Cultura destina 79 millones a un plan que impulsa la diversidad étnico-racial y lingüística

El Ministerio de Cultura destinó 79 millones de euros —79.300.391 euros, concretamente— al Plan de Derechos Culturales para el periodo 2025-2027, que entre sus ámbitos de actuación incluye promover la diversidad étnico-racial y lingüística al considerar que son realidades que deben ser «reconocidas». Así lo recoge el documento oficial y ha sido verificado por este periódico.

El Plan de Derechos Culturales es una estrategia del Ministerio de Cultura para redefinir la política cultural en el país a través de la lente de los derechos humanos. La idea es que la cultura no debe entenderse únicamente como ocio o consumo, sino como un derecho fundamental y un bien común ligado al bienestar social, la democracia y la justicia. Funciona como una hoja de ruta que organiza acciones públicas para garantizar que todas las personas puedan acceder, participar y crear cultura en condiciones de igualdad. 

El origen es un diagnóstico de la existencia de desigualdades importantes en diversos ámbitos —económicas, territoriales, de edad o de género— que limitan el acceso a la cultura. Para revertir la situación, el plan se estructura en torno a cinco grandes ejes estratégicos, entre los que destacan la garantía de la «democracia cultural», la capacidad de la cultura para responder a retos contemporáneos (como la sostenibilidad) y el fortalecimiento del ecosistema cultural, incluyendo mejores condiciones para profesionales del sector. En total, cuenta con 146 medidas con aplicación a corto, medio y largo plazo: desde programas educativos y ayudas a proyectos culturales hasta iniciativas en el ámbito rural, penitenciario o de igualdad. 

Diversidad étnica, cultural y racial

En relación con la composición étnica, cultural y racial del país, subraya que es «diversa y plural», debiendo ser una realidad de partida «reconocida, respetada e integrada» en el diseño de las políticas públicas. En este sentido, hace referencia a la «exclusión sistemática» de comunidades históricamente discriminadas —como el pueblo gitano, afrodescendientes, migrantes y de las diversas diásporas— que, denuncian, ha producido una infrarrepresentación estructural en los relatos patrimoniales, las estadísticas culturales, las programaciones institucionales y las trayectorias profesionales dentro del sector. 

El plan prevé una serie de medidas mediante el fortalecimiento de sistemas de información, «la transformación de prácticas institucionales, la revisión crítica de narrativas culturales y la promoción de políticas específicas de visibilización, participación y acceso equitativo». En concreto, las acciones contempladas son: el desarrollo de un estudio sobre la diversidad étnico-racial en la participación cultural; la creación de una guía sobre diversidad étnico-racial y cultural; el fomento de la diversidad cultural en subvenciones y adquisiciones; la puesta en marcha de una red de residencias artísticas y la implementación de las narrativas plurales en los espacios culturales.

Plurilingüismo

Respecto a la pluralidad lingüística, el programa indica que la diversidad de lenguas forma parte del patrimonio cultural de España y «debe ser reconocida y promovida como un elemento esencial de los derechos culturales». En relación con ello, denuncia la persistencia de desigualdades estructurales en el reconocimiento, uso y promoción de las lenguas diferentes al castellano —mencionan las «históricas, minorizadas y no oficiales, así como las de las comunidades de inmigrantes o del pueblo gitano»—, que «enfrentan procesos de invisibilización y exclusión en el espacio cultural institucional».

El proyecto propone avanzar hacia una nueva cultura de los derechos lingüísticos que supere el «paradigma monolingüe». Las medidas planteadas son el impulso del Consejo de las Lenguas Oficiales; el cumplimiento de la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias; la promoción de la actividad cultural en lenguas estatutarias y oficiales diferentes del castellano; el reconocimiento del romaní y del caló; el fomento del uso de las lenguas oficiales y estatutarias diferentes del castellano; la difusión y formación sobre el patrimonio lingüístico y la sensibilización sobre la diversidad lingüística.