Begoña Gómez cita la boda de la hija de Aznar para defender a su asesora en Moncloa

La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha presentado en el juzgado un informe de un catedrático que analiza la necesidad de que el cónyuge del jefe del Ejecutivo cuente con asesores, como han hecho sus antecesoras con el Palacio de La Moncloa. El informe del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense Julio Víctor González García ha sido remitido al juez Juan Carlos Peinado, que propone juzgar a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

«Los caracteres del puesto de trabajo del cónyuge del presidente del Gobierno se han configurado por un actuar común de los últimos 49 años», señala, respondiendo a patrones similares y en donde los cambios que se han producido han sido menores y han derivado de necesidades propias de cada una de las consortes.

Recuerda que la pareja del presidente no ha sido elegida por la ciudadanía, no tiene ningún cargo público, pero se espera de ella que cumpla cierto papel institucional, «por lo que podría hablarse de un trabajo (no remunerado) que limita su autonomía y su desarrollo personal».

Eso y el hecho de que el Complejo de La Moncloa sea la sede de la Presidencia del Gobierno y la residencia oficial del presidente y su familia «determina que hay personal dedicado al servicio directo de la familia del presidente y que hay gastos que derivan directamente de la familia del presidente».

Para el catedrático, estas circunstancias obligan «a que el personal de apoyo al cónyuge del presidente lo sea no solo de su actividad institucional o familiar, sino también de su actividad profesional». El cónyuge del presidente no administra recursos públicos, ya que carece de capacidad de gasto propio, debiendo utilizar los recursos asignados al presidente y su familia para el desempeño de sus funciones.

El informe detalla el papel del personal de asistencia a los cónyuges desde 1977, desde la presidencia de Adolfo Suárez hasta la actualidad, y concluye que existe una «aceptación social de la existencia de este equipo personal del consorte», por ejemplo ante la enorme correspondencia que reciben por parte de la ciudadanía, cuando no ocupan cargo alguno.

También argumenta la normalidad con que la sociedad asume la presencia de los consortes en actos institucionales y la utilización de su personal en horarios de trabajo para actos privados, como hizo la mujer del presidente José María Aznar en la organización de la boda de su hija o el apoyo en la campaña a la alcaldía de Madrid.

Describe cómo en muchos casos había una amistad previa del asistente con la pareja del presidente, como ocurrió, por ejemplo, con una compañera de trabajo de Elvira Fernández (esposa de Mariano Rajoy), María García Castro, que llegó a la Moncloa para ocupar un puesto de personal eventual por su amistad forjada en la empresa donde ambas trabajaban.

Misma relación afectiva que se repitió en otros casos, como el de la secretaria de Sonsoles Espinosa (mujer de José Luis Rodríguez Zapatero) o Ana Botella, que contó con la colaboración de la secretaria de su marido. En su conclusión final, González García considera que «los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional» permiten afirmar que una práctica continuada, como la que se ha seguido desde el año 1977, se ha de mantener hasta ahora, salvo que se regulara en sentido diferente por un acto del poder público.