Díaz exigirá armonizar el impuesto de sucesiones para aprobar los Presupuestos

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado están abiertas, acompasadas al acuerdo entre Pedro Sánchez y los independentistas. Este viernes, la formación que lidera Yolanda Díaz, Sumar, ha planteado entre sus reivindicaciones un impuesto nacional a las herencias. Dicho de otro modo, una armonización del impuesto sobre el patrimonio que fue respaldado por el Tribunal Constitucional dando luz verde al impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, un tributo que no desaparecerá de la política fiscal de este Ejecutivo si antes no hay una reforma del sistema de financiación autonómica. Esto último parece harto difícil en un ambiente de posiciones encontradas, y con la condonación de la deuda de Cataluña por medio y posibles cesiones también en materia fiscal para el ejercicio y competencia de esta comunidad.

El Gobierno, nada más conocer la pretensión de la formación política que dirige Díaz, ha recordado que esa propuesta no ha estado nunca en el acuerdo de Gobierno firmado entre las dos formaciones, y que por tanto, no procede sacar ese punto, si no es en el marco de una revisión integral «en el entorno de la reforma del modelo de financiación autonómica».

Pero los despachos fiscalistas advierten de que, si bien este no es un buen momento por parte del Gobierno para meterse en este lío –máxime cuando acaban de prorrogar los impuestos a las energéticas y la banca-, no debemos olvidar que el modo de proceder del Ejecutivo de Sánchez en cuestiones de este calado es siempre el mismo. Así -insisten-, hicieron con patrimonio o el impuesto a las grandes fortunas. Dejaron que fueran otros partidos los que abrieran en debate, y al albor de unos Presupuestos, al final han acabado entrando las demandas de los socios de investidura, entre ellas, el impuesto a las grandes fortunas, que no es sino una armonización en toda regla del impuesto de patrimonio.

Además, añade el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, el Gobierno va a hacer lo mismo con sucesiones y donaciones, avalándolo con los mismos argumentos que emplearon con patrimonio, y con el respaldo de los tribunales.

Un pulso echado

A fecha de hoy, Hacienda se opone y no lo considera importante, y de hecho, añade que «es bueno que, entre todos, seamos capaces de acordar cómo y de qué manera tiene que tributar la riqueza en el conjunto de las tributaciones que existen actualmente. Y -añade María Jesús Montero– esto es lo que le puedo decir, porque no ha habido nunca ni un debate, ni una propuesta que hayamos discutido a la hora de formular nuestro acuerdo de gobierno».

El economista Ángel de la Fuente, director de Fedea, se pronuncia sobre ello, y mantiene al respecto que «depende de lo que hagan con este impuesto, pero ponerle un mínimo seguramente tiene sentido, aunque tendría que ser un mínimo mucho mas bajo que la escala estatal actual, y también tendrían que aprovechar para simplificar la estructura del impuesto».

Lo cierto es que Sumar ha echado este pulso, al tiempo que defiende la reducción de la jornada laboral. Y el escenario en el que se juega la partida es el de los Presupuestos Generales de 2024, unas cuentas públicas que, de aprobarlas, daría oxígeno a Pedro Sánchez en Moncloa, con lo que todo apunta a que estas negociaciones van a tener un precio muy elevado.

De hecho, esta iniciativa no solo es compartida por Sumar. Las otras fuerzas de izquierdas y el independentismo catalán, representado por ERC, siempre han sido favorables a una armonización de impuestos, imposición de figuras fiscales de carácter nacional, contrarrestando la capacidad fiscal de autonomías como la de Madrid, a la que siempre acusan de dumping fiscal.

Las comunidades autónomas del PP en contra

Este viernes, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, consideró que la propuesta de Sumar para crear un impuesto nacional sobre las herencias «es una invasión de competencias» de las comunidades autónomas, a quienes, ha apuntado, corresponde gestionar este impuesto.

Ante esta demanda, las comunidades gobernadas por el Partido Popular -que en mayor o menor medida han ido asimilando la misma línea fiscal que la Comunidad de Madrid, eliminando presupuestos, rebajando figuras y bonificando aquellas de las que aun les queda capacidad de decidir- han empezado a posicionarse, observando un movimiento que se ve de lejos.

Desde Málaga, la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, señaló que los impuestos de patrimonio y de sucesiones son impuestos «que competen a las comunidades autónomas», recordando que cuando el Gobierno andaluz eliminó el de patrimonio, «que no existe en ningún otro país de la Unión Europea», desde el Ejecutivo central «se contratacó». Y, pese a ello, en Andalucía «hemos sido valientes» en este sentido con este impuesto, ya que «había miles de familias en Andalucía que tenían que renunciar a su herencia porque no podían pagar el impuesto de sucesiones y de donaciones».

El PP balear también ha reaccionado, afirmando que estamos ante otro ataque a la autonomía por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en referencia a la propuesta de Sumar de crear un impuesto sobre las herencias. Para el portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras, esto es un intento de «desmantelar la autonomía de los gobiernos autonómicos donde no gobiernan e invalidar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas el pasado 28 de mayo».

De igual modo, la consellera de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, se mostró ayer contraria manifestando su «oposición frontal» al tributo a las grandes herencias que ha propuesto Sumar para evitar el «dumping fiscal» que el partido que dirige Yolanda Díaz considera que producen las bonificaciones de las autonomías del PP al impuesto sobre el patrimonio.

Un impuesto a la cadena de producción

Pero Sumar no solo viene con esa reivindicación bajo el brazo a la hora de negociar unos Presupuestos Generales en los que Sánchez necesita cada uno de los votos de sus socios de investidura. Este partido también quiere un impuesto «inteligente» en la cadena de producción y distribución alimentaria que sólo actúe si los márgenes de beneficio de la cadena siguen estando por encima de los de 2019.

En concreto, según explica Sumar, el gravamen sería del 1,2% sobre la cifra de negocios neta si la diferencia entre los márgenes empresariales entre 2024 y 2019 supera la diferencia entre el margen de 2023 y 2019, año anterior a la pandemia. El impuesto bajaría al 0,6% si el margen del 2024 supera al de 2019 y se anularía si el margen es igual inferior al periodo prepandemia.

El impuesto comenzaría a devengar en 2024 y habría un pago a cuenta en febrero de 2025, mientras que la liquidación definitiva sería en julio de 2025. Según ha explicado Sumar, el gravamen castiga los comportamientos abusivos de las empresas de manera gradual y se anula cuando el mercado funciona «de manera competitiva».

«Sus efectos beneficiosos ya operarían en 2024, aunque se pague en 2025, pues el nivel del gravamen se determina por el comportamiento empresarial del año en curso», apostilla la formación.