Ayuso amenaza con llevar al Supremo la regularización de inmigrantes de Sánchez
García Martín ha asegurado que el real decreto ley aprobado creará «un efecto llamada y más negocio para las mafias»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. | Mariscal (EFE)
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que trabaja en la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.
El anuncio lo ha comunicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda. Según ha mencionado, el gobierno autonómico está elaborando un recurso, puesto que la regularización de inmigrantes va en contra de la normativa de la Unión Europea; podría afectar a la seguridad nacional, además de que afectaría a la prestación de servicios públicos madrileños.
García Martín ha asegurado que la regularización de inmigrantes «se traducirá en la quiebra de la convivencia, la saturación y desguace de los servicios públicos», además de crear «un efecto llamada y más negocio para las mafias».
El Gobierno de Sánchez aprueba la regularización
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley para la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de inmigrantes, un texto que establece como requisito carecer de antecedentes penales «y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos». Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha defendido la medida como «un acto de coherencia ética y de justicia social» y «uno de los grandes hitos» de la legislatura.
La ministra ha señalado que los interesados podrán iniciar el proceso a partir del 16 de abril de forma telemática y solicitar cita ese mismo día para la tramitación presencial, que comenzará el día 20. Se trata de un procedimiento que permitirá regularizar a miles de personas que ya viven en España y que, según ha subrayado, «conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos y a nuestras calles», y que desde ahora podrán «disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones».