El Ayuntamiento de Murcia reconoce que hay más locales con orden de cierre y los clausurará

El Ayuntamiento de Murcia ha reconocido este jueves que hay más locales del municipio sobre los que pesa una orden de cierre y cese de actividad y que están abiertos, por lo que ha anunciado que procederá a una revisión y se actuará, en primer lugar, en la zona de Atalayas y en la de Mariano Rojas, lo que supondrá «un refuerzo de inspección de licencias».

De manera que a partir de hoy «se cursarán visitas para comprobar que los locales han dado curso a la orden del Ayuntamiento de cese de la actividad y si no es así, se clausurará la actividad y se cerrará el local». El objetivo es tener una «radiografía» de los locales del municipio.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, tras dar cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno, dedicada en su mayoría a analizar lo ocurrido este domingo en la zona de ocio de Las Atalayas.

Por el momento, no se ha dado a conocer el número de locales que se encontraría en esta situación, pero ha asegurado que se actuará al respecto y se precintará de forma inmediata en caso de no cumplir la orden de cierre, puntualizando, al hilo, que desconoce por qué razón siguió ejerciendo su actividad Teatre S.L. desde octubre de 2022 pese a tener decretado un acta de cierre por Inspección, para lo que se investigan con unas diligencias internas, pero ha concretado, en cualquier caso, que ese expediente «no avanzó, no se produjo ninguna trazabilidad del mismo desde esa fecha».

Preguntada por la decisión conocida a última hora de la tarde de este miércoles de la orden del alcalde José Ballesta de apartar a los funcionarios que intervinieron en el expediente sobre ‘Teatre Murcia S.L.’ en 2022, ha explicado que «desde que arrancaron los trabajos de la comisión de vigilancia interna, de ese expediente reservado, se ha estimado conveniente proceder, por cautela y razones de prevención, a apartar a los funcionarios que intervinieron directamente en este expediente».

Sobre si se les ha suspendido de empleo y sueldo o se les ha asignado otra tarea, ha indicado que «se ha apartado de esa responsabilidad que ostentaban hasta el momento», tras lo que ha advertido que «no se descarta tomar otro tipo de medidas y puede ésta no ser una cifra definitiva de personas, puede variar la cifra». Sin embargo, se desconoce cuántas personas conformaban el departamento en cuestión, al tratarse de un proceso «reservado» y estar la investigación bajo secreto de sumario.

Medidas inmediatas

Pérez, que ha confesado que están «completamente rotos de dolor» por esta tragedia «sin precedentes», ha dejado claro que el Ayuntamiento «está tomando todas las medidas para que nunca jamás vuelva a ocurrir esto en el municipio».

El mismo lunes, ha subrayado, el alcalde «ordenó concentrar todos los recursos y medios para aplicar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir en el municipio».

Para ello, ha dado cuenta de una serie de medidas. La primera, ha indicado, es la instrucción ordenada por Ballesta a todos los servicios municipales, especialmente a los servicios de licencia, para «revisar, de manera inmediata, la situación administrativa de las licencias de los locales del municipio». El objetivo es «comprobar y garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes de cese de actividad que existen en este momento».

Pérez reconoce que han tenido que priorizar y se ha hecho para ello un cribado basándose en el criterio de localización geográfica del ocio nocturno, es decir aquellas áreas donde hay mayor densidad de locales de este tipo, utilizando, como segundo criterio, el volumen de afluencia, lugares de mayor aforo.

Se iniciará, de manera «inmediata», basándose en estos criterios «una verificación del cumplimiento de las órdenes de cese, procediendo, en el caso de que no se hayan ejecutado, al precinto inmediato del local».

De manera que «se procederá a la inspección de todos estos establecimientos, en primera instancia los establecimientos de ocio de mayor aforo y después vendrán los demás», al entender que por riesgo «eran las primeras actuaciones que debíamos acometer».

En esta misma línea, ha anunciado también que la Junta de Gobierno procederá a la redacción de dos nuevos protocolos en la Administración local, que antes no existían, de «disciplina urbanística y licencia de actividades, basados en los principios de seguridad, control, rigor y agilidad».

A través de estos dos protocolos, ha dicho Rebeca Pérez, «dotamos de mayor seguridad a todos y cada uno de los procedimientos y se implantarán medidas de control de la trazabilidad de los expedientes, ganando en seguridad jurídica en las decisiones que se tomen a lo largo de un procedimiento administrativo, lo que aportará mayor tranquilidad a los funcionarios».

«No nos ponemos de perfil, seguimos avanzando», ha destacado la portavoz del equipo de Gobierno, que ha indicado que esto «supondrá una reducción de los tiempos en la administración, para que responda en tiempo y forma».

La redacción de estos protocolos, ha dicho, «comenzará ya y pronto estarán disponibles para aplicarlos a todos los procedimientos basándonos en esos cuatro principios».

Un tercer paquetes de medidas se manifiesta, dice, en la intención del Gobierno de «depurar la responsabilidad, esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias», activándose una línea de investigación interna. «Se continúa avanzando, es un proceso reservado y va dando sus frutos», ha reiterado.

Preguntada sobre si tenían constancia de los sistemas de evacuación de las discotecas, ha asegurado que no una vez que Teatre S.L. hizo la división del mismo, es decir, Teatre y La Fonda Milagros, para lo que se le requirió de una nueva licencia de apertura, ya que la de 2008 no valía.

La portavoz también ha dicho que desconoce si era práctica habitual que cuando se decretaba una orden de cierre, si había en marcha un procedimiento de legalización, no se llevaba a cabo el cese. «No lo podemos confirmar, pero estamos estudiando expediente a expediente para ver qué ha ocurrido, pero la lectura que hacemos es que cuando hay una orden de cese previa al proceso de regularización, prevalece la orden de cese», ha indicado.

Finalmente, ha atendido a bien si finalmente se lleva adelante en la Asamblea Regional la Comisión de Investigación sobre estos hechos, ya que «somos los primeros interesados en que se esclarezca la verdad y se depuren las responsabilidades hasta las últimas consecuencias».