El Gobierno abre la vía para que Aena incremente las tasas a aerolíneas y pasajeros

El Gobierno posibilita finalmente que Aena realice revisiones extraordinarias de precios en sus contratos de obra como consecuencia del alza de las materias primas. Los mayores costes de las obras se imputarán en el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, lo que significa que irán a cargo de las aerolíneas y, en su caso, de los pasajeros.

Así lo recoge el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.

Hay que recordar que Aena quedó excluida del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, en lo referente a la revisión excepcional de precios en los contratos de obras tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, ya que la Ley 18/2014, de 15 de octubre, establece que el DORA es el instrumento que debe determinar las condiciones de regulación quinquenal del conjunto de la red de aeropuertos y, entre estas, las inversiones previstas en el periodo.

Ahora, según recoge el texto recién publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las consecuencias para el gestor aeroportuario de la no aplicación de la revisión de precios se concretarían en un incremento de la litigiosidad, la posibilidad de licitaciones desiertas y la paralización de obras por contratistas al incurrir en mayores costes, que implican retrasos en la ejecución de contratos en vigor.

Mayor inversión sobrevenida

Fuentes de la compañía explican a THE OBJECTIVE que el nuevo cálculo de los precios se realizarán al final de las obras ante la imposibilidad de hacerlo con el DORA III cerrado. El Ejecutivo detalla en el Real-Decreto ley que el incremento de los costes anuales no se imputará al DORA 2022-2026 con el fin de que Aena pueda hacer frente al mayor volumen de inversión por la evolución sobrevenida de los precios.

Aena ha llevado hasta el Tribunal Supremo el impacto que ha sufrido en sus cuentas por la covid-19. El pasado 8 de marzo interpuso un recurso contencioso-administrativo para reclamar que se le compense por la caída del tráfico aéreo como consecuencia del coronavirus a través de las tarifas aeroportuarias que cobra a las aerolíneas. Fue la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), dependiente del Ministerio de Transportes, quien le negó esta compensación, que rondaría los 1.360 millones de euros, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Fue en marzo del año pasado cuando la empresa que preside Maurici Lucena solicitó a Aviación Civil la modificación DORA 2017-2021 para que incluyera el impacto del covid-19, al considerar que concurrían los requisitos para modificar al alza las tarifas previstos en la ley de 2014.

Mediante resolución de 16 de diciembre de 2021, la DGAC acordó no iniciar el procedimiento y Aena interpuso recurso de alzada, el cual fue igualmente desestimado por la Secretaría General de Transportes y Movilidad en enero de este año, por lo que el gestor ha decidido recurrir ante el Alto Tribunal.

150 millones para controles biométricos

Aena invertirá 150 millones de euros en la implantación de registro biométrico para los ciudadanos de terceros países que entren o salgan de la Unión Europea a través de los aeropuertos españoles. Además, asumirá los costes de explotación y mantenimiento de estos equipos del Ministerio del Interior, valorado en otros diez millones, que recuperará mediante tarifas por medio del DORA y que asumirán las compañías aéreas.

«Se ha previsto que dicha recuperación se lleve cabo dentro del marco general de recuperación de costes eficientes que establece la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y los sucesivos DORA, pues dicho marco garantiza la aplicación de tales costes a las tarifas aeroportuarias bajo los principios de transparencia, consultas al sector y no discriminación, todo ello bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia», señala el Real-Decreto ley.

Datos controlados por Interior

El Gobierno considera que la necesidad presentar pasaporte por parte de los ciudadanos británicos tras el Brexit podría ralentizar los procesos de control y paso por las fronteras, por lo que se ha previsto la instalación de este equipamiento tecnológico de apoyo. En junio, Interior ya anunció  la incorporación de un refuerzo «estructural» de 500 agentes para las plantillas de los doce principales aeropuertos españoles.

Los datos de los pasajeros obtenidos en el ejercicio de estas funciones de control de fronteras serán de exclusiva titularidad del Ministerio del Interior. Aena no podrá, en ningún caso, almacenarlos, acceder a ellos ni tratarlos. Por otro lado, se ha aprobado la relajación de las medidas anticovid de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) en aeropuertos, que se hicieron obligatorias en 2020 para la gestión de pasajeros y personal de los aeropuertos. Dadas las circunstancias epidemiológicas actuales, pasan a ser recomendaciones.