Andalucía licita un contrato de 1.000 millones para la seguridad de sus edificios públicos
El nuevo modelo incorpora vigilancia flexible y prevé la utilización de drones, escáneres y unidades caninas
Palacio de San Telmo (Sevilla). | Francis J. Cano (EP)
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha uno de los mayores contratos de servicios de su Administración. La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha licitado la renovación del acuerdo marco para la prestación de los servicios de seguridad interior de los edificios públicos andaluces, con una previsión económica cercana a los 1.000 millones de euros, IVA incluido.
El contrato estará dividido en 16 lotes y tendrá una duración inicial de dos años, aunque podrá prorrogarse hasta alcanzar un máximo de cuatro. El nuevo modelo sustituirá al actual sistema de contratación y tiene como principal objetivo adaptar la vigilancia de los inmuebles públicos a las nuevas necesidades operativas y a la evolución de los costes del sector.
La Junta no fija, de momento, un número cerrado de edificios incluidos en el acuerdo, ya que las necesidades de seguridad pueden variar a lo largo del tiempo y dependen de los servicios que se vayan requiriendo durante la vigencia del contrato.
Más costes: inflación e incrementos
La cuantía prevista supone un importante incremento respecto a anteriores acuerdos firmados. La Junta justifica esta estimación en un análisis de la contratación previa y del gasto real ejecutado en materia de seguridad durante los últimos años.
Además, el cálculo incorpora previsiones de inflación, así como los incrementos salariales recogidos en el nuevo convenio estatal de las empresas de seguridad. También contempla posibles efectos derivados de la evolución económica internacional.
Desde la Administración andaluza sostienen que el objetivo es ajustar el contrato a la realidad del mercado y evitar desviaciones presupuestarias que puedan afectar posteriormente a una buena prestación de los servicios.
Según ha sabido THE OBJECTIVE, el Ejecutivo andaluz considera prioritario disponer de un sistema de contratación suficientemente flexible para responder a las necesidades cambiantes de cada organismo, justificación suficiente, explican, para dar la continuidad de los servicios esenciales.
La Junta considera además que la gestión pública no debe limitarse a la adjudicación de contratos, sino que debe garantizar que los recursos públicos se traduzcan en servicios eficaces para los ciudadanos.
Drones, escáneres y unidades caninas
Una de las principales novedades de la licitación es la incorporación de la denominada vigilancia discontinua. Esta modalidad permitirá adaptar determinados servicios a las características específicas de algunos edificios e instalaciones, optimizando los recursos disponibles y aportando una mayor flexibilidad organizativa.
Junto a esta fórmula, el contrato contempla la utilización de medios tecnológicos avanzados para reforzar los sistemas de seguridad. Las empresas adjudicatarias deberán disponer de diferentes recursos materiales para atender las necesidades que puedan surgir durante la ejecución de los servicios.
Entre esos medios figuran sistemas de detección, escáneres y la posibilidad de emplear drones o unidades caninas cuando las circunstancias así lo requieran.
La vigilancia presencial seguirá siendo la base del sistema, aunque cada vez cobra más peso la combinación de personal especializado con tecnología de apoyo, sistemas electrónicos y medios de supervisión remota.
Un modelo centralizado
La Junta ha optado nuevamente por la fórmula del acuerdo marco, un instrumento habitual en las administraciones públicas que permite centralizar la contratación y homogeneizar las condiciones económicas y técnicas.
Este sistema fija previamente las empresas seleccionadas y las condiciones generales de prestación de los servicios. Posteriormente, cada consejería, organismo autónomo o entidad del sector público podrá contratar las prestaciones concretas que necesite dentro de ese marco general.
Por este motivo, el gasto final dependerá de las necesidades reales que se generen durante la vigencia del contrato, por lo que la Administración no establece un listado definitivo de inmuebles ni una cifra cerrada de actuaciones. Fuentes de la Junta sostienen que el nuevo modelo se ha diseñado a partir de una planificación económica basada en datos reales, con una mayor adaptación a la evolución de los costes laborales y una estructura orientada a facilitar la participación empresarial.