El plan del Gobierno para emitir deuda común encalla tras la polémica de los fondos UE
La propuesta del vicepresidente Cuerpo pasa inadvertida en Bruselas mientras algunos países alertan sobre España
El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, con la eurocomisaria de Servicios Financieros en una reunión celebrada en julio en Madrid. | EP
El plan del Gobierno para reducir la factura de la deuda emitiendo bonos comunitarios mejor considerados por los mercados financieros se ha topado con una serie de obstáculos. Esta propuesta, formulada por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, en varias intervenciones públicas, no ha logrado repercusión ni ha protagonizado los últimos debates económicos en Bruselas. De forma más general, se está negociando la posibilidad, defendida por varios países miembros, de endeudarse conjuntamente, pero los socios frugales, completamente contrarios a esta opción, señalan la gestión de los fondos Next Generation por parte de España para fundamentar su oposición.
«Aquí nadie se ha enterado de esta idea de Cuerpo ni se está discutiendo. Va tan lejos que se sustituiría parte de la deuda nacional por deuda europea para reestructurarla y tener mejores condiciones a través de un activo seguro», apuntan fuentes comunitarias. Al cierre de esta edición, el Ministerio de Economía no ha respondido a una consulta de THE OBJECTIVE sobre si esta propuesta se ha trasladado formalmente a las autoridades europeas. En el marco del Consejo Europeo y del Consejo de Asuntos Generales, el Ejecutivo sí ha manifestado en reiteradas ocasiones su posición favorable a contar con un nuevo instrumento que replique de alguna forma los Next Generation con deuda común e instrumentos de inversión en bienes comunes en materia de defensa o digitalización.
Los países nórdicos se han mostrado más recelosos de este tipo de medidas, puesto que creen que pueden llevar a la irresponsabilidad en el gasto. Rechazan la repetición de los fondos de recuperación apuntando precisamente a escándalos como el del uso de autorizaciones de pago de los Next Generation para compensar la falta de liquidez para pagar el creciente gasto en pensiones. Según un observador de Bruselas, «incluso si fuera solo un tema contable, como dice el Gobierno, y no se hayan usado fondos para pagar pensiones, existe una falta de liquidez y [que] el presidente Sánchez ha[ya] sido de alguna manera un bocazas diciendo que ‘no necesit[a] presupuestos porque [tiene] los Next Generation’, no cae bien aquí y a muchos de los Gobiernos no les interesa»; controversias que «ayuda[n]» a estos miembros críticos a articular sus posturas.
A pesar de ello, la Comisión Europea ha evitado por ahora dar un correctivo a Sánchez. El PSOE es la formación con más representantes dentro de los socialdemócratas, que forman parte de la mayoría europarlamentaria que sustenta la presidenta Ursula von der Leyen. Este interlocutor atribuye en parte a esta circunstancia la «horrorosa» carta con la que la Comisión dio carpetazo a la inquietud de algunos eurodiputados sobre esta maniobra contable para sufragar las pensiones, que equivale a expresar que «les da igual lo que cada Gobierno hace con el dinero». En este caso no parece que se haya gastado dinero, sino que se han utilizado autorizaciones de pago para elevar el gasto, y Bruselas se limita a indicar que cada país debe analizar internamente si la ley presupuestaria es legal o no, señalando que no hay indicios de que se hayan gastado los fondos como tal.
Sin embargo, esto puede entrar en conflicto con las normativas y principios de la Unión Europea desde el punto de vista fiscal, ya que si un Gobierno se encuentra con un problema de liquidez de esta magnitud —unos 10.000 millones de euros—, debe comunicarlo a la Comisión y coordinarse con las autoridades fiscales europeas proporcionando en todo momento información fidedigna. Como el Ejecutivo contaba con la autorización de pago para unas inversiones que no van a materializarse, la ha utilizado para desbloquear unas partidas de pensiones que de otro modo no se podrían liquidar. Bruselas se desentiende de este asunto al entender que no le compete, aunque las declaraciones de Raffaele Fitto, vicepresidente de Reformas y Cohesión, en las que sugería que los Estados miembros pueden usar la liquidez de los fondos —asumiendo aparentemente que el Gobierno lo había hecho— han sentado mal en algunos círculos de Bruselas, ya que ningún reglamento comunitario permite que se usen los Next Generation como mecanismo de liquidez temporal. Posteriormente, la misiva dio marcha atrás respecto a estas afirmaciones, aunque manteniendo una posición de laxitud respecto al uso de estos recursos.