La presidenta del Tribunal de Cuentas no ve «irregularidades» en la compra de mascarillas
Se reafirma ante el Supremo en lo que declaró en el Congreso y el Senado sobre los contratos con Soluciones de Gestión
Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, ha comparecido como testigo ante el Tribunal Supremo para dar explicaciones sobre el informe final del organismo del que desaparecieron las irregularidades -vistas en el borrador previo- en los contratos de compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. La firma vinculada a Víctor de Aldama que colocó 36 millones de euros en material de protección al Ministerio de Transportes durante la gestión de José Luis Ábalos. Su testimonio, solicitado por las defensas de Ábalos y Koldo García, es clave para los acusados a la hora de demostrar que no se produjeron irregularidades en la adquisición de mascarillas.
Chicano ha asegurado que en el informe sobre mascarillas «las conclusiones generales fueron que se ajustaban a la legislación específica. Se acomodaban a los preceptos de la ley de contratos de emergencia como al decreto que se publicó para la contratación específica». Ha negado que ella haya elaborado el informe, pero sí ha admitido que es ella quien lo firma.
Sobre el objeto social de la empresa Soluciones de Gestión, que no incluía la venta de material sanitario, el informe asegura que no era necesario durante la emergencia que se cumpliese con ese precepto. «Sí se recomendó que en sucesivos casos de emergencia se disminuyera este tipo de contratación», ha apuntado. Además, ha ratificado que el precio de las mascarillas no excedió la media en otras administraciones.
«En cuanto a los criterios de solvencia, en una emergencia, es uno de los criterios sobre los que hemos insistido más en nuestras recomendaciones», ha apuntado, añadiendo que en las compras de esa etapa «no se comprobó si estaban al corriente con Hacienda».
«¿El precio de 2,5 se situó debajo de la media en aquel momento?», le ha preguntado la defensa de Koldo García. «Sólo lo puedo confirmar porque usted esta leyendo el informe», ha respondido.
Un informe exculpatorio
El Tribunal de Cuentas, bajo la presidencia de Enriqueta Chicano, aprobó en octubre de 2022 un informe de fiscalización sobre los contratos de emergencia celebrados en 2020 por el sector público empresarial estatal para hacer frente a la pandemia de covid-19. En ese informe se analizaron, entre otras, las adjudicaciones realizadas a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por parte de ADIF y Puertos del Estado, ambas entidades adscritas al Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos.
El resultado de esa fiscalización fue que el tribunal no halló irregularidades merecedoras de denuncia en esas contrataciones: las adjudicaciones se dieron por conformes y los precios pagados por mascarilla se situaron incluso por debajo de los abonados en algunas licitaciones de la misma época. Ese dictamen se convertiría después en el argumento político preferido del PSOE y del propio Ábalos para defender la legalidad de los contratos una vez estallado el caso Koldo.
Sin embargo, lo que el informe final aprobado por el Pleno no recogía era sustancialmente diferente a lo que había figurado en las versiones preliminares del trabajo fiscalizador. Un anteproyecto de informe remitido para alegaciones a la Junta de Extremadura en septiembre de 2021, antes de que Chicano asumiera la presidencia, reflejaba que de los 1.000 millones de euros comprometidos por el Ministerio de Sanidad para adquirir material sanitario durante la pandemia, solo se había podido acreditar la entrega a las comunidades autónomas de material por valor de 256 millones.
Eso significaba que el Ejecutivo dejó sin justificar el paradero de 748 millones de euros. En el documento preliminar se señalaba expresamente que no se había cumplido en toda su extensión la finalidad del fondo creado para ese fin, porque los recursos no habían llegado a las comunidades autónomas a pesar de haber transcurrido más de año y medio desde su constitución. Toda esa parte desapareció del texto definitivo.
La brecha entre el borrador y el documento final no pasó inadvertida en el Parlamento. La Comisión Mixta del Congreso y el Senado encargada de supervisar la actividad del Tribunal de Cuentas aprobó resoluciones a iniciativa del Partido Popular rechazando los informes de fiscalización de los contratos covid y calificando de insuficientes las explicaciones dadas por Chicano en su comparecencia de abril de 2024. Era, según fuentes del propio tribunal, la primera vez en la historia que el Legislativo tumbaba de forma tan contundente la labor fiscalizadora del organismo. Entre otras cosas, el Parlamento instó al Tribunal a elaborar nuevos informes que analizaran la solvencia de los contratistas y detallaran qué material fue recepcionado, cuál fue devuelto y por qué motivos.
El propio informe aprobado, pese a no activar ningún mecanismo de denuncia, sí contenía algunas advertencias que adquirieron una relevancia distinta a la luz de la investigación penal posterior. El tribunal señaló la total falta de experiencia de Soluciones de Gestión, que había sido contratada sin comprobación alguna de su solvencia por parte de Puertos del Estado, primera entidad pública en adjudicarle un contrato, el de mayor importe, por 20 millones de euros. Esa empresa, que no había facturado ni un euro en 2019, acabó acumulando contratos públicos por valor de 53 millones. Lo que el informe no conectó explícitamente fue que detrás de esa empresa se encontraba, según la Fiscalía Anticorrupción, el entramado del Grupo Comercial Cueto, y que Koldo García, asesor de Ábalos, habría tenido capacidad de influencia sobre las entidades que adjudicaron los contratos investigados.