UCO

El primero de ellos ha sido el responsable de la unidad de delincuencia económica de la UCO al frente de la investigación desarrollada desde el 2011, quien ha señalado que fue «muy difícil» realizar dicha tarea porque «faltaba mucha documentación» relativa a la concesión de las ayudas de los ERE. Según ha declarado el agente, durante dicha investigación la Guardia Civil constató que no había «solicitudes» de las ayudas ni «ninguna motivación», «no había requisitos» para acceder a las mismas, «no hay norma reguladora por parte de la administración» y no constaba fiscalización de las ayudas. «Este procedimiento no solamente omitía la fiscalización previa sino el control posterior de las ayudas», ha defendido, ya que no se crearon las comisiones de seguimiento previstas en el convenio marco del 2001 entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA/IDEA a partir del cual se utilizó a dicha agencia como «caja pagadora» de las ayudas con fondos que Empleo le hacía llegar mediante transferencias de financiación.