las aerolíneas de pagar compensaciones.

No obstante, tras la reunión de ministros de Transporte de la UE, el comisario recordó que los viajeros mantienen su derecho a recibir información clara, asistencia y atención durante la incidencia, así como a elegir entre el reembolso o la reubicación en su destino final. Estas garantías se aplican a todos los vuelos que salen de aeropuertos de la Unión Europea, independientemente de la compañía aérea, y también a aquellos que llegan a territorio comunitario operados por aerolíneas europeas.