Trump saca a una exdiputada del olvido para dialogar con el chavismo 

Dinorah Figuera, médico cirujana exiliada en Valencia, España, donde sobrevivía cuidando personas mayores, es la nueva carta del gobierno de Donald Trump para ensayar una esquiva transición política en Venezuela. Figuera es una exdiputada y supuesta presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, el mismo parlamento que fue liquidado por el chavismo de la mano de Nicolás Maduro en una suerte de fujimorazo en cámara lenta.

El chavismo la persiguió con saña, como a otros diputados y partidos opositores, y la acusa de «usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir». Esa Asamblea de 2015 (cuyas funciones constitucionales terminaron en 2020, aunque Figuera fue nombrada presidenta por los pocos colegas que quedaban en 2023) era el único gobierno de Venezuela reconocido por Estados Unidos y la Unión Europea desde 2019. Aunque en los hechos las democracias de corte occidental terminarían entendiéndose con Maduro.

En mayo de 2018, Maduro cometió un primer alegado fraude electoral, en unas elecciones anticipadas y fuera del período constitucional, convocadas por una ilegal Asamblea Constituyente, una carta con la que el chavismo había terminado de confiscar las funciones del parlamento opositor.

El chavismo también usó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como su bufete privado, para hacer aprobar leyes y poderes especiales para que Maduro gobernara por decreto. Después vendría la acusación de fraude electoral del 28 de julio de 2024, cuando Maduro fue proclamado otra vez presidente sin mostrar los resultados de esas elecciones, contados por mesas de votación, estados y municipios. 

La oposición mayoritaria, encabezada por María Corina Machado, alega que el verdadero triunfador en la presidencia es su candidato, Edmundo González Urrutia, quien ya ha dado un paso al lado.

Chavismo ante su prontuario

A todos estos esqueletos en el armario se enfrenta ahora el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge. El hombre fuerte del régimen y presidente de la Asamblea Nacional chavista electa en 2025 ha tenido que aceptar sentarse con Figuera, enviada por el Departamento de Estado a Caracas. 

Jorge apareció en incómodas fotos de la primera reunión de lo que se ha ofrecido como un supuesto diálogo entre opositores y el gobierno instaurado por Estados Unidos después de que Trump derrocó a Maduro el 3 de enero en una acción militar. La sorpresiva visita de Figuera a Venezuela —donde permaneció unas 24 horas— es el giro más reciente en este guion de la política venezolana, y apenas es una pincelada de cosas que están ocurriendo tras bastidores.

Según dijo el Departamento de Estado de EEUU en un comunicado oficial, la «positiva reunión» que mantuvieron Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2026 y representante del Gobierno interino venezolano, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional venezolana de 2015, fue «para tratar una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político vinculado a la transición democrática».

«Estados Unidos entiende que esta agenda incluye prioridades fundamentales como reconstruir a las instituciones democráticas de Venezuela, fortalecer al CNE [Consejo Nacional Electoral], restablecer garantías permanentes para la participación política y asegurar las libertades cívicas esenciales para que haya un discurso político abierto», sentencia el Departamento de Estado.

El encuentro entre la Asamblea Nacional de 2015, «la última entidad venezolana elegida de forma democrática y reconocida internacionalmente, y el Gobierno interino» es definido por Washington como el primer paso «en lo que será un proceso meditado para contribuir a una sociedad venezolana libre y abierta».

Con su reconocimiento en 2019, cuando también proclamaron «presidente interino» al joven y desconocido diputado Juan Guaidó, Washington le otorgó a esa Asamblea el control sobre activos de Venezuela en el exterior. En las próximas semanas deben continuar las conversaciones entre el actual gobierno interino y los partidos políticos de Venezuela, para dar inicio formalmente a su trabajo técnico «en beneficio de todas las partes interesadas» y que represente los intereses del pueblo venezolano, según el Departamento de Estado. 

Medios locales señalan que en total seis exdiputados de esa Asamblea Nacional de 2015, exiliados en EEUU, formarán esa comisión para dialogar con el chavismo, incluyendo a la propia Figuera. La hoja de ruta también incluye el restablecimiento de los derechos de los partidos políticos, garantías para la libertad de expresión, la revisión de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y «el retorno de los exiliados con la devolución de sus bienes expropiados», dijo Figuera en entrevista al periodista Román Lozinski.

«María Corina es la líder, pero aquí estamos hablando de institucionalidad y yo soy presidente de la Asamblea Nacional», dijo más tarde Figuera al periodista Luis Olavarrieta. Tan temprano como en diciembre de este año deberían estar listas las propuestas de reformas legislativas al cuestionado sistema electoral que es controlado por el chavismo, dijo. El chavista Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido acusado de servir de mampara para triunfos autoritarios disfrazados de participación política y ejercicio democrático.

Washington escoge hasta a los opositores en Venezuela

Tras los acontecimientos de este año, queda hoy más claro que una esperanza de salida a la oprobiosa crisis venezolana depende de agentes externos, en este caso de Estados Unidos, más que de las acciones internas de una menguada oposición. Washington no solo determina quién manda en Venezuela, también ha confiscado lo que quedaba de control soberano sobre la economía, y ahora decide quién negocia desde la oposición con el chavismo.

Como se ha dicho en otras entregas, por aquí ha quedado claro que el interés de Trump sobre Venezuela se limita al control de los enormes recursos naturales que yacen en el subsuelo del país, desde petróleo hasta gas natural, oro y minerales estratégicos. En esta cruzada ha buscado mantener a la fuerza la estabilidad del país, un encargo otorgado al propio chavismo en el poder.

Además, propicia la recuperación de la economía, con anuncios de inversiones millonarias en petróleo y energía, de las que no ha llegado todavía ni un dólar; y ahora dice promover una transición rumbo a unas elecciones. La nueva jugada de Trump y su secretario de Estado Marco Rubio al propiciar este diálogo ha dejado descolocada a la oposición democrática encabezada por María Corina Machado con su partido Vente por un lado, y a su aliada Plataforma Unitaria, la coalición de otros partidos que también apoyó a Edmundo González en 2024.

Hasta ahora no se ha asomado que haya espacio institucional en este diálogo para la coalición opositora, tampoco para el partido Vente, hoy por hoy el de mayor arrastre popular. Primero Justicia y Voluntad Popular forman parte de la Plataforma Unitaria y todos sus dirigentes dicen de la boca para afuera reconocer el liderazgo de Machado, quien ganó con 92% de los votos las elecciones primarias de finales de 2023 rumbo a las elecciones de 2024, en las que el chavismo le prohibió participar.

«Aún está lejos la oposición democrática de constituir una fuerza operativa que pueda exigir con eficacia disuasiva avances verificables de democratización», señala el experto Ángel Oropeza, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, en un reciente foro sobre prospectivas para el resto de 2026.

El 43% de los venezolanos se define como opositor, según una encuesta de la firma Delphos, presentada en ese foro. De ellos, el 29% apoya a Machado, el 10,6% no apoya a liderazgo alguno y el 3,3% apoya otro liderazgo. El menguado chavismo solo representa al 16,3% de la población; de ese porcentaje, el 7% está restado con el gobierno y el 9,3% son chavistas descontentos. 

Por lo visto, hay otro 41% de los venezolanos que no se identifican abiertamente con ningún bando, aunque el 87% del país quiere que haya un cambio político. Según Oropeza, el escenario de corto y mediano plazo en Venezuela hoy es la normalización autoritaria sin democratización política. Esto incluye una apertura económica controlada, estabilidad sin democracia y simulación de normalidad.

Según apuntan los internacionalistas Elsa Cardoso y Félix Arellano, las prioridades del gobierno interino son ganar tiempo para estabilizarse antes de unas eventuales elecciones; búsqueda de legitimidad; normalidad internacional; concentración en relaciones económicas; evasión ante denuncias de corrupción, represión y violación de derechos humanos y frenos al tutelaje de EEUU. Esa luce como la tarea más difícil para todos.