Inseguridad e incertidumbre por la «okupación» de 80 pisos de la Sareb en Valladolid

La desesperación es el día a día del más de centenar de familias que apostaron en su momento por adquirir una vivienda en el Barrio de Sotoverde, en el alfoz de Valladolid, concretamente en el municipio de Arroyo de la Encomienda.

Un año después de ver como eran «okupadas» más de 80 de las 190 viviendas de la urbanización ‘Arroyovereda’ e interpuestas más de un centenar de denuncias derivadas de los enfrentamientos de los vecinos con los «okupas», la paciencia de los legítimos propietarios ha llegado a su fin y exigen a las diferentes Administraciones competentes que actúen de una vez y desalojen a los «ilegales» que les están haciendo la vida imposible.

Los vecinos, según hemos podido conocer en THE OBJECTIVE, dicen estar viviendo una pesadilla diaria y señalan que el descontrol absoluto que se vive en el barrio, está generando mucha tensión, a la vez que se derivan situaciones de peligro para todos los vecinos por los peligrosos enganches a la red eléctrica, agua y gas natural.

Igualmente denuncian que cada vez son más los destrozos en el barrio, se producen episodios de inseguridad y cada día hay más suciedad en la zona.

La comunidad de vecinos, ante la «relajación» de funciones por parte de la Administración, cada día se siente más desesperada y «en total desamparo», además de estar generando una deuda cada día más grande con la comunidad de propietarios.

Derivado de la situación, la comunidad de propietarios exige que se busquen soluciones inmediatas entre todas las partes implicadas, el llamado «banco malo» Sareb, la Policía Local, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda con el objetivo de devolver «la convivencia tranquila a los propietarios y vecinos que sí se encuentran en situación regular y al corriente de los correspondientes pagos».

PNL antiokupas en Castilla y León

Castilla y León no es uno de los territorios donde este problema sea en exceso problemático, pero para que eso no llegue a ocurrir, los grupos parlamentarios de PP y Vox en Castilla y León han elevado al Pleno de las Cortes una PNL en la que se establezcan las herramientas jurídicas y políticas para que en un plazo máximo de 48 se termine la pesadilla para los propietarios.

El problema para los 110 vecinos de Arroyo, es que la ley todavía no está operativa, pero una vez que la Ley quede aprobada y entre en vigor, las personas afectadas por los okupas dispondrán de apoyo jurídico gratuito, seguimiento de cada caso y atención personalizada, ayudas económicas para los gastos del inmueble mientras se expulsa a los delincuentes, así como ayudas para la rehabilitación de los destrozos causados por los ‘okupas’.

Problema de la «okupación»

Las okupaciones se han disparado en España un 63% en los últimos cinco años. 17.274 casos frente a los 10.619 contabilizados en 2017, según datos del Ministerio del Interior recogidos por la Fundación Civismo.

Actualmente, pese a que desde el Gobierno se empecinan en señalar lo contrario, los propietarios de viviendas se hallan desprotegidos ante un fenómeno en constante expansión y sobre el que no se han producido cambios legislativos de calado desde que en 2018 se acometiera una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.