El PNV plantea fondos de salvamento y reestructuración para rescatar Tubos Reunidos

Tubos Reunidos, que acaba de presentar un concurso de acreedores voluntario, sigue sumida en una crisis financiera y laboral, por ahora sin solución a la vista. A pesar de ello, la dirección de la compañía acerera, los representantes políticos y los de la plantilla continúan inmersos en el proceso para encontrar un posible plan que dé oxígeno a la empresa ante la asfixiante deuda que arrastra, principalmente la del polémico crédito FASEE concedido por parte de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) con el objetivo de capear la pandemia de coronavirus. En este contexto, dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) han sondeado en Bruselas la posibilidad de conceder una nueva ayuda pública que asegure el futuro del negocio y de los empleos, a través de mecanismos como los fondos de salvamento, que proveen de liquidez temporal; y los de reestructuración, que van ligados a un proyecto de viabilidad a largo plazo.

Tal y como publicó THE OBJECTIVE, un primer paso que está explorando la firma es el de declararse en concurso de acreedores sin ir a la liquidación societaria, una posibilidad que facilitan las condiciones del préstamo que concedió la SEPI, rescate que está siendo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la presunta trama de tráfico de influencias en esta sociedad pública. Este escenario podría facilitar soltar lastre de algunas obligaciones financieras, aunque una parte podría convertirse en acciones, cambiando por completo el esquema actual de participaciones. En cualquier caso, el principal acreedor no se ha abierto por ahora ni a convertir su deuda en capital ni a una quita o flexibilización de los plazos o condiciones, si bien las esperanzas de la dirección y de buena parte de la plantilla están depositadas en esta opción.

Otra de las posibilidades que está encima de la mesa, según las fuentes consultadas por este periódico, es la de acogerse al artículo 107 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea, que en su apartado 3C permite que los Estados miembros puedan conceder ayudas de salvamento y reestructuración, siempre que no se dañe la competencia con otras empresas del mercado común, de ser el caso, tomando las medidas necesarias para que ello no ocurra, un requisito que en ocasiones obliga a acciones como la venta de activos. Esto permite una línea de liquidez para dar a la firma en apuros continuidad mientras elabora un plan detallado de viabilidad para posteriormente conceder fondos adicionales para dar forma a esta reestructuración.

Este tipo de rescates, como el que llevó a cabo Portugal con la aerolínea TAP, necesitan luz verde de Bruselas, aunque se sufragan con dinero público del Estado, no con fondos comunitarios. No obstante y de forma complementaria, se prevén ayudas del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para trabajadores que pierden su empleo en sectores como la industria. Fuentes conocedoras de los encuentros señalan que representantes políticos vascos como el alcalde de Amurrio, una delegación del PNV de Álava y eurodiputados de la formación nacionalista viajaron recientemente a Bruselas para dar a conocer el problema de esta compañía industrial y pusieron sobre la mesa posibles soluciones que la UE podría facilitar, como la de recurrir a estas ayudas.

Aunque una parte de la plantilla ha manifestado que cualquier nuevo rescate público debería acarrear la asunción de responsabilidades por parte de la dirección por la mala gestión de la anterior —el SEPI—, algunos representantes laborales verían con buenos ojos esta opción siempre que la empresa la secunde y desarrolle el proyecto necesario para materializarla, ya que por ahora «no hay un plan estratégico industrial en esa línea». Por su parte, la compañía manifiesta que por ahora «no ha habido respuesta de Bruselas» a la petición y evita pronunciarse al respecto hasta que no se concrete este plan, aunque admite que «toda ayuda es bien recibida» siempre y cuando vaya alineada con los pilares de su estrategia de viabilidad, es decir, el laboral, una solución respecto a la financiación bancaria y la deuda de la SEPI, un nuevo inversor y «nuevas ayudas».

Un documento elaborado por el ayuntamiento de la localidad afectada, al que ha tenido acceso este medio, destaca la necesidad de proteger a una «acería estratégica», que es un «motor del valle de Ayala», y propone medidas para superar sus turbulencias derivadas del endeudamiento y de los aranceles impuestos por Estados Unidos. En particular, apunta a los mecanismos de salvamento y reestructuración para conseguir «inyecciones de liquidez inmediata para evitar el cese de actividad y garantizar el pago de proveedores y nóminas», así como la «autorización para un plan de viabilidad condicionado a la modernización industrial». Además, señala que «el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es vital para la formación y reinserción de los 301 afectados, mitigando el impacto del despido colectivo». El texto, que reclama a Bruselas asesoramiento para poder tramitar el procedimiento de forma ágil y preventiva, identifica a la compañía como «preparada para ser protagonista de la descarbonización» a través de iniciativas de «hidrógeno verde» para la «independencia energética europea», «hornos de gas eléctricos» o «chatarra reciclada», y pide que la Comisión trate este proyecto industrial como «activo estratégico necesario para la transición energética» y permita una «reestructuración de deuda».

La UE permite conceder los fondos de salvamento y recuperación cuando se cumplen los requisitos y objetivos previstos y no se interfiere en las normas del mercado común ni se distorsiona la competencia, y aplican a todos los sectores empresariales, aunque las restricciones existentes implican que el carbón y la siderurgia suelen quedar excluidos. La vía que se está explorando ahora necesitaría de la aprobación expresa de Bruselas para poder salvar a una acería clave para la actividad industrial en la región.