El suicidio entre los agentes no cesa: 2022 registra uno de los peores datos de la década

Las Fuerzas de Seguridad cierran este año con la tasa de suicidios disparada. Si bien los datos del 2021 fueron los más preocupantes de la serie histórica, 2022 registra el segundo peor dato desde que se contabilizan este tipo de decesos en los cuerpos. En total, 28 agentes se han quitado la vida: 13 guardias civiles, nueve policías nacionales, y otros seis agentes autonómicos y locales. Esta cifra supone un descenso del 21,4% si se compara con las cifras el año pasado, pero empata con la peor antes de que llegase la pandemia del coronavirus.

Las restricciones derivadas del Covid-19 impactaron en la salud mental de millones de ciudadanos. Y los agentes no fueron una excepción, aún menos cuando ellos fueron una barrera de contención en las calles. En 2021 se registraron 34 suicidios entre los funcionarios de seguridad. Dejando a un lado esta cifra, en parte influenciada por la irrupción del coronavirus y las restricciones, 2022 registra el peor número de los últimos años, solo igualado en 2017. Según los datos consultados por THE OBJECTIVE, desde 2010 a 2020 se contabilizaron 185 suicidios —145 empleando un arma de fuego—, lo que se traduce en que 20 agentes se quitan la vida de media cada año.  

La semana más trágica

Este año, la semana más trágica se registró a mediados de diciembre, apenas hace 15 días. En apenas 24 horas, dos guardias civiles y un policía nacional se quitaban la vida. El primer caso fue el de Paola F., de 42 años. Mató a tiros a sus dos hijas, de 9 y 11 años, en el cuartel de la Benemérita en la localidad de Quintanar del Rey (Cuenca), y después se suicidó. 

Horas después, se conocía el caso de otro agente, de 33 años, guardia civil en la Casa Real, que había acabado con su vida en su domicilio, en una urbanización del municipio madrileño de Villanueva del Pardillo. Ambos, al parecer, tenían problemas con sus respectivas parejas. Al día siguiente, un agente de Policía Nacional en Castellón se suicidaba durante el traslado de una detenida. 

Aunque las cifras presentan un importante incremento de casos en el último año, tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía cuentan ya con protocolos de prevención, aunque que tanto asociaciones profesionales como sindicatos policiales reclaman que deben ampliarse, más aún, tras lo ocurrido en las últimas semanas. Los guardias civiles critican que se trata de un plan «caduco» que no ha funcionado, pues los dos agentes tenían su permiso de armas vigente y atravesaban problemas de índole personal, ignorados por sus superiores. 

Tema tabú

Ante este escenario, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) insiste desde hace tiempo en una actualización de las medidas vigentes para agilizar el proceso de identificación de conductas suicidas en el Cuerpo. Entre ellas, está, sobre todo, la potenciación de los servicios de atención psicológica y, una cuestión fundamental, iniciativas que conciencien a una plantilla policial para la que el suicidio todavía sigue tiendo un tabú. 

Desde la AUGC reclaman la externalización de los gabinetes psicológicos, de manera que los facultativos no pertenezcan a la escala de mando, y al mismo tiempo, que los agentes puedan tratarse con especialistas ajenos al Cuerpo. Un punto, insisten, que facilitaría que los agentes pudiesen tratarse sin miedos. 

La dotación de armeros en todas las unidades del Instituto Armado es otra de las medidas que plantean. En muchos casos, los agentes se llevan las armas reglamentarias a sus viviendas. También piden que existan garantías de que las bajas psicológicas no repercutan en la vida profesional del guardia civil. En otras palabras, que no «manche» su expediente personal. En ocasiones, la idea de ser señalado en el trabajo supone una barrera para los agentes a la hora de recibir asistencia psicológica. 

La falta de comprensión por parte de algunos mandos respecto a las situaciones profesionales de los guardias civiles también pueden desencadenar conductas preocupantes, indican desde la AUGC. «La dificultad para conciliar vida familiar y laboral por los turnos y el continuo movimiento de destinos son asuntos muy duros que los agentes deben afrontar. Nosotros somos los únicos funcionarios policiales que carecen de turnos fijos. La conciliación es realmente complicada», apuntan. 

Gabinete psicológico

En el caso de la Policía Nacional, una de las principales medidas que se incorporó a su plan de prevención fue la puesta en marcha de un teléfono de atención psicológica gratuito, confidencial y disponible durante las 24 horas del día, todo el año, para prestar atención inmediata a los que agentes que lo necesitasen. No obstante, otros sindicatos policiales, conscientes de esta problemática, como Jupol, tienen su gabinete propio en el que atienden varios días a la semana a los agentes vía telefónica. 

El protocolo pone el foco en aquellos agentes que hayan protagonizado una tentativa de suicidio así como en los que se enfrentan a «situaciones concretas de estrés durante su trabajo». Respecto a este último caso, cita tres tipos: los que han intervenido en catástrofes, hayan usado su arma o hayan resultado heridos de gravedad; tanto ellos como sus compañeros. El documento también contempla la posibilidad de retirar temporalmente el arma de fuego «oficial y particular» a aquellos agentes que, tras una valoración psicofísica, puedan correr riesgo de autolesionarse. 

Además, la Policía Nacional realiza un informe de cada suicidio intentado o consumado, lo que denominan una «autopsia psicóloga», para recopilar la máxima información sobre las circunstancias personales por las que estaba pasando el afectado o la afectada en su entorno laboral como extralaboral, y de este modo, poder evitar casos futuros como el estudiado, estableciendo tal vez otro tipo de terapias.