El sector de la industria se desinfla y hoy tiene 250.000 trabajadores menos que en 2008

La desaceleración en el empleo, en la segunda mitad del año, también ha tenido su reflejo en el sector industrial. Este es un dato que ha quedado plasmado estos días por la estadística de la Encuesta de Población Activa (EPA). En ella se aprecia cómo, a día de hoy, el número de trabajadores en este sector ha caído hasta en 250.000 personas desde el año 2008. En el cuarto trimestre de 2008 había 3,076 millones de personas, frente a los 2,829 millones del cuarto trimestre de 2023.

Son datos que tampoco se ven respaldados por otros porcentajes que arroja la industria española y que afecta a empresas como las electrointensivas —pues pagan tres veces más la energía final que Francia y Alemania—, lo que este lunes se debatió en el Congreso de los Diputados. Solo hay que ver el desplome de horas trabajadas, con una caída del 6,26% con respecto al cuarto trimestre de 2019, de manera que, en el último trimestre, el total de horas por persona a la semana se sitúa en 36,97 horas, casi una hora menos de lo que pretende legislar la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la reducción de la jornada laboral de 40 horas/semanales a 37,5.

A ese panel estadístico se suma, además, que hay un 5% menos de empresas industriales que antes de la pandemia. Es un proceso especialmente intenso en empresas con menos de 10 trabajadores. Asimismo, la cifra de negocios del sector cosecha hasta ocho meses consecutivos en negativo.

Con cifras concretas, solo en el último año se perdieron 960 empresas indusriales, un 0,91%. También en 2023 se perdieron 1.011 empresas manufactureras en España, con caída del 1,03%.

Presión fiscal y costes laborales

Sin una ley de industria legislada en estos últimos años por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez —como así se había comprometido—, este lunes, Jordi Hereu, titular de la cartera de Industria, presentaba en el Congreso de los Diputados las líneas principales de su ministerio.

Este es un negociado al que llega con un aumento de la presión fiscal y de los costes laborales sobre el sector industrial (+4,51% sólo en el último año); también sobre los costes no salariales —un 7,1% más solo en el último año— y con las peores cifras de ejecución presupuestaria, según la IGAE. Esta es la herencia transmitida por sus antecesores en el cargo, Reyes Maroto, hoy concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, y Héctor Gómez Hernández, embajador de España ante la ONU en Nueva York.

Allí, en su comparencia ante las formaciones políticas de la Comisión de Industria y Turismo, Hereu llegó a reconocer un nuevo retraso en los Perte. En este caso, el que atañe al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), que se desplaza nuevamente, esta vez a la segunda mitad del año. Está dotado con unos 1.250 millones de euros (250 millones de euros en subvenciones y 1.000 millones en préstamos) procedentes de la adenda a los fondos europeos.

Asimismo, el titular de Industria y Turismo anunció que el Gobierno ampliará las ayudas a la industria electrointensiva, para las compensaciones por emisiones de CO2, hasta los 300 millones de euros. Esta es una partida que se incluirá en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Una ley de industria que no llega

A lo largo de su intervención, Hereu también avanzó su compromiso de alcanzar en esta legislatura un gran pacto por la industria sustentado en la aprobación de una nueva ley de industria, que cuente con «el más alto consenso posible». Algo que dejó pendiente Reyes Maroto y que nunca consiguió alcanzar.

En este aspecto, el ministro destacó que este gran acuerdo pasará por «un gran pacto económico y social, por la reindustrialización y la transformación del sector industrial español», con el fin de avanzar hacia un modelo «más respetuoso con el medio ambiente y más basado en la innovación, el conocimiento, la digitalización y la capacitación de los trabajadores para hacer una industria más productiva, sostenible y competitiva».

Desde esta tribuna, defendió que España tiene ahora «una oportunidad para reindustrializar», después de décadas donde no solo el país, «sino muchas economías desarrolladas han bajado el peso de la industria por muchos factores». «Nuestro éxito en las próximas décadas —añadió— se juega ahora. Nuestras empresas industriales y turísticas —apuntó— nos piden altura de miras y el Gobierno sumará esfuerzos para conseguirlo».

La incertidumbre de las empresas

El principal partido en la oposición, el Partido Popular, no compartió el optimismo del nuevo titular de Industria. En su intervención, el diputado gallego, Francisco Conde, exconsejero de Economía con Feijóo, fue al detalle de cuestiones concretas, como las empresas electrointensivas. Este lunes, Hereu anunció una ayuda de 300 millones de euros para la compensación a las empresas por la rebaja de emisiones de CO2.

En opinión de Conde -como pudo seguir THE OBJECTIVE-, «la incertidumbre de las empresas electrointensivas y la mala gestión de los fondos europeos confirman que el Gobierno no tiene modelo de política industrial, y por tanto, esa ayuda de 300 millones de euros resulta insuficiente, porque no permitirá a las empresas electrointensivas disponer de un precio competitivo, como sí disponen las de Francia y de Alemania».

En este punto, sostuvo Conde, «los 300 millones de euros anunciados por el ministro de Industria suponen tan solo un 8,8% del total de ingresos de CO2, cuando el límite máximo que permite la UE supondría incluir en el presupuesto una dotación de 850 millones, un máximo del 25% de los ingresos». Así pues —explicó—, la diferencia «entre los 850 millones que permite la Comisión Europea y los 300 millones anunciados por el ministro es lo que provoca que en España las empresas electrointensivas sigan pagando tres veces el precio final de la energía que pagan las empresas francesas y alemanas».

Alcoa, Arcelor, Ferroglobe, Altri…

Hereu, quien también avanzó la aprobación en breve de la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, con la intención de construir un futuro más sostenible, también aseguró que el Gobierno está «encima de todos y cada uno de los temas» y, en el caso preciso de Alcoa —que fue tema de debate—, indicó que se está «trabajando», como demuestra la reunión que hubo el pasado viernes del Gobierno central, Xunta, empresa y trabajadores.

Para el Partido Popular, sin embargo, estas actuaciones no son para nada efectivas. En estos momentos —señaló Conde—, «Alcoa está amenazada por un posible cierre, Arcelor en Asturias no acomete la inversión prevista y Ferroglobe en Cantabria y Galicia ha tenido que desviar su producción a otros países». Y además denunció: «Hay proyectos que siguen esperando como la multinacional portuguesa Altri, que lleva más de dos años intentando instalar en Palas de Rei (Lugo) una fábrica de referencia internacional», no sin destacar que «la Xunta hizo su trabajo, pero el Gobierno ni está ni se le espera».

Por lo tanto, concluyó Conde en este sentido, «la solución para las empresas electrointensivas no pasa por poner parches, sino por poner una solución al precio de la energía».