Defensa no podrá sancionar a los militares retirados que piden derrocar a Sánchez
El departamento de Robles admite que los firmantes están en situación de retiro y no está claro quiénes lo suscriben
Pedro Sánchez y Margarita Robles en una foto de archivo. | EFE
El manifiesto de militares retirados contra Pedro Sánchez, pidiendo a las Fuerzas Armadas que le derroquen y convoquen elecciones generales, se recibió este viernes con un Ministerio de Defensa completamente en funciones, sin que Margarita Robles supiera si va a continuar o no en el cargo. Sin embargo, fuentes de su departamento indicaron a THE OBJECTIVE que no hay vías para sancionarles con el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas en la mano, pese a las peticiones desde Sumar, al estar en situación de retiro y no estar claro quiénes lo firman.
La novedad del último escrito es que sus autores invocaron la parte menos mencionada del artículo 8.1 de la Constitución española, la que otorga a las Fuerzas Armadas la defensa del orden constitucional junto a la recurrente de la integridad territorial. Con ello, justificaron su petición a la cúpula militar de que se destituya al jefe del Ejecutivo y se convoquen nuevos comicios.
«Teniendo en cuenta que el artículo 8.1 de nuestra Constitución señala en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas, además de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional, que consideramos en grave peligro por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura de la unidad de la Nación española, este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este Manifiesto y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual», reclamaron los firmantes.
Cinco sancionados por un escrito sobre Franco
Un militar retirado tiene la misma condición que un civil a ojos de la justicia y no está sometido a la neutralidad política del personal en activo. Robles ha intentado embridar en los últimos años a nostálgicos del régimen franquista y antiguos mandos que se han excedido en chats internos. Por ejemplo, en septiembre de 2018 sancionó a cinco militares por un manifiesto titulado ‘Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde’, en el que se denunciaba la «campaña infame» que se estaba llevando a cabo desde la «izquierda política» para echar por tierra la figura del dictador.
Aquel texto fue suscrito por más de un centenar de militares que ya estaban fuera del servicio activo de las Fuerzas Armadas. La diferencia es que un pequeño grupo de ellos se encontraba aún en la reserva, la fase intermedia entre estar en activo y el posterior retiro o jubilación, donde siguen sometidos a la disciplina militar.
A ocho de ellos se les abrió un proceso de información reservada y se les convocó al Ministerio de Defensa «por indicios de infracción disciplinaria». El instructor del proceso fue el entonces jefe del Gabinete técnico de la ministra, el teniente general Miguel Ángel Villarroya, quien luego ascendió a jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad). Finalmente, cinco de ellos fueron sancionados junto a otros tres militares -estos sí en activo- que firmaron otro manifiesto en el que se denigraba al general tildándole de «genocida».
Más polémica generó la filtración de un chat de militares a finales de 2020 el el que se hablaba de dar un golpe de Estado o «fusilar a 26 millones de hijos de puta». Robles envió un escrito a la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de delito, pero las diligencias se archivaron en marzo de 2021 al no apreciar delito de odio por considerar que los participantes se expresaron «en la confianza de estar entre amigos».
La Fiscalía investigó el grupo de WhatsApp formado por miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire que se expresaron en esos términos. Para el Ministerio Fiscal, no concurrieron elementos «que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, la hostilidad o la violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo», por lo que descartó un posible delito de odio.
Si bien se hizo hincapié en el archivo que los términos utilizados «podrán reputarse inapropiados, excesivos y desafortunados», también se apostilló que «no nacieron con voluntad de publicidad, por lo que la intencionalidad de los mismos no puede ser equiparada a actos materiales del mundo exterior, sino más bien a una forma de expresar un descontento con la situación política actual».
Así, la Fiscalía Provincial de Madrid enmarcó la «dura» crítica de algunos de estos militares retirados dentro del derecho a la libertad de expresión y de opinión, «constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre».
Manifiestos de militares retirados también los ha habido desde la izquierda. En junio de este año, por ejemplo, Robles desautorizó a un grupo de antiguos oficiales que firmaron un escrito pidiendo que se deje de suministrar ayuda militar a Ucrania. La ministra de Defensa les reprochó que fueran «equidistantes» entre el agresor y el agredido, así como «no conocer la realidad».
El texto había sido suscrito por más de una veintena de militares retirados, entre los que se encontraba el exJemad Julio Rodríguez ‘fichado’ por Podemos. En el texto se solicitaba a la Unión Europea que pusiese fin al envío de armas a Ucrania y centrase sus esfuerzos en poner fin a la guerra pues, en su opinión, el país agredido no tenía posibilidades de recuperar el territorio que le arrebatado Rusia desde 2014 pese a la ayuda de Occidente.
