Olona denuncia a la alcaldesa socialista de Salobreña por un presunto delito electoral

Vox pasa al ataque. Su candidata en Andalucía, Macarena Olona, ha presentado este lunes una denuncia contra la alcaldesa de Salobreña, la socialista María Eugenia Rufino, por un presunto delito electoral, de prevaricación administrativa y de vulneración de los derechos fundamentales. Lo hace justamente el día en el que la Junta Electoral de Granada ha validado su candidatura y después de que la formación verde anunciara acciones judiciales contra aquellos que habían puesto a su cabeza de cartel en la picota.

El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, sostiene que Rufino ha utilizado «torticeramente las instituciones y potestades públicas municipales, perjudicando gravemente su imagen, honorabilidad y candidatura». Olona censura que han tratado de privarle de un derecho fundamental, su derecho de voto, dado que la baja en el padrón municipal comportaría la imposibilidad de participar en los próximos comicios. Un extremo que ha negado la Junta Electoral, que explica que el procedimiento iniciado por el Consistorio no pone en jaque la proclamación de la candidatura.

La candidatura de Olona

El órgano administrativo ha certificado que Olona podrá liderar su partido en las próximas elecciones andaluzas porque «se ha comprobado que concurren las condiciones legales para ser elegida». El requisito es contar con la condición política de andaluz que marca el artículo 5 del Estatuto de Autonomía y desarrollan varios artículos de la ley Electoral de Andalucía. El Padrón es la única manera de acreditar vecindad administrativa dos meses antes de la convocatoria, momento en el que se cierra el censo.

Olona cumple con dicho requisito. La Junta Electoral ha verificado que su proceso de empadronamiento no cuenta con irregularidades y supone un «acto administrativo en firme». La coalición Andaluces Levantados ha anunciado que recurrirá la decisión. La abogada alicantina se inscribió en noviembre en la vivienda del presidente provincial de Vox en Granada, Manuel Martín Montero. Fueron sus declaraciones las que pusieron el procedimiento bajo lupa.

Martín Montero afirmó que no podía decir que Olona estuviese viviendo en su casa porque «estaría mintiendo». E insistió: «Viene a veces en vacaciones y le cedo la parte de arriba». El Ayuntamiento de Salobreña inició el viernes un procedimiento para dar de baja el empadronamiento. Incorporó un informe de la Policía Local, que visitó en al menos dos ocasiones la vivienda y concluyó que no podía acreditar que la investigada residiera en el domicilio. Un sindicato policial salió incluso a defender la imparcialidad de los agentes. Solo unos días antes, su alcaldesa explicó que la inscripción se había producido conforme a la ley.

«Flagrante infracción»

En el escrito, presentado en la Comandancia de la Guardia Civil de Salobreña, Olona incluye una descripción de cómo cree que se ha vulnerado su privacidad, «a pesar de vivir con escolta permanente por encontrarse amenazada de muerte por su actividad política». Un aspecto que, según Vox, «no ha importando ni al Ayuntamiento ni a su alcaldesa, que han actuado movidos por intereses políticos». La candidata de la formación verde entiende que el proceso iniciado para suprimirla del Padrón supone restringir su derecho fundamental a la libertad de residencia que proclama el artículo 19 de la Constitución.

Vox afirma que la alcaldesa de Salobreña no puede excusarse en el desconocimiento de la normativa aplicable a la regulación del empadronamiento y protección de datos, «que supone una flagrante infracción de las normas de seguridad que pone en riesgo la seguridad personal de la candidata». Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política en Vox, aseguró unas horas antes que su partido iniciaría «todas las acciones judiciales precisas contra los que sean responsables» de querer «censurar» su candidata, sus ideas y su programa.