Una de las dos Españas ha de helarte el corazón

«Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón». Pocas frases han marcado tanto la visión que los españoles tenemos de nosotros mismos como estos versos de Antonio Machado. Más de un siglo después de ser escritos, siguen apareciendo en artículos, discursos políticos y tertulias como si describieran una realidad permanente: la de un país condenado a dividirse en dos bloques irreconciliables. Ideologías aparte, la situación española es desoladora… otra vez.

La expresión ha terminado convirtiéndose casi en una explicación automática de cualquier conflicto político. Cuando la tensión aumenta, cuando la polarización se dispara o cuando el debate público se vuelve especialmente áspero, siempre aparece alguien dispuesto a recordar que las dos Españas nunca desaparecieron. Pero ¿es realmente así? Durante buena parte de las últimas décadas, pareció que sí habían desaparecido, o al menos que habían dejado de ocupar el centro de la vida política nacional. La Transición se construyó precisamente sobre la idea de que era posible convivir sin reabrir constantemente las heridas de la Guerra Civil. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, el pasado volvió a convertirse en uno de los principales campos de batalla de la política española.

La pregunta no es cuándo nació la división entre españoles. Esa historia es mucho más antigua. La pregunta es cuándo la Guerra Civil regresó al centro del debate público y por qué la memoria histórica se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos de nuestra vida política. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que la Guerra Civil apenas ocupaba espacio en el debate político español. Seguía siendo objeto de estudio en universidades y archivos, continuaba presente en la memoria familiar de muchos españoles y era analizada por historiadores de distintas sensibilidades. Pero no era, ni de lejos, un argumento central de confrontación política.

Durante décadas, los españoles discutieron sobre terrorismo, desempleo, educación, Europa, impuestos o corrupción. La Guerra Civil permanecía en el pasado. No olvidada, pero sí situada en el lugar que le corresponde a cualquier acontecimiento histórico: el de ser estudiado, comprendido e interpretado. Hoy la situación es muy distinta y las referencias al conflicto de 1936, al franquismo, a la República o a la Transición forman parte habitual del discurso político. Calles, monumentos, símbolos, nombres de edificios, declaraciones institucionales o campañas electorales se han convertido en escenarios de una batalla que gira en torno a la interpretación del pasado. La pregunta es inevitable: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para responderla es necesario volver a la Transición. Quienes protagonizaron aquel proceso político conocían perfectamente el peso de la historia. Muchos habían vivido la Guerra Civil o sus consecuencias directas. Sabían que España arrastraba una fractura profunda entre vencedores y vencidos que había condicionado buena parte de la vida nacional durante décadas.

Precisamente por ello, una de las decisiones más relevantes de la Transición fue intentar que el nuevo sistema democrático no quedara atrapado en las divisiones heredadas de la guerra. El objetivo no consistía en borrar el pasado ni en imponer el olvido, como a menudo se afirma. Consistía en construir un marco de convivencia que permitiera compartir un proyecto común a personas que conservaban memorias muy diferentes de aquellos acontecimientos.

La Constitución de 1978 fue, en buena medida, la expresión política de esa voluntad. Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Felipe González, Manuel Fraga y otros protagonistas de la época podían discrepar en casi todo, pero compartían una convicción fundamental: la democracia solo sería estable si dejaba de dividir a los españoles entre vencedores y vencidos. Aquella estrategia funcionó razonablemente bien durante varias décadas y las nuevas generaciones crecieron sin haber vivido la guerra; la política española comenzó a organizarse en torno a debates propios de cualquier democracia occidental. La Guerra Civil seguía siendo importante para los historiadores, pero cada vez era menos relevante para la discusión política cotidiana. Los españoles vivían en paz por primera vez en décadas y con una enorme ilusión después de años de dictadura.

Sin embargo, a partir de los años noventa empezó a desarrollarse un fenómeno que acabaría transformando este escenario. Asociaciones de familiares comenzaron a reclamar la localización de fosas comunes, la identificación de desaparecidos y el reconocimiento público de víctimas que durante años habían permanecido en el olvido. Se trataba de demandas legítimas desde el punto de vista humano y moral. Ninguna democracia puede mostrarse indiferente ante quienes buscan recuperar la historia de sus familiares y es un acto de dignidad recuperar los cuerpos y enterrarlos. Pero no se hizo pensando en eso, se hizo pensando en generar tensión. ¿Les suena? El cambio decisivo llegó en 2007 con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La norma respondía a una reivindicación social existente, pero también introducía un elemento nuevo: el pasado dejaba de ser únicamente objeto de investigación histórica para convertirse en una cuestión central de la acción política. Es decir, dejó de ser una ciencia para ser una excusa al servicio de una ideología. Desde ese momento, la memoria pasó a ocupar un lugar cada vez más relevante en la vida pública española y la división comenzó a ser protagonista en barras de bar, comidas familiares, política… todo. Todo inundado de guerracivilismo. Lo que hasta entonces había sido principalmente una cuestión académica, familiar o asociativa comenzó a integrarse plenamente en la confrontación política. Cada partido desarrolló su propio relato sobre la Guerra Civil, el franquismo, la Transición y la democracia. El pasado se convirtió en un territorio de disputa. No resulta difícil comprender por qué. La historia posee una enorme capacidad de legitimación. Quien logra imponer una determinada interpretación del pasado obtiene también una poderosa herramienta para justificar sus posiciones en el presente. El problema aparece cuando la historia deja de utilizarse para comprender y comienza a utilizarse principalmente para movilizar, y eso es justamente lo que se hizo.

Como historiadora, me preocupa especialmente esta tendencia. No porque la memoria carezca de importancia; muy al contrario, las sociedades tienen derecho a recordar a sus víctimas, a investigar su pasado y a debatir sobre él con libertad. El problema surge cuando la complejidad histórica se reduce a categorías morales simples, cuando los acontecimientos se interpretan exclusivamente desde las necesidades políticas del presente o cuando se pretende convertir la historia en una fuente permanente de legitimidad partidista. Eso es cualquier cosa menos historia. Los historiadores sabemos que el pasado rara vez encaja en relatos binarios; somos conscientes de que los procesos históricos son complejos, que los protagonistas actuaron en contextos muy distintos a los actuales y que la comprensión exige matices que la política rara vez está dispuesta a aceptar.

Quizá por eso conviene distinguir entre memoria e historia. La memoria es legítimamente selectiva. Nace de la experiencia personal, familiar o colectiva. La historia, en cambio, tiene otra función: analizar críticamente los hechos, contrastar fuentes y tratar de comprender el pasado en toda su complejidad. Ambas pueden convivir, pero no son exactamente lo mismo.

La cuestión no es si debemos estudiar la Guerra Civil, que por supuesto que debemos hacerlo. Tampoco si las víctimas merecen reconocimiento, que lo merecen, todas, por cierto. La verdadera pregunta es otra: ¿queremos comprender nuestro pasado o utilizarlo como arma política? Porque cuando la historia se convierte en munición partidista, deja de ayudarnos a entender quiénes fuimos y empieza a servir, sobre todo, para señalar quiénes consideramos nuestros adversarios en el presente. La mayor lección de la Transición no fue el olvido, como tantas veces se afirma, sino la convicción de que una democracia solo puede construirse mirando al futuro sin renunciar a conocer su pasado. El desafío de nuestra generación consiste en comprobar si todavía somos capaces de mantener ese difícil equilibrio.